Los manejos del Maquiavelo teldense
Hay que ver, hay que ver, cómo son las cosas de la Justicia cuando anda la política metida por medio. Este viernes recibió Ildefonso Jiménez, ex concejal de Urbanismo de Telde, la citación judicial más anunciada de la historia a este lado del río Pecos. Se refiere, la tal citación, a la querella que le interpuso Guillermo Reyes por la enajenación de suelo público en La Mareta durante el mandato de Paco Santiago, hoy de Nueva Canarias. A pesar de que la papeleta le llegó por correo certificado, ya había personas del actual grupo de gobierno que no sólo conocían su existencia, sino la fecha exacta en la que va a tener que declarar el nacionalista. Se le escapó en una tertulia en Radio Cibelio el jueves a José Suárez, portavoz municipal del PP, y el mismísimo Guillermo Reyes lo andaba pregonando por las esquinas. Por lo tanto, debemos referirnos a partir de ahora a la existencia de un topo del gobierno local en los juzgados o en las oficinas teldenses de Correos. Dicho sea sin ánimo de señalar a nadie.
La querella de Guillermo Reyes da para mucha lasca, como irán comprobando a partir de estos momentos. Ya es llamativo que se conozca con antelación para qué fecha declarará el principal denunciado, como es llamativo que la jueza titular del Juzgado número 5 de los de Telde la recibiera y, en tan sólo ocho días, la admitiera a trámite. Pero más aún es que diera ese decisivo paso un día antes de abandonar el juzgado para trasladarse a otro destino por ella solicitado. Dicen los expertos que, en una situación similar, se acostumbra a despachar los asuntos pendientes y dejar para el sustituto los expedientes a iniciar y/o a archivar. Por cierto, citan a Ildefonso Jiménez en calidad de imputado sin que éste haya recibido aún la querella ni haya tenido acceso como concejal a los presuntos documentos municipales en los que se basó Guillermo Reyes para querellarse. A pesar de haberlos pedido, claro.
Leyéndonos detenidamente el acta de la Junta de Gobierno Local del 8 de marzo pasado, descubrimos a un secretario accidental verdaderamente asombrado de lo que estaba viendo. Presidía la reunión Guillermo Reyes, actuando de alcalde accidental, después de haberla convocado con tan sólo veinte minutos de antelación. Lo advierte el secretario: "sin tener tiempo de analizar y/o valorar el contenido de la documentación", que no es otra que la de La Mareta. Los documentos que aporta Reyes no forman expediente oficial, requisito indispensable para acciones de tipo judicial o administrativo, ni aparecían acompañados del preceptivo dictamen, que milagrosamente aflora tras un breve receso firmado por el letrado José Mateo Faura.
Las ansias de Guillermo Reyes por llevar a los de Paco Santiago a los tribunales deja al secretario de la Corporación en situación muy comprometida. Tanto, que al final del acta de la Junta de Gobierno del 8 de marzo, el letrado consistorial hace constar que los documentos aportados por el concejal "no son constitutivos de expediente administrativo en los estrictos términos a que se refiere la normativa vigente". Son documentos que Reyes aseguró se había encontrado en la Concejalía de Urbanismo con anotaciones a mano del anterior asesor de los nacionalistas, Juan Manuel Cabrera Santana, tratando de beneficiar supuestamente a la empresa Urbagest. En ningún momento de la reunión ni del dictamen aportado se señala como responsable a Ildefonso Jiménez, que sin embargo, sí aparece en la querella al considerársele responsable de lo que haya hecho su asesor.
En Nueva Canarias están muy procupados con el cariz que están tomando los acontecimientos porque están convencidos de que el grupo de gobierno en Telde (Ciuca y el PP) se han metido en la dinámica perversa de inundar los juzgados de denuncias con el único fin de deteriorar la imagen de los anteriores gobernantes y extender entre la ciudadanía que la corrupción no es patrimonio exclusivo de nadie. Para llevar a cabo ese propósito, el PP y Ciuca no se detienen en barras, y hasta son capaces de inventarse documentos, cuando no falseados, para poder hacer exactamente lo que quieren, guste o no al secretario de la Corporación. La querella de La Mareta es un ejemplo de lo más descarado. Nos explicamos.
El acta de la Junta de Gobierno es taxativo: se toma "conocimiento de la documentación aportada en este acto por el concejal delegado de Ordenación Territorial (...) y del dictamen acompañado, facultando al citado edil para, en base al dictamen, que se transcribe, formular denuncia ante la Fiscalía". Es decir, que el acuerdo oficial no autoriza a Reyes a denunciar ante el Juzgado de Guardia, cosa que hace inmediatamente y, además, falseando totalmente la realidad. Porque en los hechos que relata en la querella asegura que "el señor secretario de la Junta de Gobierno incoó el correspondiente expediente, autorizándose al que suscribe a poner los hechos en conocimiento de la Administración de Justicia". Y para que no quedara duda de sus intenciones, la querella lleva tres destinatarios con sus nombres, sus apellidos y sus domicilios: Ildefonso Jiménez, Juan Manuel Cabrera y Julián Gómez del Castillo.
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