Sobre periodismo canario

RAMON PEREZ ALMODOVAR

El presidente del Gobierno canario se llena la boca hablando de empleo estable y de calidad y desarrollo sostenible, de sanidad y educación, aunque siempre con la mejora de la productividad por delante, como se recoge en el último discurso del debate del estado de la nacionalidad del Parlamento de Canarias leído por Adán Martín Menis, tras su gran viaje desde el centro franquista (UCD)* al insularismo-nacionalismo ultraperiférico, ultramontano, que encarna ATI-CC, con el que se ha aupado a la Presidencia después de promover una gran manifestación en Tenerife para que los grancanarios no tuvieran universidad pública, es decir, derecho a la educación superior. ¡Y es el presidente de todos los canarios! Y con el apoyo del PP de José Manuel Soria.

El mismo que hace meses negociaba con una empresa privada la instalación de una universidad, también privada, en La Orotava, mientras Pedro Luis Cobiella, presidente de Ashotel y de Hospiten, también presidía el Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Es decir, la oposición populista que provocó ATI a finales de los ochenta no era para defender la Universidad de La Laguna, sino para impedir el acceso de miles de personas a la educación superior de carácter público. Si apoya la pública, ¿por qué no se homologa a miles de profesores universitarios, que firman contratos nuevos cada curso sin derecho a antigüedad? ¿Es eso empleo de calidad? ¿Y por qué este profesorado mayoritariamente acepta los complementos, un parche eventual, en lugar de exigir la homologación?

Seguro que los periodistas presentes en el debate del estado de la nacionalidad se hicieron eco del discurso, sin cuestionarse qué quería decir. ¿Qué quiere decir empleo de calidad? ¿Eso existe?, se tendría que haber preguntado más de uno. El periodismo canario se caracteriza por su precariedad laboral, los bajísimos salarios y el intrusismo profesional, especialmente en los medios privados, y por esa otra legión que componen los gabinetes de prensa oficiales, donde predomina el enchufismo de vagos y juntaletras en la Administración pública, junto a otros alumnos aventajados de Goebbels que cumplen fielmente su papel de perros guardianes de los documentos públicos, ocultando información o filtrándola a sus amiguetes, y de otros gabinetes privados subcontratados por la propia Administración, donde tampoco se dan condiciones laborales homologables en su sistema democrático y de Derecho.

O cuando se habla de desarrollo sostenible, habría que analizar los datos de AENA, que confirman la constante caída en el número de extranjeros que entran en Tenerife por el aeropuerto Reina Sofía, y no porque agosto tenga cuatro viernes, como sostiene el consejero insular de Turismo, José Manuel Bermúdez. Es más, Bermúdez, para justificar algo que no puede, recuerda un dato: la mayor parte de los extranjeros llegan un solo día a la semana. Es decir, que son los touroperadores los que deciden cuántas pistas de aterrizaje hacen falta, porque ellos sólo traen turistas masivamente los viernes.

Es todo un ejemplo de soberanía nacional-nacionalista. Claro, que la pista la pagamos todos con nuestros impuestos, no los touroperadores, que sí engordan sus cuentas de resultados, ya que cobran en origen. Tanto impacto sobre un territorio (son 12 millones de turistas al año, pero por arte de birlibirloque quienes nos invaden son los negros y los moros –sólo les falta añadir de mierda-) a cambio de un mínimo gasto en el destino, seguro que no compensa a toda la sociedad tinerfeña.

Los datos de AENA demuestran que la segunda pista del Reina Sofía es absolutamente innecesaria y que su utilidad principal es ser la cantera de áridos para el monstruoso Puerto Industrial de Granadilla, otra perla caribeña, vinculada a la remodelación, con dinero público, del Muelle Enlace (vaya atracón se van a dar en la Marina) y que ya afecta al Plan General de Ordenación de Santa Cruz.

Los periodistas también podrían estudiar de dónde sale ese otro rumor acerca de una erupción volcánica, desmontado por el vulcanólogo Carracedo, que habla de interés político. ¿Por qué? ¿Se trata de preocupar y asustar a los ciudadanos y tenerlos entretenidos con el volcancito, mientras se rompe un pacto de Gobierno en un proceso que ha empezado en La Palma y que se podrá concluir cuando el PSC-PSOE aparte a Santiago Pérez de la secretaría general en Tenerife, para suscribir el pacto en La Laguna? ¿Cuántas cancelaciones de viajes organizados a Tenerife ha habido por la supuesta erupción de un volcán? ¿Por qué no se averigua si, de forma interesada, se está desviando el turismo a Senegal o Cabo Verde, teniendo en cuenta que casi el 60% de las inversiones en el sector turístico de la ex colonia portuguesa procede de empresarios canarios?

Bermúdez ha presentado la nueva campaña del Cabildo de Tenerife destinada al turismo y siguen con la matraquilla: somos gentes diez, somos amables, muy amables... En la campaña, se utilizan niños menores de cinco años con el beneplácito de sus papis, explotación infantil de la nuestra. Pero debe tratarse de una metáfora, sin duda: siguen creyendo que los tinerfeños son enanos mentales a los que se puede manipular indefinidamente y que les siguen votando con amabilidad.

Vivimos pues en un régimen antidemocrático (no hay más que analizar el sistema electoral, de acceso al Poder) que se reproduce fundamentalmente a través de los medios de comunicación, públicos y privados, donde son un clamor las malas condiciones de trabajo, lo que repercute directamente en dos derechos fundamentales de los ciudadanos: la libertad de expresión y el derecho a recibir una información veraz. Encontramos entonces que esos ciudadanos en realidad son súbditos en un Reino y sólo se les considera consumidores, consumidores también de información, que es tratada por tanto como mercancía, es decir, que se pone o no a la venta dependiendo de múltiples intereses.

La desprotección de un sector históricamente sin convenio colectivo global -aunque las cosas han empezado a cambiar hace pocos años- interesa al poder político-económico, que pretende equiparar a los periodistas con los escribas egipcios: redactores de una sola realidad, la propaganda oficial y partidista. O se entra por el aro o a las listas del paro. Un escriba no puede pensar por sí mismo.

Por ello, el Gobierno de Canarias fomenta en el sector periodístico los contratos basura, la precariedad laboral, la inseguridad y la inestabilidad, todo lo contrario de lo que mantienen sus miembros en sus discursos. ¿Cómo lo hace? Adjudicando publicidad institucional, dinero recaudado a todos los canarios y residentes, a empresas que carecen de convenio colectivo, que no tienen contratados a sus trabajadores y, por tanto, no cotizan a la Seguridad Social, donde las horas extraordinarias forman ya parte del horario de trabajo, o donde muchos trabajadores acceden a esta explotación laboral consentida mediante contratos de prácticas, los llamados becarios, sustitutos muy baratos de mano de obra.

Un Gobierno serio que predique el empleo de calidad no debería insertar publicidad institucional en ningún medio donde se den estas condiciones laborales, a menos que se diga una cosa y se haga otra con el fin de tener controlada a la opinión pública. Si lo hace, está fomentando el trabajo en negro a cambio de apoyo mediático.

Bastaría un decreto del Gobierno para fijar las condiciones de acceso a la financiación pública: exigir que las empresas adjudicatarias, de subvenciones, contratos o concursos, cuenten con un convenio colectivo es lo mínimo que se puede pedir a una Administración seria y eficiente. O si las empresas tienen poco personal, que todos los trabajadores estén contratados y dados de alta en el régimen de la Seguridad Social, con un salario mínimo equivalente a la media establecida en el convenio nacional según las categorías laborales.

En este contexto, que la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife no haya dicho, ni hecho, absolutamente nada es cuando menos llamativo, aunque si se observa que su presidente, Jorge Bethencourt, director de la TVA en la época de los pececitos de colores, es asesor de Miguel Zerolo (ATI-CC), alcalde de Santa Cruz, oficialmente para el Plan General de Ordenación Urbana, y que fue propuesto por CC para ocupar un cargo, también remunerado, en el Consejo de RTVE, tampoco hay que asombrarse. Lo asombroso, en este caso, es el descaro con que actúan.

El nacimiento en Canarias, el año pasado, de la Unión de Profesionales de la Comunicación (UPC-Canarias) vino a cubrir un enorme vacío en un sector estratégico, para cualquier gobierno y el poder político-económico, donde los trabajadores se mueven entre la desmotivación y la frustración, por la censura, la autocensura y la absoluta falta de respeto al artículo 20 de la Constitución. Este sindicato, que aglutina no sólo a los plumillas, sino a gráficos, operadores de cámara, técnicos de sonido, maquetistas, etc., está realizando una labor encomiable para dignificar las condiciones laborales en el sector de los medios de comunicación.

Por eso, ya se oye el rumor de la reactivación de la Asociación de la Prensa, que tiene como reclamo un convenio médico para sus afiliados con la cadena Hospiten de Pedro Luis Cobiella, como si los periodistas fueran ciudadanos superiores al resto de los mortales y tuvieran el privilegio de una atención sanitaria rápida y en mejores condiciones, cuando lo que deberían hacer es denunciar el mal funcionamiento de la Sanidad pública o explicar por qué no se construye un Hospital público en el sur de Tenerife (donde la cadena Hospiten sigue ostentando un monopolio; ¡un monopolio privado nada menos que en relación con la salud de las personas!). Y todo esto ocurre en una isla gobernada por ATI desde hace dieciocho años, más otros once que llevan controlando el Gobierno de Canarias.