La reforma del Estatuto canario

JOSÉ A. ALEMÁN

Quieren los mandarines tener lista a final de año su propuesta de reforma del Estatuto. Dicen los partidos haberla consensuada en un 90%, porcentaje que deja fuera la cosa electoral, ciertas materias de competencia y la creación o no de la Agencia Tributaria Canaria. En principio, nada que pueda ofender tanto al entorno del PP como para obligar a Rajoy a venir y darse una hartada de plátanos y los correspondientes talegazos de caña del país, con enyesques de queso y aceitunas de Temisas.

No será, pues, reforma encubierta de la Constitución; ni de la constitución con minúscula canaria que corrija las deficiencias de un sistema autonómico poco o nada integrador, a pesar de la propaganda. Realmente no es asunto que entusiasme o inquiete ni mucho ni poco. A los efectos de nuestra vida cotidiana, da igual que se reforme o no porque el problema no está en la letra del texto sino en el espíritu con que se interpreta. Mientras se continúe considerando la competitividad interinsular piedra angular de la realidad canaria seguirán ahí dando la lata los afanes hegemonistas y para ese viaje no se necesitan alforjas.

Hace poco, el Círculo de Empresarios de Las Palmas señaló el fracaso por incumplimiento de la ley de Sedes. Vino a corroborar cuanto se auguró desde antes, incluso, de su entrada en vigor porque una cosa son las palabras y dos cosas el espíritu que las guía. Se dijo que no serviría para nada y de nada ha servido. La ley de Sedes fue un parche inútil y no está claro que la reforma estatutaria deje de serlo. El Círculo recordó la existencia de dos provincias, lo que no deja de ser versión light de la doble autonomía. Toma reforma.

No se trata de criticar la reforma. Es perder el tiempo si no se admite antes que hablamos de una autonomía otorgada con un estatuto que, como ahora su reforma, cocinaron y se comieron los partidos políticos sin atreverse a someterlo a referéndum. La indefinición canaria en el contexto de las comunidades autónomas sigue estando ahí. Ni el REF, que desvirtuó el régimen canario al difuminar los intereses consumidores y reducirlo a pura fiscalidad empresarial, es bien entendido en la Península, pese a ser de los pocos temas en que los políticos canarios se movilizan porque las campañas electorales son muy caras y hay que contentar al empresariado.

Nada ha sido tan defendido por ellos, los políticos, en relación con las ventajas fiscales, como la RIC. De ella se afirma que ha impulsado a la economía de las Islas. No lo discutiré hasta saber de qué economía hablamos; porque hay varios conceptos de economía, por lo visto. Según uno de ellos, los negocios de unos pocos son indicio de economía boyante. Según el otro, de poco sirve tanto esplendor privado si se mantiene el índice de paro con fluctuaciones estacionales, se incrementa el de pobreza, no se reducen los contratos basura y la precariedad laboral, siguen bajos los salarios, no se construyen viviendas y un etcétera que sí afecta al grueso de la población.

Decirle a ésta, en fin, que todo va bien es sarcástico. Promover desde el mismísimo Gobierno la inversión de fondos RIC en Marruecos, aparte de desvirtuar los objetivos del instrumento y entrañar ventajismo frente a los inversores europeos que pagan completos sus impuestos sin RIC que les valga, denota falta de voluntad para aplicarlos a situaciones demasiado sangrantes como para quitarnos el sueño una reforma estatutaria que no da ni para meter en la dieta de Rajoy unas cuantas manillas de plátanos más.