La policía analiza una permuta pactada en Telde entre el concejal Guillermo Reyes (Ciuca) y Santana Cazorla

La policía analiza en Telde la polémica permuta de la finca de San Rafael pactada entre el concejal de Ordenación Territorial de este municipio y líder de AFV-Ciuca, Guillermo Reyes, y la empresa Iniscan, de los hermanos Santana Cazorla, por la cual el Ayuntamiento cedió a los constructores ocho parcelas de uso comercial en la llamada milla de oro del municipio, valoradas en 6,3 millones de euros, a cambio de unos terrenos comprados por la otra parte apenas tres semanas antes por 2,5 millones.
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Aunque no está oficialmente judicializado, la policía abrió el caso después de que un particular se personara para alertar de una supuesta actuación delictiva en la ejecución de la polémica operación inmobiliaria, que fue revelada en su día.

El análisis de los datos ofrecidos por este ciudadano, que se negó a oficializar una denuncia ante los cuerpos de seguridad, activó actuaciones conducentes a determinar si, en efecto, había indicios de irregularidad en las actuaciones que rodearon la polémica permuta. Parte de esos trabajos coincidieron en el tiempo con los que condujeron más tarde a la apertura de la operación Faycan por una trama de presunta corrupción en torno a la concejala de Obras Públicas y Vivienda, María Antonia Torres, del PP, actualmente en prisión preventiva.

De hecho, los investigadores intentaron vincular al caso Faycan las pesquisas relacionadas con la permuta de San Rafael, dado que en ambos casos se producía la participación de miembros del equipo de gobierno de Telde. Esta vía, sin embargo, fue desechada por el juez del caso Faycan, el titular de Instrucción 3 de Telde, Javier García.

La existencia de una investigación paralela que afectaba a Guillermo Reyes y al empresario Santiago Santana Cazorla era un extremo con el que se viene especulando en Telde desde que se ejecutaron las primeras detenciones de la operación Faycan, que suma ya catorce imputados. Sin embargo, todos los movimientos en esa dirección se han visto desde el principio rodeados de un gran hermetismo, cuyo objetivo era justamente no truncar la tarea de los investigadores, que se vio perjudicada desde que empezaron a trascender pública y sucesivamente los casos relacionados con el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín; con el ex director general de Industria, Celso Perdomo, y con la concejala Antonia Torres.

En apariencia, la permuta de San Rafael permitió a la empresa de Santana Cazorla obtener en pocas semanas un beneficio calculado en 3,8 millones de euros (más de 600 millones de pesetas). La empresa Iniscan adquirió la finca a la familia Benjumea el 28 de julio de 2004 por un importe de 2,5 millones de euros. Apenas tres semanas después, el Consistorio hacía pública su intención de hacerse con la finca por un valor establecido en 6,3 millones de euros mediante una operación de permuta en la que cedió a Iniscan ocho parcelas de uso comercial en Marpequeña.