Dos capitales al borde de la Ley

Casi dos años después de iniciados los contactos, las dos capitales canarias embocan el final de un viejo debate, el de los costes añadidos que supone prestar servicios al conjunto de los ciudadanos de las islas. El Estatuto de la Capitalidad compartida está ya camino del Parlamento, al borde de convertirse en Ley.
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La prueba de fuego está aún por llegar. Las últimas dudas de Adán Martín, presidente del Gobierno regional, al mantener durante los dos últimos meses aparcado en el cajón el documento consensuado entre los dos alcaldes capitalinos, abre algunas incertidumbres sobre la agilidad final del proyecto en el periplo parlamentario. La propia alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, lo advirtió el martes pasado: "Estando las cosas como están, después del verano no se va a tramitar prácticamente nada" en la Cámara regional, un argumento con el que pretende conseguir que la ruta parlamentaria se recorra ante de que finalice en junio el periodo de sesiones. Sólo ese acelerón permitiría que el nuevo Estatuto se estrene en los Presupuestos de 2007; si no ocurriera así, las elecciones de mayo pondrán el contador a cero. Las experiencias anteriores en los debates de la financiación municipal permiten prever sin riesgo a equivocarse que pese a los acuerdos en las formas, la letra chica de esta nueva vía de ayudas se escribirá con parsimonia y se leerá con lupa antes de aplicarse. También puede ocurrir que el texto se apruebe en esta legislatura, pero no pueda aplicarse al presupuesto de 2007, lo que dejaría a todos contentos, pero sin fondos adicionales para un año clave.

La ventaja inicial del acuerdo es que nace con las bendiciones y las reservas de los tres grandes partidos de la Cámara; Coalición Canaria y Partido Popular que gobiernan en las dos ciudades más importantes del Archipiélago, y el PSOE, que recibió con desigual simpatía la propuesta. Todos coinciden además en mirarse de reojo.

La vereda

En Santa Cruz de Tenerife, los socialistas han tratado de ganarle la partida a Zerolo, y han aportado argumentos al debate para mejorar la posición de la ciudad. En Las Palmas de Gran Canaria su portavoz, Arcadio Díaz Tejera, ve así el proyecto: "Es una vereda estrechita profundamente insuficiente, hecha sin fundamento, de manera frívola e improvisada, pero vamos a caminar por la veredita para que sea una autopista". La distancia del PSOE con el PP en Gran Canaria no es la misma que mantiene con CC en Tenerife, y eso se nota. En todo caso, creen que el envío del proyecto al Parlamento es un buen paso, que abre margen de negociación.

De hecho, la única voz discordante en este asunto se mantiene en la capital grancanaria, y la lidera Nardy Barrios, la concejal de Compromiso por Gran Canaria, que ha preferido recorrer una vía alternativa y promover una iniciativa legislativa popular, con un proyecto que llevará al Parlamento después de recoger firmas entre la ciudadanía canariona. El anuncio de que había reunido más de 22.000 apoyos en apenas diez días pareció actuar de espuela tanto en Luzardo como en Adán Martín la semana pasada, de forma que en la práctica los dos proyectos de ley han emprendido una carrera a ver cuál de los dos llega antes a la Cámara. Aunque técnicamente, el texto pactado por los dos alcaldes cuenta con una ventaja sustancial, porque dispone de amplio apoyo parlamentario, tanto PP como CC preferirían ahorrarse las explicaciones en Gran Canaria, y evitar que su propuesta pase por el registro después que el impulsado por una masiva recogida de firmas. No en vano, el eje de la campaña de Barrios, aliada de Nueva Canarias, consiste en señalar a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria como "entregada a los intereses de ATI". Un argumento que avisa del escenario electoral que se avecina.