Ante el silencio de Josefa Luzardo, Zerolo se adelanta y calcula en 15 millones la capitalidad de Santa Cruz de Tenerife
El Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife está en disposición de situarse por delante del de Las Palmas de Gran Canaria -pese a contar con mucha menos población- en la lucha que ambos municipios mantienen por conseguir financiación de carácter extraordinario del Gobierno de Canarias por su condición de capitales del Archipiélago. Un estudio encargado por el consistorio tinerfeño fija en 14.943.583 euros el coste de capitalidad de esa ciudad. En cambio, el municipio grancanario carece de ningún informe valorativo.
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La valoración del coste de capitalidad para Santa Cruz de Tenerife, que el alcalde santacrucero, Miguel Zerolo, intentará hacer valer ante el Consejo de Capitalidad que forma junto a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, y el presidente del Gobierno regional, Adán Martín, procede de un extenso estudio que analiza los casos de Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid y Pamplona, en España; y de otras ciudades en EE UU y Gran Bretaña. El trabajo lo han realizado el economista Albert Solé Ollé, director del departamento de Economía Política, Hacienda Pública y Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, y su colaboradora Adriana Sánchez Hugalde.
Para calcular los costes de capitalidad, los autores del estudio utilizan varios criterios, todos teniendo en cuenta la población, pero no sólo el número de habitantes del municipio, sino también de su área metropolitana. En el texto se hacen comparaciones con Las Palmas de Gran Canaria, admitiendo que esta ciudad es la séptima más poblada de España, siendo Santa Cruz de Tenerife la décimosexta.
Sin embargo, según otro análisis que incluye interesadamente a los habitantes del extrarradio a nada menos que 30 kilómetros de distancia, ambas capitales canarias "se acercan", e incluso "Santa Cruz se situaría por delante" si se estableciera una proporción entre la población de la ciudad y la de su área metropolitana.
El estudio encargado a medida por Zerolo, y acabado hace casi un año, calcula también factores sociales, de recaudación fiscal e inversiones en servicios públicos.
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