Tranvía, mentiras y Guaguas

NÉSTOR HERNÁNDEZ

Como consecuencia de una modificación puntual del artículo octavo de REF, desde 1996 comenzó a aplicarse un régimen de ayudas públicas del Estado a los sistemas de transporte regular de viajeros en el Archipiélago. Desde entonces hasta el 2005, la Administración estatal suscribió siete contratos-programa específicos para cada uno de los cabildos insulares.

El 14 de diciembre de 2005, el Consejo de Ministros autorizó la suscripción de un nuevo contrato-programa con la comunidad autónoma. Este acuerdo ha supuesto que la inversión en las islas alcance los 90 millones de euros, repartidos en cuatro anualidades de 22,5 millones cada una. Esto es, un 23% más que lo que recibimos en el contrato anterior, firmado entre el gobierno Aznar y Coalición Canaria. En consecuencia, el gobierno de Zapatero, ha asignado a Canarias casi 20 millones de euros más que los que le concedió Aznar.
Sin lugar a dudas, esta nueva aportación del Ejecutivo estatal ha permitido que, por primera vez, la comunidad autónoma disponga de fondos suficientes para dotar a los siete cabildos, mediante la suscripción posterior de convenios específicos con cada una de las islas.

Este contrato programa, como su nombre indica, no es un convenio, es un contrato y como tal tiene unas cláusulas de obligado cumplimiento para las partes. Si alguna se incumpliera, la parte afectada podría denunciar el contrato. Debe ir bastante bien para Canarias cuando nadie se atreve a denunciarlo formalmente.

Sin embargo, en estos últimos días hemos asistido a un ruido continuo. La cacharrería del Partido Popular y de alguna que otra formación política se ha echado a rodar para denunciar que el contrato beneficia más a unas islas que a otras, o para insinuar que los 10 millones de euros destinados al tranvía de Santa Cruz de Tenerife se detraen de los dineros del contrato programa en perjuicio del resto del archipiélago. Nada más falso, nada más lejos de la realidad. Quien esto afirma o la hace por desconocimiento a con auténtica malicia y ánimo de confundir.

En primer lugar, las competencias en transporte terrestre fueron transferidas a los cabildos insulares mediante el Decreto 159/1994, de 21 de julio. Quiere decir esto que fue el Cabildo Insular de Tenerife el que apostó por un modelo en el que se incluye el tranvía. Mientras tanto, en Gran Canaria el Sr. Soria continúa sin explicarnos cuál es su modelo de transporte terrestre insular. En definitiva, el tranvía de Santa Cruz de Tenerife es una decisión del Cabildo de aquella isla y su financiación corresponde a otras partidas presupuestarias que en nada afectan al contrato programa.

Siendo cierto que el Gobierno de Canarias ha financiado con 58 millones de euros (9.650 millones de las antiguas pesetas) el tranvía santacrucero, Soria y Luzardo nada hacen ni para definir el modelo de transporte, ni para atraer inversiones de la misma envergadura. Por el contrario, los socialistas canarios hemos arrancado el compromiso del Consejero de Economía y Hacienda en el Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de consignar 60 millones de euros para el traslado de la Base Naval y recuperar ese espacio como zona de esparcimiento y ocio para la ciudadanía. Si se cumple con la palabra dada, habremos conseguido que, por primera vez en casi 50 años, el traslado de la Base Naval tenga consignación presupuestaria. Mientras algunos se entretienen en la denuncia victimista y falsa, otros habremos aportado soluciones reales a los grandes retos de nuestra ciudad.

Con el ruido mediático Luzardo pretende que no se hable del déficit de 9 millones de euros de Guaguas Municipales en el 2005, que previsiblemente alcanzará los 12 en el 2006. Desastre absoluto de una gestión municipal que quiere paliar proponiendo una subida del 10% en el pago directo para el 2007, mientras Global alcanza un acuerdo con el Cabildo para rebajar algunas tarifas hasta un 50%. Pretende ocultar su incapacidad negociadora y por eso no quiere que se hable ni se trate del traslado de la Base Naval, simplemente porque pone de manifiesto esa limitación. El problema, pues, no está en el tranvía, ni en el contrato programa. El problema está aquí, en nuestra propia casa.

* portavoz del PSC- PSOE en el Ayuntamientoo de Las Palmas de Gran Canaria

Fuente: Canarias7, 30-10-2006