FRANCISCA LUENGO OROL
Vicesecretaria general del PSC-PSOE
Consejera en el Cabildo Insular de Gran Canaria
El deber fundamental de un gobernante en Democracia es gestionar y defender, conforme a las leyes, los intereses y el patrimonio común de aquellos a los que representa y ante quienes rendirá cuentas oportunamente. Es un principio básico, y así debe ser aunque algunos políticos lo olviden, o lo ignoren, en el momento de ejercer el poder.
Tomándolo como referencia primordial de la práctica política, podemos afirmar que el Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, D. José Manuel Soria, ha golpeado por tres veces a la ciudadanía de nuestra isla; tres bofetadas conscientes, innecesarias e injustas, que han venido a perjudicar de manera muy significativa los intereses de la institución que dirige y, por tanto, los de todos y cada uno de nosotros. Están en la memoria de todos y sus detalles son bien conocidos.
La primera fue, sin lugar a dudas, la venta de la Zona Franca de Arinaga. El Cabildo de Gran Canaria se desprendió entonces de un terreno industrial que podría haber servido para rehabilitar el tejido productivo de la isla, en una zona especialmente sensible para la economía insular. De hecho, esta operación supuso en la práctica el abandono del fomento de la actividad industrial en Gran Canaria, al tiempo que dejaba en quiebra técnica al Puerto de la Luz ya que, recordémoslo, el Sr. Arnáiz compra la mencionada parcela cuando al Puerto no le hacía falta alguna. Eso sí, la venta sirvió para financiar la Casa-Palacio cabildicia, un objetivo a todas luces menor y que no justifica en modo alguno ni la pérdida patrimonial, ni la renuncia a incentivar al Sector Secundario en la isla, ni el innecesario endeudamiento de uno de los motores de nuestra economía. Por tanto, no cabe pensar que esa sea una forma sensata de buscar recursos ni de administrarlos. Y es que hay que decirlo con claridad: despatrimonializar o vender es lo más fácil para un gobernante, pero resulta a medio y largo plazo lo más perjudicial para la institución a la que representa y, por ende, para la ciudadanía.
La segunda bofetada nos llegó con otra venta, realizada además a precio de saldo. Nos referimos en este caso a la venta de Sialsa, aquella que por doce millones de euros, mucho menos de lo que realmente valía, dejó en la cuneta al Sector Primario de la isla. Un sector en crisis, para el que todo apoyo es poco, y que precisa de ideas, ayudas y proyectos de reconversión, y no desde luego atacarlo desde las instituciones públicas. Un nuevo caso de pérdida del patrimonio común para beneficio de la iniciativa privada.
La tercera bofetada ataca directamente al desarrollo energético de la isla, en concreto al futuro de la producción de energía renovable, limpia, en un entorno ecológicamente frágil como es el insular. Me refiero al ya famoso concurso eólico.
Conocer los pormenores del mismo, desde sus inicios, resulta indispensable para hacerse una idea ajustada de los procedimientos empleados y el alcance de los mismos para todos nosotros. Para eso es necesario retraerse al Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 2 de diciembre de 2004. En su punto 8, por la vía de urgencia nunca justificada, y por unanimidad del grupo de gobierno Popular (recordemos que la oposición no está representada desde que el Partido Popular gobierna, favoreciendo así la falta de talante democrático), se decide "(...) destinar a la instalación de nuevos parques eólicos en la finca de Piletas, sita en el término municipal de Agüimes, tres trozos de terreno, calificados como bienes patrimoniales de propios (...)" estableciendo la fórmula de cesión en arrendamiento de dichos bienes a la iniciativa privada.
A continuación el Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, procedió a la concesión administrativa a la iniciativa privada de los terrenos de dominio público hidráulico sitos en los barrancos de Arinaga, La Aldea y Tirajana, con la misma finalidad, es decir la instalación de parques eólicos. Es un hecho constatable, basta consultar el Boletín Oficial de Canarias de 29 de noviembre de 2004.
Luego vino el concurso para asignar la potencia eólica, que fue finalmente anulado mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por carecer el Decreto del preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias. Un somero examen de dicha asignación muestra que la potencia establecida para el barranco de Tirajana era de 36 megavatios, otros 24 para el de Arinaga y 30 más para el de La Aldea. Desconocemos aún el total de megavatios asignados en el otro terreno de titularidad pública mencionado: la finca de Piletas.
Hasta aquí todo es repetir el mismo patrón ya comentado, pero la cosa se complica un poco más. El Cabildo había participado en la creación de una empresa cuyo objeto social único consistía en la explotación de la energía eólica en la isla: Megaturbinas S.A. Estaba participada por el ITC (dependiente de la Consejería de Industria), la Autoridad Portuaria (de nuevo con el Sr. Arnáiz al frente) y la Sociedad de Promoción Económica, en la que el Cabildo poseía el 70%. Sin embargo, Megaturbinas se deja inactiva: no se presenta al concurso y no se dan razones que justifiquen una actuación semejante ya que, no lo olvidemos, el objeto de dicha empresa no era la investigación y el desarrollo, pese a lo afirmado por D. Luis Soria en el Parlamento de Canarias faltando a la verdad. Por el contrario, el ITC sí se presentó, como lo hicieron otros Cabildos como los de Lanzarote y Tenerife, conscientes de encontrarse ante una oportunidad económicamente rentable y, al tiempo, favorecedora de un desarrollo energético limpio capaz de apoyar el progreso de la isla en el siglo XXI. Pero el Cabildo de Gran Canaria no lo vio así y adoptó el acuerdo de cederle la explotación y, con ella el beneficio, a la iniciativa privada en exclusiva. Todavía estamos esperando algún razonamiento lógico y creíble que explique semejante procedimiento.
Los técnicos entienden que si el Cabildo. se hubiese presentado al concurso, podría haber obtenido una rentabilidad anual de unos 24 millones de Euros, una cantidad suficiente como para levantar dos nuevos centros socio-sanitarios como el actual de El Pino. Se renunció, por tanto, a unos beneficios económicos evidentes para favorecer a la iniciativa privada. Una curiosidad más: la Consejera de Servicios Sociales del Cabildo, Dña. María de la Salud Gil, preocupada siempre por la falta de fondos para el desarrollo de proyectos sociales en la isla, votó a favor de este desaguisado en el Consejo de Gobierno, un hecho que no precisa más comentarios.
En cualquier caso, falta conocer qué empresas fueron las adjudicatarias, a quiénes irían los beneficios, o si el procedimiento de adjudicación fue abierto, público y transparente, entre otras cosas. Para ello he pedido acceder al conocimiento de dichos expedientes. Esperemos que el ejercicio de este derecho no se vea vulnerado por el Presidente del Cabildo y puedan ser todos ustedes los primeros en conocerlo en un nuevo artículo.
