Telde y los 'Idus de marzo'

Era casi la medianoche del dia 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, cuando la leyenda cuenta que se queman los malos espíritus. En determinados sectores corre el rumor de que a la mañana siguiente se iban a producir detenciones en Telde, concretamente en su Ayuntamiento. El nombre de la edil María Antonia Torres corre de boca en boca.
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A primeras horas de la mañana siguiente, día 2, agentes de la Brigada Provincial de Información procedieron a la detención de seis personas relacionadas con una presunta trama de cohecho, al parecer consistente en la concesión de obras públicas del Ayuntamiento y licencias de obras a empresarios a cambio de ciertas cantidades de dinero.

Los primeros en ser detenidos son María Antonia Torres González, concejala de Obras publicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad del Consistorio, y su marido, Enrique Orts Herrera, interventor municipal. La detención se produce en el domicilio conyugal, en la capitalina calle Galicia. Le siguen Francisco Gordillo Suárez, empleado y asesor de la Concejalía de la que era titular María Antonia Torres; el empresario Antonio Nadal Moreno, responsable en la Isla de la empresa Cobra; Juan Francisco Gordllo Chamoro, hijo de Francisco Gordillo y empleado de Cobra; y el también empresario, Felipe Ojeda Pérez, propietario de una ferretería en el municipio.

El delegado del Gobierno, José Segura, avisa telefónicamente al presidente del Partido Popular, José Manuel Soria y al alcalde de Telde, Francisco Valido, de la operación policial que está en macha por orden del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Telde, a cuyo frente está Javier García, quien ordena el ingreso en prisión de los detenidos y la necesidad de que estén incomunicados. Soria suspende de militancia a Torres y Valido asume las competencias del área de la edil detenida, al tiempo que la oposición solicita un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación que trate de depurar todas las responsabilidades que puedan existir en torno a la recién descubierta trama.

Los primeros datos que salen de las declaraciones de los detenidos hablan de que al menos cinco empresas habían recibido trato preferente del Ayuntamiento a cambio de pagos en metálico. Comienzan a barajarse nombres de futuros imputados y también surgen nombres de concejales, pero son citados de pasada en las grabaciones que se ordenaron en su día tras la denuncia de una empresaria que no quiso seguir pagando comisiones, denuncia que puso en marcha la operación en el mes de julio de 2005.

El día 6, lunes, fallece la madre del alcalde y los grupos políticos acuerdan marcarse un compás de espera, al menos durante dos días, hasta que el primer edil se recupere del fuerte impacto anímico recibido. No obstante es, y mientras la ciudad se conmociona y la actividad municipal queda semiparalizada, se sigue insistiendo en que se convoque el pleno para crear la comisión de investigación y uno de los socios del pacto, el CCN, deja caer que si Antonia Torres no entrega el acta antes de ese pleno, se va del gobierno municipal.

El miércoles, el caso toma un nuevo giro, al confirmarse los rumores que hablan de nuevas detenciones. En este caso son los empresarios Alejandro Navarro, apoderado de la empresa Mazotti, que aparecía citado en la trama desde los primeros momentos y Pedro Betancor, de Cementos las Torres. También son detenidos dos funcionarios, Jorge Rodríguez, miembro de la Mesa de Contratación y Mila Ramos.
entre ataques y contraataques

n 10 imputados. Hasta la fecha, la trama teldense ha provocado la imputación de 10 personas, ocho de las cuales están en libertad, cinco con fianza y tres, Gordillo Chamorro, Felipe Ojeda y Milagrosa Ramos, con cargos, aunque no han tenido que pagar para salir a la calle, según decidió el juez. María Antonia Torres y Francisco Gordillo siguen en prisión, pese a que sus abogados han pedido su excarcelación por motivos de salud, en el caso de Torres por padecer un cáncer de mama, y en el de Gordillo por sufrir de úlcera e hipertensión.

n Ataque fallido. El pasado jueves, estando todavía Valido ausente de la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local acordó presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que presuntamente estaría implicado Juan Manuel Cabrera, ex asesor y cargo de confianza en Urbanismo en la etapa de Francisco Santiago como alcalde. Al parecer, Guillermo Reyes contaría con un dossier que señala tratos de favor en la adjudicación de dos parcelas en La Mareta. Ese contraataque del grupo de gobierno, donde el CCN se seguía removiendo inquieto, no se lleva a efecto el viernes pasado, como estaba anunciado. El alcalde toma el mando y la palabra y dice que faltan documentos y que ya se presentará.

n Imputado. Así las cosas, el pasado fin de semana se supo que el edil de Urbanismo, Guillermo Reyes, de AFV-Ciuca, está imputado por presunta prevaricación, cometida en noviembre de 2003, cuando el pleno municipal revocó un concurso público a la empresa Urbagest, propiedad del promotor inmobiliario Julián Gómez del Castillo.

Según fuentes judiciales, a Reyes se le acusa de incurrir en posibles ilegalidades al promover la anulación del concurso otorgado poco antes de las elecciones del 25 de mayo de ese año.

n La ciudad, esperando. La ciudad de Telde, conmocionada por los acontecimientos que se suceden en cascada, espera, quizás en vano, que el pleno de mañana arroje un poco de luz. Lo que sí se sabe de cierto es que mañana, en ese pleno, al menos al principio, el CCN, que tiene la palabra de Valido de que Torres no se sentará más en las filas del PP, estará con el gobierno.

¿Se va a investigar de verdad?

Esa es la pregunta que se hace la ciudadanía al conocer dos hechos fundamentales en la convocatoria del pleno para crear la comisión de investigación: el primero, la designación del presidente de la misma, hecha por el alcalde, sin consensuarlo con la oposición, y el segundo, la composición de la comisión, donde existe mayoría del grupo de gobierno, una de cuyas concejalías es el objeto de la investigación. Gráficamente, algún miembro de la oposición ha dejado dicho que «esto es como poner al gato a cuidar de las sardinas», mientras que otros, como José Antonio Perera, del POE, han asegurado que el grupo de gobierno no quiere ser investigado y que lo único que pretende es cubrir un expediente que la ciudadanía le exige para seguir huyendo hacia adelante. El propio Perera había solicitadod que la Audiencia de Cuentas de Canarias investigara las cuentas de esa concejalía, pero no le han prestado oídos.