Concursos bajo sospecha

JOSÉ A. ALEMÁN

Hay un mecanismo para adjudicar concursos públicos a empresas que interesen a la administración o a los administradores. El procedimiento es incoloro, aunque no indoloro y mucho menos insípido: basta comunicar reservadamente al designado futuro ganador la próxima publicación de la convocatoria del concurso y que vaya preparando la documentación de modo que, cuando salgan las bases en el Boletín, dando un plazo de escasos días para presentar las ofertas, tenga el agraciado lista la suya primero que nadie, en perjuicio de los no avisados de antemano.

La sospecha o la certeza de que estas cosas ocurren no es mía. Dicho sea al revés para que me entiendan: soy de los convencidos de la transparencia y dos piedras de la administración autonómica, que no hace esas cosas, qué va.

Por lo general, los periodistas pasamos de semejantes prácticas porque son socialmente consentidas, a pesar de su ilegitimidad y falta de ética. Las aceptan los beneficiarios, por supuesto, pero también los agraviados que se callan la boca, no vayan a meterlos en la lista negra y pierdan la posibilidad de comerse un rosco en siguientes convocatorias. A lo sumo, llegan estos agraviados a chismarle el asunto a un periodista para que lo saque en los papeles, a condición de no revelar la fuente. No pueden imaginarse cuantas veces he oído eso de yo no te he dicho nada y como se te ocurra mencionarme, lo negaré todo.

Tiempo hubo en que aceptaba esas condiciones, largaba para luego apretar los dientes y aguantar en solitario el chaparrón de improperios. Pero vi que no servía sino para crearme incomodidades personales; porque de nada vale contar lo que hay sin una sociedad civil dispuesta a actuar, capaz de propiciar acuerdos entre empresas para dar la cara y la batalla por lo derecho. O gestores públicos que combatan esos métodos, conscientes de en cuanta medida impiden el desarrollo o provocan la muerte por hastío de pequeñas empresas. Que sea más determinante montarse (y pagar comisiones, faltaría más) una red de gargantas profundas que la cualificación profesional debilita el tejido empresarial y la creatividad al permitir prosperar a los listillos y aburrir a los más capacitados. Antes de que esta administración se ponga seria criarán pelo las ranas.

Hablo de pequeños concursos, de convocatorias de escasa cuantía que si sumadas son un dineral, por separado apenas llaman la atención frente al volumen de dinero público que se maneja.

De vez en cuando le doy un vistazo al BOC y me he encontrado convocatorias que ya de por sí alimentan las peores sospechas. Sin ir más lejos, en el de 30 de agosto último, el Instituto Canario de la Mujer anuncia un concurso de 46.000 euros para contratar la creatividad y producción de una campaña publicitaria que promocione la inserción laboral de las mujeres. Un concurso abierto de tramitación tan urgente que sólo da a los interesados ocho días naturales para presentar la documentación. Además, se especifica que para licitar no es preciso poseer clasificación empresarial alguna. O sea que, de estar yo de ganas y contar con padrino (madrina en este caso), podría optar tranquilamente sin moverme de casa y en pijama.

Cito este caso no porque me conste que por ahí va el Instituto de la Mujer sino porque lo parece y aún no ha sido adjudicado. Oficialmente, claro.

Y fíjense que estoy acabando la columna sin mencionar para nada que la convocatoria está fechada en Santa Cruz de Tenerife, a pesar de que la sede oficial del Instituto, por un decreto de 1994, es Las Palmas de Gran Canaria. Lo que digo para darle pie al lector ático habitual y pueda acusarme de fomentar el pleito insular, lo que le encanta. Lo veo últimamente un tanto alicaído a medida que la gente comienza a comprender que criticar al Gobierno no es atacar a Tenerife como pretende él hacer creer y tampoco conviene que se extinga la especie.
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