Insularismo y desequilibrio en Canarias

PEDRO QUEVEDO ITURBE

La ciudadanía de Gran Canaria ha demostrado, históricamente y ahora una vez más, su madurez y su absoluta implicación en la unidad de Canarias. Así lo atestigua su mesurada respuesta a las continuas provocaciones del afamado editorialista, representante del insularismo radical tinerfeño, que ha hecho de la agresión a nuestra isla su razón de ser. Ayer con su rechazo visceral a la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hoy con la modificación del Estatuto de Autonomía y su solicitud de que se suprima el “Gran” del nombre de la isla ha sembrado cizaña contra el proyecto común de este Archipiélago atlántico, tratando de dividir a sus gentes, convirtiéndose en el auténtico estandarte del pleito insular.

No merece la pena explicar al editor-director de El Día las razones históricas que justifican el nombre de Gran Canaria sencillamente porque su pretensión no es otra que convertir a Santa Cruz de Tenerife en la única capital de Canarias al margen de cualquier evidencia, es una obsesión que proviene de la división provincial en 1927. Más aún cuando distintos estudiosos lo han hecho estos días, mostrando la sinrazón del arrebato y las disparatadas pretensiones del editorialista. Lo relevante es que si este medio e, incluso algún partido político albergasen este objetivo se encontrarán con la respuesta de los grancanarios como en otros momentos de nuestra historia.

Por ello, la reciente polémica no pasaría de una anécdota, de una ocurrencia delirante, si no fuera porque el editorialista en esta ocasión hace un llamamiento al Parlamento para cambiar el nombre de nuestra isla. Obligando a las diferentes fuerzas políticas a posicionarse ante los grancanarios y los canarios, a rechazar sin ambages esta agresión. Y sería una anécdota, si la presión que ejerce sobre el sector más radical de ATI no quedara refrendada en numerosas decisiones de este gobierno. Como cuando realizó una campaña contra el anterior director de la televisión canaria, Francisco Moreno, acusándolo de servir a los intereses de Gran Canaria y logrando sus pretensiones por un Gobierno y un presidente que no tenían ningún argumento para cesar a ese excelente profesional, excepto el de satisfacer las exigencias del editorialista, parece ser.

La penúltima campaña parece ir dirigida contra el consejero Ruano, que condenó la actitud pleitista de este medio en sede parlamentaria a requerimiento de este diputado; una campaña en la que lo esencial, naturalmente, es su procedencia canariona pese a militar en ATI. Por cierto aprovechó para indicarle que la sede de la futura policía autonómica debe radicar en Tenerife. Lo preocupante es que Adán Martín haya sido incapaz de defender a su consejero y de condenar la agresión a grancanaria. Parece ser muy difícil que el presidente se desmarque del editorialista que lo piropea continuamente, calificándolo como el gran prócer que ha sabido defender a Tenerife y frenar a Gran Canaria, el único capaz de lograr semejante gesta. Malos tiempos para la unidad de esta tierra.

Sin duda los editoriales de El Día continuarán expresando un insularismo radical, que no representa a los canarios de Tenerife, delirante y enfermizo en su rencor hacia esta isla y sus gentes, lo leeremos cuando .encontremos un hueco y contestaremos casi nunca.

Lo grave es la actitud del Ejecutivo. Este gobierno, hegemonizado por ATI, está bajo sospecha. Los grancanarios hemos creído históricamente en la construcción de canarias y no podemos aceptar su tibieza en condenar estas agresiones y el pleitismo que late en su interior. La desconfianza generada por estas actitudes será la consecuencia peor de esta que va camino de ser una legislatura perdida.

Por todo ello venimos denunciando desde Nueva Canarias la acción de este Gobierno que estimula decisión a decisión el desequilibrio entre las islas y el abandono de sus problemas fundamentales, valga como ejemplo que ya se han generado mas comisiones de investigación que leyes en el tramo final de esta legislatura. Por eso urge la corrección de los desequilibrios político-institucionales existentes aprovechando la reforma del Estatuto, y, también, la acción sobre los problemas reales de esta tierra y de sus gentes acabando con la inacción política que es producto del conflicto permanente.

Urge, por tanto, denunciar estas actitudes y comportamientos. Tanto como crear las condiciones para acabar, democráticamente, con este ciclo político en Canarias.