Día mundial de la salud mental

ELISA RODRÍGUEZ COURT

Mucho tiempo y esfuerzo supuso alcanzar el Convenio de Salud Mental de Gran Canaria, cuya finalidad es poner en marcha dispositivos sociosanitarios para personas discapacitadas por una enfermedad mental de larga duración.

Después de tantos tiras y aflojas y de la total inhibición por parte de las instituciones implicadas (la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y las de Asuntos Sociales del Gobierno y del Cabildo de Gran Canaria), finalmente se logró el año pasado que rubricaran el Convenio con vigencia hasta el 2007. Un acuerdo
de mínimos, ya que, de entrada, el Plan de Salud Mental sufrió una rebaja en torno a dos millones de euros en relación a la ficha financiera inicialmente pronosticada por los expertos. Por otro lado, se redujo el coste de las plazas residenciales a 35 euros diarios, cantidad irrisoria que imposibilita cubrir una asistencia integral como la que precisan los enfermos psíquicos de larga duración. Y nos referimos a plazas concertadas con centros
privados (suelen cobrar sobre 80 euros por día), porque no existe ninguna residencia pública de asistencia a los enfermos mentales.

El Convenio nació mermado y, a dos meses de terminar el actual año, sólo se ha desarrollado en un 30 por ciento de lo estipulado, según estimación de la Plataforma Canaria por la Salud Mental. Aunque Salud Gil, Consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de G.C., institución responsable de la gestión del Convenio, falsee los datos sobre la creación de plazas sociosanitarias. Además, ha denunciado al portavoz de la Plataforma, Antonio Arbelo, de "hacer un uso interesado de la información y de tener interés en ocultar ciertos datos." Una acusación a un ciudadano de a pie que se podría explicar como un intento de la Consejera de generar división entre los familiares de los enfermos mentales. Tal vez, en la misma línea en que solicitó los nombres y teléfonos de todos los integrantes de la Plataforma, no se sabe si con objeto de telefonear uno a uno y generar expectativas de posible resolución de casos particulares. Un modo de buscar una complicidad individual en detrimento de la unidad del colectivo.

Salud Gil ha declarado: "Cumplimos sobradamente con nuestra gestión" y difícilmente pasa desapercibido que, de las 66 plazas sociosanitarias de nueva creación previstas en el Convenio, sólo se han puesto en marcha, y con una demora de 5 meses, 40, concentradas en San Juan de Dios. Se ha dado, al mismo tiempo, una congelación de
un millón de euros correspondiente a Salud Mental para 2005, una suma substancial que quedará sin gastar este año, a pesar de la existencia de un enorme déficit de recursos para la rehabilitación y reinserción social de enfermos psíquicos.

El Convenio insular de Salud Mental no ha sido ejecutado en sus aspectos más importantes. Faltan también, junto a lo arriba señalado, las 19 plazas en pensiones tuteladas y los dos pisos tutelados. Asimismo, al menos una unidad móvil para la asistencia a personas de alto riesgo o en situación de exclusión social. Muchos centros de día se hallan en pésimas condiciones. No existe ninguna ambulancia especializada ni protocolos de urgencia claros y rápidos. Una sobrecarga de las dos únicas unidades de internamiento breve instaladas en el Negrín y el Insular obliga a los enfermos mentales a ocupar camas en los Servicios de Urgencia. Y se ha retrasado, igualmente, la puesta en funcionamiento de la unidad infanto-juvenil y las de media estancia en el Hospital Militar, necesarias, por lo demás, para descongestionar las Urgencias Psiquiátricas.

Las partidas presupuestarias del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno Autónomo fueron asignadas a Salud Mental para ejecutar el Convenio en unos plazos acordados y hasta ahora no se ha cumplido. Para empezar, habrá que exigir una respuesta a la pregunta de dónde está el dinero, que no es poco, de Salud Mental que se
ha dejado de invertir.
..................................................................................................