El Diputado del Común pide recuperar el principio de autoridad en la Educación

El Diputado del Común, Manuel Alcaide, expresó su preocupación por el descontrolado incremento de la violencia escolar y pidió un esfuerzo de todas las administraciones para que la sociedad reaccione y se intensifique la educación de los valores y se recupere el principio de autoridad.
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Alcaide, en la presentación del informe anual ante el pleno del Parlamento de Canarias, indicó que la violencia escolar se está incrementando no sólo en los centros sino también en la cercanía de ellos, y afirmó que unos 200 docentes están de baja médica debido a la presión que soportan en las aulas. El Diputado del Común también pidió un pacto que revitalice la Ley Integral del Menor y opinó que en él deben participar no sólo los agentes políticos sino también los profesionales involucrados.

Recordó que los menores son objeto de una atención especial por parte del Diputado del Común, cuya función no ha estado sólo encaminada a resolver las quejas presentadas en esta área sino también a realizar un estudio de oficio sobre determinas situaciones. Indicó que ha pedido a las administraciones que incentiven para que sea la familia la que asuma la responsabilidad de los menores y que en los diversos entornos en los que se mueva se favorezca su desarrollo.

Se refirió tanto a los menores extranjeros no acompañados, como a los que están en riesgo y a los infractores, y subrayó que hay una falta de criterios de intervención y de colaboración entre administraciones así como una carencia de medios y de planificación.

Respecto a los centros de menores infractores, estimó que la situación se ha normalizado aunque apuntó que todavía faltan recursos por poner en marcha como los terapéuticos, nuevos centros y la escolarización obligada de los menores ingresados en ellos. Alcaide también reclamó tareas de intervención en medios abierto y medidas de prevención en el entorno familiar.

En materia de mayores, Alcaide se mostró partidario de diseñar una estrategia global para evitar los malos tratos y que incluya medidas de concienciación y sensibilización, así como de formación para los cuidadores familiares y medidas de protección.

En este apartado se refirió en concreto al estado de unas personas mayores que viven en el caserío de Benchijigua, en la capital gomera, y en el que ha habido además de problemas de acceso por la falta de asfaltado, interrupción del abasto de luz y agua.

Independencia

Durante su intervención, el Diputado del Común defendió su independencia y aseguró que aunque su relación con las consejerías es directa y personal "eso no quiere decir que oír perturbe mi independencia", al tiempo que aseguró que si ésta se viera alterada renunciaría al cargo.

Dolores Padrón, del grupo Socialista, señaló que su grupo nunca ha dudado de la independencia de este organismo porque gracias a su informe se refleja la realidad que el Gobierno enmascara con sus políticas de maquillaje. Padrón dijo que todavía se plantea que hay maltrato institucional de los menores por parte de la Comunidad Autónoma, consideró que la situación sanitaria es grave y afirmó que hay 720 familias a las que se les ha negado la ayudas sociales.

Carmen Nirva Macías, del grupo Popular, destacó que el incremento de quejas pone en evidencia que los ciudadanos conocen más la institución pero también pone de manifiesto que hay un aumento del descontento de la población.

Los informes del Diputado del Común son de extrema importancia, dijo Macías, quién señaló que reflejan una situación real y en concreto sobre la situación del menor señaló que ha abierto un debate y coincidió en que es necesario un plan estratégico de familia.

Flora Marrero, de Coalición Canaria, propuso que el informe recoja apartados concretos sobre la mujer y la inmigración y le sugirió que le traslade al Defensor del Pueblo que en el Archipiélago llega al año más de 19.000 personas por puertos y aeropuertos y que las islas tienen unos servicios limitadas. Marrero compartió la necesidad de atender a los mayores, mostró su preocupación por la violencia de los menores contra los mayores y opinó que es positivo la normalización de los centros de menores infractores.

Nada menos que unos 200 docentes están de baja médica debido a la presión que soportan en las aulas, aunque la violencia no sólo ha aumentado en los centros sino en las cercanías de estos. Respecto a los centros de menores infractores, Alcaide dice que faltan recursos como los terapéuticos, nuevos centros y la escolarización.