A ATI lo que es suyo

FRANCISCO J. CHAVANEL

No citaré despojos ni pleitos insulares, ni lo que aquí queda escrito debe interpretarse como apoyo a alguien, a una opción política cualquiera, y tampoco como crítica a otra. Simplemente, resaltaré un hecho. Los que me siguen saben de sobra lo que pienso sobre la actual situación. Tenerife controla la región debido, en gran parte, a su afán acaparador y a la preparación técnica de sus cuadros dirigentes y gracias, sobre todo, al abandonismo que de sus responsabilidades han efectuado la mayoría de los líderes grancanarios durante la última década, aunque ninguno de ellos tan culpables como Soria y Mauricio.

Dicho esto les presento a Nirva Macías, abogada, parlamentaria por el Partido Popular, a la que tengo en estima personal y profesional. Pero Macías, como tantos otros dirigentes conservadores, sufre del síndrome de la España rota, que es el veneno del que se nutren todos los días los seguidores de Aznar, miméticos y clónicos de su guía nacional y subguía isleño, el mentado Soria, flechas en un campamento que les prohíbe ser lo que son, o lo que fueron.

Como parece que están todos en el meritoriaje, Macías, el pasado lunes, se levantó en el Parlamento canario a jeringar al consejero de la Presidencia, José Miguel Ruano, porque éste anunció para ya mismo el inicio de las obras del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, sitas en el colegio Castilla. Macías le reprochó a Ruano que la obra empezara ahora y terminara en 2010 cuando, en virtud de un acuerdo anterior, el que firmó Julio Bonis con los operadores jurídicos tres meses antes de las elecciones de 2003, la obra concluiría en 2007.

Imagino que la señora Macías, de la que no tengo noticias desde hace algún tiempo, más o menos desde que Soria me declaró amigo non gratto al salirme de su pesebre en Canarias7, ha realizado un largo viaje por algún lugar lejano y extranjero, o tal vez estuvo tan ocupada en sus asuntos profesionales que le impidieron percatarse de que la consejera de Justicia desde 2003 hasta mediados de 2005 resultó ser su compañera de partido, Australia Navarro.

Y Navarro, que inició su mandato con determinismo y salero, apoyándose en el prestigio de un excelente magistrado como Emilio Moya, resbaló en el Casino de Meloneras porque los acuerdos de partido resultaron más fuertes que su voluntad, por lo que tuvo que colaborar para sobrevivir; y volvió a resbalar en el asunto del Palacio de Justicia pues cuando echó una mirada a los presupuestos, se percató de que Bonis no había consignado un solo euro: disparó con pólvora mojada. Cuando entonces le pidió lo comprometido al consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, éste le respondió que las cuentas estaban cerradas, y que la única forma de cumplir con su palabra ante los jueces/abogados/procuradores/fiscales/personal era acudir a una prefinanción de la obra a cargo de la empresa privada, con la RIC de anzuelo.

Y Navarro, siempre dócil, aceptó el trato, lo defendió públicamente y se dejó engatusar por una idea que nunca ha funcionado, porque ni a): la RIC está para eso; ni b): los empresarios locales se meten en financiaciones con el Estado ni con la comunidad autónoma porque no saben cuándo cobrarán. Por lo que pasó el tiempo, la obra no se inició, y una sensación de impotencia y engaño se extendió entre los operadores jurídicos.

Tuvo que salir despedido el PP del Gobierno, llegar el gobierno monocolor, aposentarse José Miguel Ruano en Presidencia, para que éste cogiera el toro por los cuernos, se reuniese de nuevo con los operadores, posteriormente con Mauricio, y a continuación le sacara al consejero una consignación presupuestaria de más de 60 millones de euros en cuatro años que al fin garantizaba la construcción del necesarísimo Palacio de Justicia. De modo que es ahora cuando aquel acuerdo de Bonis puede ejecutarse, y el mérito es del actual Gobierno, y dentro del Gobierno de Ruano, o de Adán, o de ATI. Lo que hicieron los líderes grancanarios fue pastelear como casi siempre. ¿De qué se extrañan si el tranvía de Tenerife lo pusieron en marcha Mauricio y Soria en la misma época, el primero dándole 50 millones de euros, y el segundo defendiendo la proposición en el Senado por la que ahora el Ejecutivo Zapatero le ha entregado 100 millones de euros en diez años?.