Segura dice que la aprobación de la segunda cárcel en la isla de Gran Canaria es inminente

El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, aseguró que el nuevo Plan Nacional de Infraestructuras Penitenciarias, que será aprobado en uno de los primeros consejos de ministros tras las vacaciones de verano, ya contempla la construcción de una segunda cárcel en Gran Canaria y su ubicación concreta, aunque evitó especificar el lugar hasta que su aprobación no sea un hecho.
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El máximo responsable de la Administración del Estado en las Islas mostró su rechazo a la situación de hacinamiento que están viviendo las personas presas en Salto del Negro, que calificó de "lamentable", y reiteró la voluntad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de poner fin a un "problema gravísimo que dura ya más de una década", expresó.

En coincidencia con las declaraciones de la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Carolina Darias, de hace unos días, Segura Clavell desveló que la aprobación de la nueva cárcel está a punto, pero fue un paso más allá al asegurar que su ubicación ya está decidida y sólo se espera por el visto bueno del Consejo de Ministros para hacerlo público.

Con respecto a los problemas relacionados con la seguridad de los últimos días y la presentación de 300 denuncias en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, Segura admitió su desconocimiento de los hechos, pero mostró su comprensión hacia quienes puedan llegar a denunciar en el Juzgado un hacinamiento del que el propio delegado del Gobierno dice que es "gravísimo".

Las estrecheces de la prisión provincial de Salto del Negro han sido denunciadas por los funcionarios de Prisiones desde hace unos diez años, sin que hasta ahora ninguna Administración haya encontrado una solución, que, según los trabajadores, pasa por la construcción de una segunda cárcel.

Esta masificación ha provocado, incluso, que presos canarios estén siendo trasladados a prisiones de la Península, como la de Topas, en Salamanca, u otras en Andalucía, por la falta de espacio en el centro de Salto del Negro, contraviniendo, incluso, principios legales que establecen el derecho a cumplir condena en lugares próximos al domicilio.

Frente a otras soluciones consideradas blandas, la opción de construir una segunda cárcel se ha enfrentado a numerosos inconvenientes centrados siempre en su ubicación. Así, municipios como Santa María de Guía, San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana, Ingenio o Gáldar han sido seducidos por la idea de contar con esta infraestructura en su territorio, pero la oposición vecinal y la poca popularidad de este proyecto han echado por tierra esta iniciativa.

De todos ellos, Telde ha sido el que ha sonado con más insistencia, tanto en la época en que fue alcalde Francisco Santiago, como en la más reciente de Francisco Valido, quien incluso inició conversaciones con el anterior Gobierno del Partido Popular, que quedaron paralizadas tras el cambio en la Moncloa.