Democracia y mensajero
ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA
Algunos pueblos de la antigüedad tenían la bárbara costumbre de matar al mensajero que les traía malas noticias. Muchos jinetes, todavía agotados por el esfuerzo de cabalgar cientos de kilómetros, eran ejecutados como si fueran directos culpables de los desastres que transmitían. Una tradición que, adaptándose a las circunstancias, ha llegado hasta la actualidad. Es muy habitual, desgraciadamente para los buenos hábitos democráticos, que los poderosos culpen a los medios de comunicación de todos sus males: ´la prensa, culpable´, es una muletilla frecuente en el mundo político y económico, sobre todo en el sector que utiliza la democracia como un instrumento y no como un fin en sí misma. Se trata, por supuesto, de un mal muy extendido, que corroe silenciosamente, o no, las entrañas de los sistemas democráticos, y que en ocasiones aflora con estruendo. Los que lanzan cruzadas contra las libertades fundamentales a la información, de expresión y de opinión, siempre usan los mismos argumentos, y a fuerza de repetirlos se los llegan a creer. Pierden, entonces, el norte real y sucumben al magnetismo que distorsiona el rumbo en la brújula. Este fenómeno ha hecho encallar a miles de marcos a lo largo de la historia: sus capitanes no se han dado cuenta de que iban directamente proa al marisco.
En los últimos tiempos esta enfermedad galopa desenfrenada por las instituciones españolas. Muchos políticos, incluidos destacados dirigentes, se emborrachan de mesianismo salvífico, de providencialismo paleto, y creyéndose poseedores de la condición de salvapatrias incomprendidos lanzan anatemas contra la prensa. Detrás de la información ven a un ejército de enemigos, agazapados para atacar por la retaguardia. Para ellos, no entienden los asuntos de Estado, el juego de la política, los intereses superiores del barrio, el pueblo, la ciudad, la Isla, la región, la nación, la Sociedad Limitada, la Anónima -a veces muy anónima- ni el sano principio de que la familia que negocia unida permanece unida. Familia, clan, tribu o club.
Estos días estamos asistiendo a un espectáculo insólito, que no es la primera vez que aturde a los espectadores que a pesar de todos los pesares mantienen intacta, o semiintacta, la capacidad de discernimiento democrático. En una nueva ocasión ATI confunde los intereses generales con los suyos propios, muy legítimos y honestos, cuando lo son, pero desde luego personales e intransferibles. Ni el rey Sol era el Estado, ni un partido político es el territorio en que desarrolla sus funciones representativas. Atacar al PSOE o al PP, aunque lo hagan desde el extranjero, no es atacar a España; atacar al PNV no es atacar a Euskadi; atacar a Convergencia y Unió no es atacar a los catalanes; atacar a ATI no es atacar a Tenerife... sino en todo caso, a ATI.
Pero es que ni siquiera se ha atacado a ATI. Los medios de comunicación grancanarios se han limitado a reflejar los informes, opiniones y autos judiciales o fiscales en relación al alcalde de Santa Cruz o al pelotazo de Las Teresitas, reconocido por todos, con el mismo criterio y la misma ponderación con que se han tratado otros casos similares en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Coruña, Madrid, Valencia, León o Baleares.
¿Que en los periódicos hay criterios distintos, que no es lo mismo la visión de El País que la de El Mundo, la de LA PROVINCIA que la de El Día? En efecto. Gracias a Dios. Esa discrepancia es fundamental para la democracia, a pesar de que haya obsesiones e intereses encubiertos en algunos medios de comunicación que pervierten su papel de controladores de los gobernantes que les es encomendado por el Sistema desde los lejanos tiempos de la creación de los Estados Unidos de América. Fueron los ´padres fundadores´ de esa nación los primeros en comprender la absoluta prioridad de la opinión pública y sus cauces en la forma democrática de gobierno.
La libertad de prensa, traducida en España en los derechos fundamentales de información y opinión, existe cuando se ejerce y molesta. Al que tiene una mansión no le es de aplicación el derecho a una vivienda digna. Al que vive de las rentas no le serán de aplicación los derechos que establece la Ley de Dependencia. Esto es lo que deben asumir los políticos, que el alcohol cura cuando pica; que una prensa independiente y crítica es garantía de salud y fortaleza democrática. Y se es más demócrata, cuanto más se entienda este asunto.
La cúpula de ATI ha elegido otra vez echar la culpa al mensajero de sus desastres; ello prueba que no entienden algunas cosas.
Información de: La Provincia, 9-12-2006
