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La Voz de Gran Canaria

La dignidad perdida

La dignidad perdida

DIEGO TALAVERA

Si el alcalde de Telde, Francisco Valido, tuviera lo que hay que tener exigiría con contundencia a María Antonia Torres que renunciara a su acta de concejal y al interventor lo apartaría de sus funciones hasta que se aclare la trama de corrupción. Y lo tendría que hacer en nombre de todos los ciudadanos de Telde y en nombre de la decencia. La edil está en estos momentos ingresada en la prisión de Salto del Negro acusada de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Judicialmente tiene que prevalecer la presunción de inocencia hasta que un tribunal diga lo contrario, pero políticamente no es ético que a una concejal que está siendo investigada en una trama de corrupción donde existen otros 14 imputados -entre asesores, empresarios y funcionarios- se le pueda permitir la entrada al Ayuntamiento, a su antiguo despacho y a las oficinas municipales. La mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino también aparentarlo. Porque lo que resulta más escandaloso que la trama en sí misma es que tanto el alcalde como el concejal José Suárez tengan la desfachatez de afirmar que la imputada Toñi Torres tiene el derecho como cargo público de asistir a los plenos "porque los ciudadanos le dieron su confianza para que los representara". Obviamente le dieron su confianza en las elecciones, pero la perdió el mismo instante en que fue detenida. La eligieron para gestionar, pero no para lucrarse de forma personal con comisiones pactadas con empresas constructoras. Verla ahora aparecer en un pleno, escoltada por dos guardias civiles, sería el mayor portazo que se le puede dar a la institución municipal.

Otro imputado en la Operación Faycán, el interventor Enrique Orts, esposo de la concejal ingresada en prisión, en libertad gracias a una fianza de 60.000 euros y con los mismos cargos de malversación, cohecho y tráfico de influencias, volvió a sentarse el pasado viernes junto al alcalde en el pleno ordinario que celebró la corporación. ¿Cómo es posible que un interventor, que cumple el papel de notario en el Ayuntamiento, se mantenga en sus funciones cuando se encuentra investigado en una trama de corrupción de estas características? ¿Qué pueden pensar los casi cien mil ciudadanos de Telde al enterarse un día de la detención del funcionario por presuntas corruptelas y verlo semanas después dando fe en un pleno municipal? Me parece a mí que en la ciudad sureña se ha perdido el sentido común, además de la dignidad y la decencia. Restablecer la confianza en las instituciones requiere medidas drásticas e imaginativas. Porque ningún vecino tiene que sentir la vergüenza que ahora siente de vivir en su municipio.

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