Reprobación y chantaje

ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA

Hace ahora trece años, en 1991, y siendo presidente del Gobierno de Canarias el socialista Jerónimo Saavedra, el vicepresidente Manuel Hermoso y su mano derecha en ATI, José Miguel González, firmaron un acuerdo ´secreto´ con Dimas Martín. A espaldas del presidente y del Gobierno, los dos dirigentes áticos y el líder del PIL, luego frecuente usuario de los banquillos judiciales, dispusieron del Presupuesto con objetivos partidistas comenzando
a tejer la red de Coalición Canaria. Poco después el vicepresidente le puso una moción de censura al presidente, caso inédito en la historia de Europa, y seguramente de la de África. De aquella conspiración trae causa, como dicen los juristas, el embrollo del Complejo Agropecuario de Lanzarote, un pozo sin fondo en el que la fiscalía cree detectar suficientes delitos como para pedir catorce años de prisión al principal procesado.

El estilo de ATI no ha variado sustancialmente. Por reflejar la opinión de una parte importante de la ciudadanía, el ministro de Justicia y, no hay que olvidarlo, diputado por la circunscripción de Las Palmas, Juan Fernando López Aguilar -catedrático de Derecho
Constitucional, algo sabrá pues de estos asuntos- se ha visto acosado por la plana mayor de los nacionalistas (sic). La dirección de CC le ha exigido que se desdiga de lo que dijo en la antesala del Club Prensa Canaria, que Coalición orbita en la misma galaxia que poderosos intereses empresariales, y le ha amenazado con presentar una moción de reprobación en el Senado si antes no se flagela en público.

Es el mundo al revés. Tanto se ha intentado confundir a los demás, que la confusión se ha apoderado del cerebro de los insularistas que creen estar haciendo correctamente lo que no es sino una perversión del sistema democrático. Al ministro no le reprueban la gestión, que es una gestión eficaz que cuenta con el apoyo de la mayoría social del país. Intentan penalizar en la Cámara Alta una opinión formulada en su condición de parlamentario.

Y eso es ilegal. Es pretender poner una mordaza al discrepante; es anticonstitucional, sencillamente porque el diputado goza de inviolabilidad por la expresión de sus opiniones. Artículo 71 de la Constitución, primer párrafo: "Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones". Precepto que hay que entender, a mayor abundamiento, incardinado en el orden de valores democrático.

La reacción de ATI suscita muy serias y profundas dudas. Si esta actitud, que se puede llamar como se llame, pero que en castellano viejo es un chantaje, se produce con un ministro del Gobierno.... ¿cuál es la capacidad de mantener criterios políticos de un alcalde o concejal? La discrepancia no es matizable, como se pretendía en al dictadura, cuando a la libertad de expresión el franquismo oponía la ´discrepancia de pareceres en una ordenada concurrencia de criterios´. Un galimatías de eufemismos contradictorios.

Encima, López Aguilar no ha dicho cosa distinta a lo que se dice habitualmente incluso por partes contratantes de CC. Fue Román Rodríguez quien envió al fiscal el ´caso Tindaya´, que puede ser o no, pero el hecho inamovible en la historia es que al jefe del ejecutivo le olía mal. Lo mismo que al dirigente socialista otras cosas. ´Mismamente´ los negocios de Dimas Martín con sus socios de ATI, presuntos chanchullos que ahora se dirimen en una vista pública.

Pero, hay que insistir, si a un Ministro se le amenaza con una reprobación, retorciendo los reglamentos de las Cámaras....¿puede sentirse seguro un empresario que acude a los tribunales para defender honradamente lo que cree que son sus intereses? ¿No estará tomando notas para engrasar el espinazo? Las reglas del juego peligran si la reacción ante la crítica es la soberbia y las enfurecidas represalias. Actitudes que suenan a frustración: diríase que alguien está defraudado porque el apoyo parlamentario a los Presupuestos, o a lo que sea, no conlleva una garantía de impunidad, como sucedía con el PP, que aceptó su condición de rehén.

En estas circunstancias no parece muy cuerdo, y desde luego sería una temeridad, una entrada en el Gobierno de los socialistas. La crisis que espera Juan Carlos Alemán, como los turcos esperaban entrar por la ´kelkaporta´ de Constantinopla, es el problema y no la solución para las ansias de coche oficial que tienen algunos dirigentes del PSC. Churchill decía que la política hace extraños compañeros de cama; él mismo, después de denunciar el expansionismo soviético, quiso pactar con Stalin las zonas de influencia en Europa para que la URSS no se ´comiese´ medio continente. Pero no es el caso. Los ciudadanos del archipiélago no entenderían contradicciones insalvables que no son sólo episodios del pasado sino cuestiones muy actuales. Si el ´talante´ del PSOE ha cambiado, la gente espera que cambie también en el Archipiélago y que la prudencia, la ética y la estética sean un dique ante la ambición
y el politiqueo bananero. Porque si al final todos son iguales y nada importa y a las palabras se las lleva el viento....