Injustificado e injustificable
Foro contra las agresiones a Gran Canaria del periódico "El Día" (Canarias7)
Consulte la editorial publicada en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 15-3-2006
La alarma y el disparate de Moratinos
FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO
A Manuel Alcaide casi lo queman vivo en la plaza pública cuando, al poco de ocupar el cargo del Diputado del Común, se le ocurrió calificar como invasión la llegada e inmigrantes irregulares en pateras. Entonces, que arribaran 70 en un día era una cifra récord. Ayer fueron más de 300 y hoy no sabremos cuántos serán. 300, si hacemos memoria, es una cantidad que no se alcanzaba ni cuando un barco negrero nos sorprendía en las aguas canarias, lo que permite evaluar la dimensión del fenómeno al que nos enfrentamos.
Según el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el asunto no es para alarmarse. Si él lo dice, malo; dada su experiencia, habrá que concluir que la alarma está más que justificada. Alarmarse no supone convertirse en un xenófobo; alarmarse no es tampoco coger una lata de gasolina y ponerse a prender fuego en los centros de acogida; alarmarse no es llenar las paredes con pintadas racistas, como tampoco lo es concluir que las esencias de la identidad canaria se perderán fruto del mestizaje. Todas esas exageraciones, todas esas conductas delictivas y toda esa falta de raciocinio están fuera de lugar. Son comportamientos reprobables y merecen el rechazo de una sociedad civilizada como la nuestra.
Pero alarmarse es humano, y necesario, también. No hacerlo es quedarse de brazos cruzado y dejar que esa cruda realidad se convierta en caldo de cultivo precisamente para quienes alimentan las más bajas pasiones de la ciudadanía. Para los que animan a no se sabe quién a incendiar un centro que acogerá a menores inmigrantes y para los que afirman en voz baja que el mejor inmigrante es el que no llega a la costa. La alarma, insisto, es otra cosa: es la preocupación por lo que sucede y es la actitud preventiva de quien desea evitar precisamente esos brotes xenófobos.
Para el ministro de Exteriores puede resultar muy cómodo quitarle importancia al asunto mientras habla desde su mullido sillón azul del Senado. Otra cosa es decirlo a pie de playa, con los efectivos de la Cruz Roja, o a estribor de una lancha de la Guardia Civil, o en la comisaría de la Policía Nacional cuando hay que buscar desesperadamente mantas, camas y bocadillos para esos visitantes imprevistos que se exponen a morir precisamente por sus inmensas ganas de vivir. De vivir mejor.
Me habían contado que se estaba preparando una visita de Moratinos a Canarias en próximas fechas. Desde luego, si es para exponer disparates como el que ayer lanzó, será mejor que se quede en Madrid.
El Ayuntamiento de Telde, paralizado
El Ayuntamiento está parado, no se ven colas en las ventanillas y ni siquiera los proveedores aparecen para cobrar las facturas que tienen pendientes. Los empresarios están retraídos y no se realiza la actividad acostumbrada, ni para realizar trámites usuales. El Consistorio vive al ralentí.
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El síndrome se percibe desde el 1 de marzo, justo desde que se conociera la detención de la edil María Antonia Torres por un supuesto delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencia promovido por la Fiscalía Anticorrupción. Lo reconocía ayer el propio concejal de Ordenación Territorial, Guillermo Reyes. «No vienen los empresarios a cobrar lo que se les debe, hay mucho miedo en Telde, la gente no se acerca por el Consistorio; esto, quiéranlo o no, ha paralizado hasta las firmas de los técnicos, que están asustados».
Sin ir más lejos, en Contratación no se mueven demasiado los papeles desde que estalló la trama y hasta algunos concejales del Gobierno reconocen sentirse depresivos y decepcionados. Creen que se ha sembrado una injusta sombra de sospecha sobre todos ellos. En todo caso, Reyes quiso lanzar ayer un mensaje de normalidad. «Yo mismo he firmado hoy como nunca para dar la tranquilidad que necesitan los técnicos, la administración sigue, simplemente hay que dejar trabajar a la justicia. Que haya calma, estoy muy tranquilo».
Quien sí que no parece parar un segundo es el alcalde, Francisco Valido, que ayer anunció que ha dado orden de revisar con urgencia todos y cada uno de los contratos realizados por la totalidad de las concejalías y desde el inicio de su mandato. Se le ve con ganas de demostrar que no tiene nada que esconder. «Si alguien cree que va a salir a la calle con más sentido de la honradez que yo, se equivoca». Tiene prisas por conseguir esa relación. Tiene movilizados a trabajadores de todas las delegaciones municipales y les ha dado un plazo de sólo 48 horas.
Dice que está «entre los convencidos» de que Torres, para la que sigue pidiendo presunción de inocencia, entregará el acta de concejal en breve, pero advierte de que hasta tanto no sea así, él seguirá controlando directamente las concejalías que estaban a su cargo (Vivienda, Obras Públicas, Solidaridad y Contratación), aunque contará con la colaboración del asesor Sebastián Henríquez, del edil Domingo Ramírez y de la también trabajadora municipal Maribel Castro. La tenencia de alcaldía que ostentaba Torres seguirá vacante.
Pese a la confianza de Valido, lo cierto es que la concejal no parece muy dispuesta a dejar su acta. Enrique Orts, esposo de María Antonia Torres, interventor del Ayuntamiento de Telde y también imputado en la causa, confirmó que la edil no ha cambiado de postura y que sigue pensando en no entregarla. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió ayer una nota para aclarar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Telde no ha decidido aún su puesta en libertad.
Mientras tanto, Valido tiene puestas ahora sus miras en dar imagen de tranquilidad y contundencia ante los ciudadanos. Ayer no paró de recibir a concejales y cargos intermedios y de dar órdenes. «Quiero dejar bien sentado que este alcalde y su gobierno quiere que prevalezca la verdad; nuestra voluntad es despejar las dudas creadas sobre nuestra gestión».
Mazotti pierde las grúas
Urvitel y Bituminosos Canarios (propiedad de Mazotti, una de las empresas salpicadas por la trama) han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía por el servicio de grúa municipal. El Consistorio alega que lleva meses descontento con esa compañía.
Urvitel no renovará contrato a 50 trabajadores
El alcalde, Francisco Valido, tiene muy claro dónde quiere empezar a ver cambios. Ha puesto en su punto de mira a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Urvitel, que estaba antes en manos de Antonia Torres y que durante todo el mandato ha sido diana de los ataques de la oposición por considerar que se estaba utilizando para contratar a decenas de personas sin control del Consistorio. Su plantilla asciende hoy en día a unas 200 personas que trabajan en varias concejalías de la Corporación.
Valido no quiso dar muchos datos, pero sí anunció que ya ha encendido los motores para una reestructuración «profunda, de calado» en Urvitel que pasará, entre otras cosas, por modificar algunos de los proyectos ya en marcha. Sin ir más lejos, y según ha podido saber este periódico, se suprimirá el de asesoramiento a las comunidades de vecinos, lo que significará de hecho que no se les renueve el contrato a 50 agentes censales de la compañía. No se descarta que siga reduciéndose la plantilla, aunque Valido no dio ningún dato. En principio, no tiene previsto volver a dejar Urvitel sólo para temas de vivienda. «Las encomiendas de gestión que se le han dado funcionan bien».
"La comisión de investigación de Telde es sólo una tapadera"
La Ejecutiva insular del PSC-PSOE decidió celebrar ayer en la Agrupación Juan Negrín de Telde su reunión en un gesto de apoyo a los compañeros y sirvió para que el secretario insular José Miguel Pérez hiciera una valoración sobre los acontecimientos que estos días vive la política municipal teldense tras la puesta en escena de la Operación Faycán, llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción con resultado de 10 personas detenidas y dos encarceladas.
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Pérez calificó la comisión de investigación puesta en marcha por el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Telde como «una tapadera». Los socialistas plantean como objetivo «cambiar la manera de hacer las cosas en la política teldense» y afirman que el grupo de Gobierno «ha perdido definitivamente el rumbo, ha manchado el prestigio de esta noble ciudad». Otro objetivo expuesto por Pérez es «llegar al fondo de la cuestión sin ningún tipo de obstáculos para explicar a la ciudadanía la situación sin comisiones manipuladas ni discursos absurdos para recuperar la dignidad política».
José Miguel Pérez se refirió a la propuesta que su partido realizará para todas la instituciones de la Isla, un conjunto de medidas orientadas a la búsqueda de «la transparencia y de la garantía de que se gestione bien, de que nadie meta la mano». Pérez quiso enviar un mensaje al alcalde y al grupo de Gobierno de Telde: «El partido socialista está dispuesto a ayudar, a llegar al fondo de lo ocurrido pero no a dejarse manipular ni a permitir que se manipule a la opinión pública ni al sentimiento de los ciudadanos de este municipio» y añadió que «cualquier responsable público imputado con irregularidades de obras públicas o urbanísticas debe salir inmediatamente de la responsabilidad del grupo de Gobierno».
José Antonio Perera, por su parte, tildó con posterioridad de «comisión trampa» a la de investigación creada y acusó al PP de «abrir una crisis institucional en Telde». Perera dijo que la comisión «ya tiene escrita la conclusión de la comisión: es que la corrupción que el juez ha puesto en evidencia no tiene nada que ver con ellos».
Perera se plantea «devolver la limpieza a la política de Telde» y el PSOE lo hará «abriendo el tiempo de los ciudadanos». Para ello realizará una asamblea este jueves entre afiliados y simpatizantes y anuncia para la próxima semana un acto cívico abierto a la ciudadanía para articular propuestas.
CC tampoco estará y Valido ya tiene los miembros del PP
El edil de CC, Marcelino Galindo, tampoco estará en la comisión de investigación que se aprobó en el Pleno del lunes y en la que habrá una mayoría de 6 ediles del gobierno frente a 3 de la oposición. La decisión la tomó ayer la ejecutiva local de CC, que ve a la comisión «muy parcial». Por tanto, en ese órgano no estarán ni CC, ni NC ni PSOE. En todo caso, CC lanza como propuesta alternativa que se constituya una comisión paritaria con igual número de componentes por los dos lados (gobierno y oposición). El presidente, con voto de calidad, sería elegido por consenso.
Mientras, el gobierno sigue adelante con el acuerdo del Pleno. El alcalde, Francisco Valido, ya tiene pensados los miembros que irán por el PP, Carmen Castellano, José Suárez y Domingo Ramírez. «Quien no quiere estar es la oposición, ellos sabrán por qué». Valido no descarta incorporar a ciudadanos a la comisión ante el plante de la oposición.
José Manuel Soria pide al Estado que no engañe a los menores y los repatrie
El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, pidió ayer que se reactive la orden de repatriación para los menores entre dieciséis y dieciocho años, como única manera «de no seguir engañando a los menores a los que se les promete un Eldorado que cuando llegan aquí no encuentran». Soria se preguntó si el Gobierno de Canarias estaría de acuerdo con este planteamiento y dónde pondría el límite para «activar el mecanismo y pedirle al Gobierno de España que esa repatriación de menores sea posible».
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«La solución para que no haya menores ni adultos que quieran salir desesperadamente de sus países es que las condiciones de vida de su país cambien, y eso parece que desafortunadamente a corto y medio plazo no es posible», apuntó Soria. «Pero sí que hay solución a no seguir haciéndole el juego a las mafias y a las organizaciones criminales», dijo el presidente, quien aseguró que «se les está haciendo el juego», porque no se permite esta repatriación «y antes sí».
Por otro lado, Soria recordó que la redistribución de los menores se lleva a cabo según la población de cada isla, siendo el número que corresponde a Gran Canaria de 84 menores. El también presidente del Cabildo grancanario señaló que «hasta hace muy pocas horas» había 140, por lo que el Cabildo de Gran Canaria planteó al Gobierno una redistribución. «Hemos tardado algunos días en que el Gobierno de Canarias finalmente haya comprendido y haya accedido en el día de ayer a plantear una redistribución entre todos los cabildos para que no sea una sola isla la que asuma todo el incremento en el número de inmigrantes».
Además, Soria dijo que respondía «de todos los servicios que las personas responsables en el Cabildo de dar la atención a estos menores están dando, porque me consta la entrega, el esfuerzo y la dedicación que están poniendo para atender a estos menores», después de que el Gobierno denunciara el lunes que el Cabildo no está cumpliendo los protocolos sanitaria con los menores.
El fuego de Tunte, camino del juzgado
A raíz del incendio ocurrido en el Aula de la Naturaleza de Tunte, los partidos politicos que integran la corporación de San Bartolomé de Tirajana, (PP, NC, PSOE y CCN), ofrecieron ayer un comunicado conjunto saliendo al paso de declaraciones en tal sentido. En el mismo manifiestan el rechazo de este tipo de actos y similares «por entender que en una sociedad democrática debe prevalecer la palabra y por ende, el diálogo, como forma de solucionar las situaciones derivadas de la convivencia»
Asimismo expresan la preocupación por este tipo de comportamientos que nada tienen que que ver con la conducta civilizada de la ciudadanía de Gran Canaria en general y de los vecinos de San Bartolomé de Tirajana en particular.
Los portavoces de los cuatro grupos políticos no aceptan bajo ningún concepto «la descalificación colectiva de pueblo racista, xenófobo e insolidario vertidas sobre la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana, por entender que un hecho aislado no puede conllevar a la generalización y menos aún cuando dichas descalificaciones proceden de políticos con responsabilidades directas en materia de inmigración, por lo que solicitamos una explicación de las razones que han inducido a trasladar al municipio a los inmigrantes y de los Cuerpos de Seguridad la debida intervención que ayude a esclarecer los hechos para la posterior actuación judicial». Del mismo modo instan al Gobierno y al Cabildo «a que cumplan los niveles de consenso recogidos en el Pacto Canario sobre la Inmigración, máxime cuando se trata de menores». «Un asunto tan delicado no puede ser moneda de cambio o en materia de disputa partidista, cuando lo que está en juego es el futuro de dichos menores y la convivencia armónica de la ciudadanía». El presidente del Gobierno habló anteayer con la alcaldesa, Concepción Narváez, para explicarle que no calificó de racistas a los habitantes de Tunte.
La erosión se come la base de las Dunas
El fenómeno erosivo que afecta a las Dunas de Maspalomas ha dejado al descubierto material geológico subterráneo del cual no se tenía conocimiento hasta este momento, lo cual significa que la salida o la pérdida de arena del campo dunar es muy importante.
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Los expertos que estudian los cambios o movimientos erosivos que afectan a las Dunas de Maspalomas se han llevado una sorpresa al comprobar estos días que en una sector del ecosistema han quedado al descubierto las arcillas y otros materiales de aluvión que conforman el lecho sedimentario donde se asienta el campo de dunas. Según el geográfo, Luis Hernández Calvento, este año hemos aprecido que se han recortado las arcillas, lo que implica un recorte de los materiales sobre los que se apoya el campo de dunas».
En consecuencia, la erosión no sólo se ha llevado la arena sino que también está afectando el material subyacente o subterráneo, «lo cual significa un grado de erosión mayor al que tuvimos el año pasado».
Los científicos también han comprobado que esta es el primera vez que observan la presencia de rocas en la playa de Maspalomas durante todo el año. «Estas rocas presentan la particularidad de que tienen algas y si tienen algas significa que han estado mucho tiempo al descubierto y estos organismos han tenido tiempo para colonizarlas», siendo esto un claro ejemplo del grado de erosión.
En estos momentos los expertos continúan con sus estudios sobre los cambios que vienen afectando de manera significativa el espacio dunar, para lo que cuentan con la financiación del Ministerio de Medio Ambiente. Estos trabajos han permitido conocer que no existe reposición de sedimentos al sistema, pero lo que aún no se ha estudiado es qué ocurre con las arenas que se van al mar y no vuelven.
Este es la investigación que los expertos esperan para ofrecer un diagnóstico definitivo.
'Cosa nostra', la de ellos
JOSÉ A. ALEMÁN
PP y Ciuca llevarán al fiscal irregularidades del anterior grupo de gobierno de Telde relacionadas con el parque comercial de La Mareta. Una reacción de la misma naturaleza que la habida frente a la trama eólica, cuando los populares jugaron la carta del caso Amorós en plan de y tú más. Me parece muy bien la denuncia de ilegalidades y que sean investigadas, pero una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas. Me explico.
Del caso Amorós, sabemos que es asunto viejo sobre el que había un informe del Tribunal de Cuentas. El PP lo conocía y calló mientras estuvo en el Gobierno y hasta casi un año después de su expulsión de él, para sacarlo a colación justo a raíz de la operación Eolo. Es decir, cuando pensó que le podía ser de utilidad para meter bulla.
En Telde, lo mismo. En repetidas ocasiones oímos, tanto a María Antonia Torres como a Guillermo Reyes, amenazar a la oposición con desempolvar papeles, ordenar investigaciones y formular las denuncias que ahora van a interponer, según dicen. Recurrían a la intimidación cada vez que la oposición contrariaba al grupo de gobierno. Sin más consecuencias. Hasta que la operación Faycán los puso contra las cuerdas, no decidió PP-Ciuca acudir al fiscal.
Ya se ha dicho que la estrategia popular es crear confusión, engañar a los menos avisados, transmitir la idea de que todo el mundo tiene algo que esconder (como si a los delitos los legitimara su abundancia) y reducir todo a maniobras o montajes políticos, el recurso más sobado; con olvido de que no fueron sus rivales los promotores de las dos operaciones sino que éstas fueron iniciativa de jueces y policías instadas por denuncias privadas de empresarios, algunos de ellos en la órbita del propio PP. Aspectos de los que habrá de hablarse en su momento.
Todo lo anterior se ha dicho y es sabido, pero hay un aspecto poco destacado que, a mi entender, refleja una perversión política que debiera preocuparnos más, si cabe. Porque si el PP no denunció antes las irregularidades que asegura conocer se debe a que, en su estrategia de partido, atribuye a la Justicia un papel de comparsa; la considera el lugar en que dirimir controversias y ejecutar las vendettas que estime necesarias; un instrumento, en definitiva. Si conocían las irregularidades, los delitos o las faltas, estaban obligados los populares, como cargos públicos, a denunciarlas desde el primer momento; no es de recibo guardar esa información y reservarla como triunfos de la baraja para utilizarlos cuando pintan bastos.
Esa idea perversa, de instrumentalización de la Justicia, entraña, además, desprecio de los intereses públicos porque las denuncias, ahora y no antes, son en defensa del partido y para salvar la cara a sus dirigentes. Y nada les digo de la falta de respeto a nuestras inteligencias al pretender engañarnos de forma tan burda.
Guste o no guste, el estilo mafioso de estos comportamientos lo confirma el intento de forzar negociaciones a partir de unas denuncias, extemporáneas respecto al conocimiento que se tenía de los hechos supuestamente delictivos, para intentar acuerdos políticos de puertas adentro; como cosa nostra. Así se empieza.
Una síntesis para el triunfo en Tenerife
Foro contra las agresiones a Gran Canaria del periódico "El Día" (Canarias7)
Consulte la editorial publicada en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 12-3-2006
Carmelo Vega y Luis Troya, condenados por prevaricación en Santa Brígida
El juzgado de lo Penal nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al primer teniente de alcalde de Santa Brígida, Luis Troya Ramírez, y al ex alcalde Carmelo Vega a la pena de nueve años de Inhabilitación especial para empleo o cargo público como autores penalmente responsables de un delito de prevaricación administrativa sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
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En el mismo fallo se absuelve a la concejala de Hacienda, Patrimonio y Presidencia, María Teresa Vega Núñez; al consejero del Cabildo de Gran Canaria Carlos Sánchez, y al actual alcalde, Antonio Díaz Hernández.
Asimismo, a los condenados se les impone que indemnicen conjunta y solidariamente a Eloísa Afonso Morales en la cantidad de 350,42 euros e intereses del artículo 576 de la legislación, con responsabilidad civil subsidiaria a cargo del Ayuntamiento de Santa Brígida, tras decretar la nulidad absoluta del acuerdo de la comisión de gobierno del día 4 de septiembre por el que se ordenaba el inmediato derribo del parterre construido por Eloísa Morales, así como el abono por mitad de las costas procesales causadas en esta instancia.
No obstante, contra esta resolución pueden interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de diez días a contar desde su notificación, que será resuelto por la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas efectuadas oralmente en el acto del Juicio calificó los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal del que considera responsable en concepto de autores a todos los acusados, y solicitó la pena, para cada uno de ellos, de Inhabilitación especial para empleo o cargo público por 9 años, así como que indemnicen conjunta y solidariamente a Eloísa Afonso Morales con 350,42 euros, intereses del artículo 576 de ley de costas, con responsabilidad civil subsidiaria a cargo del Ayuntamiento de Santa Brígida, e igualmente la nulidad del acuerdo de la comisión de gobierno de dicho Ayuntamiento de fecha 4 de septiembre de 2002 en lo relativo a la demolición del parterre construido por Eloísa Afonso Morales.
Tunte exige una rectificación
Dolidos por las palabras del presidente del Gobierno, Adán Martín, «que por un hecho vandálico no se la ha ocurrido otra cosa que calificarnos de racistas», los vecinos de Tunte reclamaban ayer la celebración de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para que la Corporación se pronuncie sobre los últimos acontecimientos que han tenido como epicentro esta zona del municipio...................................................................................................
Consideran que el incendio que afectó al Aula de la Naturalez donde estaba previsto que fuesen alojados 81 menores inmigrantes, «nunca puede dar lugar a una acusación tan desproporcionada de un presidente», señala Antonio Juan Santana, quien al igual que Manolo Cabrera, rechaza indignado «lo que para nosotros es un ataque a la dignidad de un pueblo noble, acogedor, pacífico y solidario».
Los vecinos critican la «incapacidad» de los políticos para resolver el problema de los menores inmigrantes, señalando que todo esto ha ocurrido por la falta sensibilidad y de programas de integración del Gobierno de Canarias.
Recuerdan que la vez anterior el Gobierno hizo una serie de promesas que luego incumplio. «Les dieron techo, cama y comida pero se olvidaron de lo más importante, los mecanismos de integración, dejando que los niños, que no son culplables en absoluto, se enfrentaran con el pueblo; es por esto, por esta mala experiencia, que no queríamos que se repitiera el alojamiento de los niños aquí, pero de ahí a tratarnos de racistas creo que es un insulto gratuito que el presidente debería rectificar», apunta Cabrera.
Para Pedro Pablo «no se puede prejuzgar de la forma que se ha hecho dando por sentado que el autor o los autores son de Tunte». «Los habitantes de este pueblo tiene derecho a la presunción de inocencia hasta tanto sea detenido y condenado el cupable», señaló este vecino preocupado «porque acusaciones como las del presidente afectan de manera importante la imagen de la zona».
Otros vecinos creen que antes de calificar a un pueblo de racista o xenófobo se debería mirar un poco la historia, el pasado de su gente, su idiosincracia, «porque si algo siempre ha caracterizado a la gente de Tunte es su hospitalidad y su solidaridad con los que menos tienen»
Narváez no acepta ese término
La alcaldesa, Concepción Narváez, señaló ayer que como no se sabe quien o quienes incendieron el Aula de la Naturaleza y la procedencia de los mismos, «tratar de racistas a las personas que viven en ese barrio, me parece demasiado fuerte; en esto para nada coincido con el presidente del Gobierno» apuntó la alcaldeza, quien estudiará la convocatoria de un pleno extraordinario y monográfico sobre este tema. «La gente es solidaria con los niños, pero no está de acuerdo con el lugar, ya que no es el idóneo para ellos».
Unidad
Las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, calificando de xenófobos a los tirajaneros, provocaron la indignación del pueblo de Tunte pero al mismo tiempo contribuyeron a incrementar su unidad, seguros de que fueron dichas sin pensar en lo más mínimo a quienes iban dirigidas.
Serenidad
El revuelo provocado por los incidentes registrados en los últimos días en absoluto han roto la tranquilidad que caracteriza a las personas de las medianías tirajaneras. La serenidad, casi imperturbable, resultaba ayer asombrosa para quienes acudieron al pago esperando encontrar lo contrario.
Aula
El Aula de la Naturaleza, cuyo mobiliario interior fue incendiado el pasado jueves por manos anónimas, permanecía ayer cerrada a cal y canto. Los vecinos hablaban de la presencia de policías en su interior pero desde el exterior no se observaba ningún movimiento de personas que permitiera suponer que estaba vigilada.
Una parte del grupo regresa a Tafira Baja
El Cabildo Insular de Gran Canaria llevaba a cabo ayer obras de reforma y renovación de mobiliario en el centro de acogida inmediata (CAI) de menores extranjeros de Tafira Baja, el edificio que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó clausurar el pasado 2 de marzo al considerar que las instalaciones no reunían los requisitos mínimos de seguridad para garantizar la integridad física de sus moradores. La Fiscalía se encontró con un incendio en los terrenos inmediatos a la finca del centro cuando se disponía a llevar a cabo una inspección rutinaria.
Según fuentes extraoficiales próximas a la Corporación Insular, la Consejería de Política Social y Sociosanitaria de la Corporación Insular proyecta devolver al centro a parte de los 84 menores africanos que estaban ingresados allí antes del 2 de marzo, y que tras la orden de desalojo de la Fiscalía fueron trasladados temporalmente al polideportivo municipal de Escaleritas.
Las Administraciones Públicas tenían previsto reubicarlos en el Aula de la Naturaleza de Tunte, que fue pasto de las llamas por un incendio provocado en la noche del jueves al viernes, antes de que se ejecutara el traslado.
Las fuentes consultadas explicaron que el Cabildo trabaja contrarreloj en el CAI de Tafira con el fin de que mañana, lunes pueda albergar al menos a parte de los inmigrantes -su aforo autorizado es de 20 plazas- y así dar cumplimiento, al menos de forma parcial, al requerimiento de la fiscal de menores de protección, Inés Herreros, que en la tarde-noche del viernes ordenó el desalojo «urgentísimo» del gimnasio de Escaleritas, al considerar, tras llevar a cabo una inspección, que tampoco estas instalaciones ofrecían garantías de dignidad y seguridad para los inmigrantes ilegales.
Una fuente extraoficial del Cabildo apuntó ayer a este periódico que, supuestamente, el CAI de Tafira podría obtener el beneplácito de la Fiscalía -que en materia de Menores actúa como defensora de su superior interés- siempre que se lleven a cabo reformas de fontanería, albañilería, electricidad, limpieza y cambio de mobiliario. Ayer, en el centro se evidenciaban los signos de actividad de los que da fe el reportaje gráfico, aunque nadie atendió a la llamada de este periódico.
Si el centro está preparado durante la próxima semana para realojar a los menores, las administraciones implicadas en la crisis (el Cabildo es responsable de la ejecución de las medidas para paliar el desamparo, y el Gobierno canario, de la tutela de los jóvenes) sólo habrán resuelto una parte del problema, ya que el centro, inaugurado a mediados de los años 90 como centro para toxicómanos por el entonces presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria José Macías, sólo tiene autorización para albergar a 20 personas.
El Cabildo también sopesaba ayer la posibilidad de alojar a parte de los jóvenes en el antiguo internado de San Antonio en Vegueta, apuntaron fuentes extraoficiales de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.
Las portavocías oficiales de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Política Social del Cabildo declinaron ayer adelantar cuál va a ser la solución definitiva a la reubicación de los menores.
Los 84 sin tierra pernoctaron anoche en el polideportivo. Durante la jornada fueron trasladados a las canchas del López Socas para que tomaran el aire libre, y por la noche volvieron al gimnasio. Una empresa de catering les llevó las tres comidas del día puntualmente.
Menos demagogia
El presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, pidió ayer sentido común, cordura y menos demagogia, y apostó por la repatriación de los menores inmigrantes para no hacer el juego a las mafias y a las organizaciones sindicales. Soria recordó que el Gobierno de Canarias ha establecido un cupo para redistribuir menores inmigrantes en las Islas, fijado en 84 menores, y aseguró que actualmente el número de estos en la Isla de Gran Canaria supera los 140.
Para el PP, es que las mafias sepan que se pueden repatriar a los menores a sus países de origen, de lo contrario el número de menores inmigrantes que se embarcan en pateras puede ir aumentando indefinidamente. Respecto a los menores que debían ser trasladados al centro de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, y que tras el incendio del centro siguen en un gimnasio de la capital grancanaria, Soria afirmó que la consejera de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo grancanario, María de la Salud Gil, remitió a la Fiscalía una relación de los centros disponibles para que fije la situación de los mismos y determine cual es el adecuado para albergar a los menores de Tunte.
Plagas en rojo y negro
De ser ciertas las palabras del consejero de Agricultura, Pedro Rodríguez Zaragoza -quien dijo tener controlada la plaga del picudo rojo en las Islas-, Canarias habrá entrado en la historia como el lugar rápido del mundo que ha vencido al escarabajo más temido del planeta. En sólo cinco meses -el picudo rojo se detectó de manera oficial en septiembre de 2005- se ha logrado acorralar una plaga contra la que nada ha podido hacer la ciencia en la Península desde 1993, en Israel desde 1999 o en Egipto desde mucho tiempo antes.
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Los expertos no se creen la versión del consejero. El especialista en palmeras y miembro de la asociación para la defensa de la palmera canaria Tajalague, Eduardo Franquiz, ya ha calificado sus palabras de «utopía». Y los expertos que participaron en la I Jornada sobre el Picudo Rojo de la Palmera Canaria, celebrada en Santa Lucía a fines de febrero, prefieren no hablar de resultados al menos hasta dentro de un plazo de cinco años desde la puesta en marcha de un plan de erradicación completo.
El Gobierno canario no ha sabido reaccionar. Ante las dimensiones de una plaga que ha acabado ya con la vida de medio millón de palmeras sólo en Egipto, el Ejecutivo autónomo se ha dedicado a lanzar mensajes de tranquilidad. Así reducen a 65 el número de palmas afectadas en las Islas cuando los especialistas refieren más de 200 casos; y aluden al control del picudo cuando eminencias como la israelí Victoria Soroker o la alicantina Susana Gómez hablan de «amenaza mundial» e «invasión mortífera» respectivamente.
descoordinación. Tampoco contribuye a tranquilizar los ánimos la falta de coordinación en las actuaciones. Así, mientras el Gobierno prohibe la importación de palmeras, llega a Tenerife una partida de 220 unidades procedentes de Egipto -el principal foco emisor de picudo rojo-, según denunció Eduardo Franquiz. El otro ejemplo de descoordinación se ha vivido en la última semana: mientras el consejero de Agricultura aseguraba que la plaga estaba bajo control, el titular de Medio Ambiente, Domingo Berriel, ponía en marcha un plan para «determinar con exactitud el alcance real de la afección de la plaga», según rezaba la nota de prensa oficial.
Pero las circunstancias no sólo han superado al Gobierno canario. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal de Zonas Verdes, Antonio Naranjo, empezó negando la existencia de una plaga, limitando la presencia del picudo rojo a una sola palmera. El edil aseguró que se estaba realizando una inspección de las palmeras, una a una, por toda la ciudad y que no se habían detectado más casos. Sin embargo, el tiempo jugó en su contra: aparecieron dos más en la plazoleta de Farray -tras el descubrimiento de otra en Franchy Roca- y al eliminar otras que supuestamente estaban sanas también se descubrió que una de ellas estaba afectada. Al final, lo que era un caso aislado ha terminado por convertirse en cinco y los expertos creen que el curculiónido se puede haber extendido más allá al haber constancia de que un picudo rojo cayó en una trampa por la zona de Usos Múltiples.
Los próximos meses serán importantísimos para conocer la verdadera extensión de la plaga. Con el buen tiempo, el picudo rojo aumenta sus ciclos biológicos. Será entonces cuando se podrá verificar si las previsiones más pesimistas son realistas y la plaga está más desarrollada de lo que dicen los políticos. Será entonces cuando llegue la hora de la palmera canaria.
El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es la mayor amenaza a que se enfrenta la palmera canaria. Se trata de un escarabajo que mata a las plantas que ataca, que es muy complicado de detectar y para el que todavía no se ha encontrado ningún remedio. Una vez que se verifica su presencia, no hay más opción que sacrificar la palmera infectada. El picudo rojo mide entre 2 y 5 centímetros y su color rojizo lo hace fácilmente identificable. Deposita unos 500 huevos y se alimenta de la savia de la palmera hasta que acaba con su vida.
picudo negro
El día que un emigrante de Icod, en la isla de Tenerife, decidió plantar un banano en su finca de aquella zona, no se podía imaginar que en las ramas de aquel arbusto que se había traido como recuerdo de su estancia en Venezuela, habitaba uno de los bichos más peligrosos de los que se conocen en la agricultura. Aunque no está extendido en las Islas, el picudo negro actúa introduciéndose en el tronco de las plataneras y socavando su cuerpo realizando enormes galerías que van debilitando el arbusto. Cuando se descubre ya es demasiado tarde.
Un pariente menos dañino y de otro color
El hábito no hace al monje, pero sí al picudo. O por lo menos en el caso del picudo negro. Desde que comenzó a extenderse el miedo por la posibilidad de que las palmeras de toda Canarias se vieron perjudicadas por el picudo rojo, los plataneros ya sabían qué tipo de bicho era del que estaban hablando.
Dicen que fue un inmigrante retornado de Venezuela el que lo trajo a las Islas, concretamente a la de Tenerife, en el año 1982. Lo hizo en un ejemplar de banano que luego plantó en su finca de Icod, donde encontró el acomodo que le ha permitido vivir más de diez años entre los vecinos de la otra Isla.
La manera de actuar del gorgojo, como lo llaman los medianeros de las fincas tinerfeñas, es la misma que la de su pariente cercano. Barrena las plataneras y se mete dentro haciendo enormes galerías. En más de una ocasión, según cuentan los encargados de las fincas, «al ir a cortar una piña de plátanos, el rolo se ha caido entero al suelo».
A diferencia de su pariente rojo, en el caso del picudo negro, las trampas hechas con feromonas sí lo han hecho acudir al recipiente de plástico, donde queda atrapado. De hecho se revela como el sistema más eficaz, ya que en un total de 80 fincas llega a recogerse hasta ocho kilos de picudos negros que acuden al olor.
La característica común entre los picudos es su capacidad para abrir galerías e introducirse en el corazón de los arbustos que toma como lugar de residencia. Tanto en la palmera como en la platanera, el bicho se introduce en los troncos excavando y las galerías llegan a ser de tal diámetro que terminan por hacer caer los troncos prácticamente huecos y sin materia en la que soportarse adecuadamente. El pequeño bicho tumba los arbustos.
900 trampas por todo el archipiélago
La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha previsto la instalación de 900 trampas de feromonas en todo el Archipiélago para conocer la extensión real de la plaga del picudo rojo. Por Islas, la distribución es como sigue: en Fuerteventura, 200; en Gran Canaria, 250; en Tenerife, 200; en Lanzarote, 100; en La Gomera, 100; en La Palma, 40 y en El Hierro 10. Todos los muestreos se realizarán a una distancia superior a 5 kilómetros de los focos conocidos de la presencia de la plaga, en Gran Canaria y Fuerteventura. Estas medidas son las contempladas dentro del plan bautizado como Medidas preventivas y paliativas ante la presencia del Rhynchophorus ferrugineus Olivier (picudo rojo) en los palmerales de Canarias. Dicha encomienda, que debe estar finalizada el 30 de junio de 2006, se organiza en dos fases: muestreo intensivo de localización del picudo rojo en el medio natural, antes del 30 de abril; y la segunda fase o entrega del documento cartográfico de localización de palmeras, en especial de las canarias, en un ratio de dos kilómetros de los palmerales naturales, antes del 30 de junio de este año.
Telde y los 'Idus de marzo'
Era casi la medianoche del dia 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, cuando la leyenda cuenta que se queman los malos espíritus. En determinados sectores corre el rumor de que a la mañana siguiente se iban a producir detenciones en Telde, concretamente en su Ayuntamiento. El nombre de la edil María Antonia Torres corre de boca en boca.
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A primeras horas de la mañana siguiente, día 2, agentes de la Brigada Provincial de Información procedieron a la detención de seis personas relacionadas con una presunta trama de cohecho, al parecer consistente en la concesión de obras públicas del Ayuntamiento y licencias de obras a empresarios a cambio de ciertas cantidades de dinero.
Los primeros en ser detenidos son María Antonia Torres González, concejala de Obras publicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad del Consistorio, y su marido, Enrique Orts Herrera, interventor municipal. La detención se produce en el domicilio conyugal, en la capitalina calle Galicia. Le siguen Francisco Gordillo Suárez, empleado y asesor de la Concejalía de la que era titular María Antonia Torres; el empresario Antonio Nadal Moreno, responsable en la Isla de la empresa Cobra; Juan Francisco Gordllo Chamoro, hijo de Francisco Gordillo y empleado de Cobra; y el también empresario, Felipe Ojeda Pérez, propietario de una ferretería en el municipio.
El delegado del Gobierno, José Segura, avisa telefónicamente al presidente del Partido Popular, José Manuel Soria y al alcalde de Telde, Francisco Valido, de la operación policial que está en macha por orden del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Telde, a cuyo frente está Javier García, quien ordena el ingreso en prisión de los detenidos y la necesidad de que estén incomunicados. Soria suspende de militancia a Torres y Valido asume las competencias del área de la edil detenida, al tiempo que la oposición solicita un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación que trate de depurar todas las responsabilidades que puedan existir en torno a la recién descubierta trama.
Los primeros datos que salen de las declaraciones de los detenidos hablan de que al menos cinco empresas habían recibido trato preferente del Ayuntamiento a cambio de pagos en metálico. Comienzan a barajarse nombres de futuros imputados y también surgen nombres de concejales, pero son citados de pasada en las grabaciones que se ordenaron en su día tras la denuncia de una empresaria que no quiso seguir pagando comisiones, denuncia que puso en marcha la operación en el mes de julio de 2005.
El día 6, lunes, fallece la madre del alcalde y los grupos políticos acuerdan marcarse un compás de espera, al menos durante dos días, hasta que el primer edil se recupere del fuerte impacto anímico recibido. No obstante es, y mientras la ciudad se conmociona y la actividad municipal queda semiparalizada, se sigue insistiendo en que se convoque el pleno para crear la comisión de investigación y uno de los socios del pacto, el CCN, deja caer que si Antonia Torres no entrega el acta antes de ese pleno, se va del gobierno municipal.
El miércoles, el caso toma un nuevo giro, al confirmarse los rumores que hablan de nuevas detenciones. En este caso son los empresarios Alejandro Navarro, apoderado de la empresa Mazotti, que aparecía citado en la trama desde los primeros momentos y Pedro Betancor, de Cementos las Torres. También son detenidos dos funcionarios, Jorge Rodríguez, miembro de la Mesa de Contratación y Mila Ramos.
entre ataques y contraataques
n 10 imputados. Hasta la fecha, la trama teldense ha provocado la imputación de 10 personas, ocho de las cuales están en libertad, cinco con fianza y tres, Gordillo Chamorro, Felipe Ojeda y Milagrosa Ramos, con cargos, aunque no han tenido que pagar para salir a la calle, según decidió el juez. María Antonia Torres y Francisco Gordillo siguen en prisión, pese a que sus abogados han pedido su excarcelación por motivos de salud, en el caso de Torres por padecer un cáncer de mama, y en el de Gordillo por sufrir de úlcera e hipertensión.
n Ataque fallido. El pasado jueves, estando todavía Valido ausente de la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local acordó presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que presuntamente estaría implicado Juan Manuel Cabrera, ex asesor y cargo de confianza en Urbanismo en la etapa de Francisco Santiago como alcalde. Al parecer, Guillermo Reyes contaría con un dossier que señala tratos de favor en la adjudicación de dos parcelas en La Mareta. Ese contraataque del grupo de gobierno, donde el CCN se seguía removiendo inquieto, no se lleva a efecto el viernes pasado, como estaba anunciado. El alcalde toma el mando y la palabra y dice que faltan documentos y que ya se presentará.
n Imputado. Así las cosas, el pasado fin de semana se supo que el edil de Urbanismo, Guillermo Reyes, de AFV-Ciuca, está imputado por presunta prevaricación, cometida en noviembre de 2003, cuando el pleno municipal revocó un concurso público a la empresa Urbagest, propiedad del promotor inmobiliario Julián Gómez del Castillo.
Según fuentes judiciales, a Reyes se le acusa de incurrir en posibles ilegalidades al promover la anulación del concurso otorgado poco antes de las elecciones del 25 de mayo de ese año.
n La ciudad, esperando. La ciudad de Telde, conmocionada por los acontecimientos que se suceden en cascada, espera, quizás en vano, que el pleno de mañana arroje un poco de luz. Lo que sí se sabe de cierto es que mañana, en ese pleno, al menos al principio, el CCN, que tiene la palabra de Valido de que Torres no se sentará más en las filas del PP, estará con el gobierno.
¿Se va a investigar de verdad?
Esa es la pregunta que se hace la ciudadanía al conocer dos hechos fundamentales en la convocatoria del pleno para crear la comisión de investigación: el primero, la designación del presidente de la misma, hecha por el alcalde, sin consensuarlo con la oposición, y el segundo, la composición de la comisión, donde existe mayoría del grupo de gobierno, una de cuyas concejalías es el objeto de la investigación. Gráficamente, algún miembro de la oposición ha dejado dicho que «esto es como poner al gato a cuidar de las sardinas», mientras que otros, como José Antonio Perera, del POE, han asegurado que el grupo de gobierno no quiere ser investigado y que lo único que pretende es cubrir un expediente que la ciudadanía le exige para seguir huyendo hacia adelante. El propio Perera había solicitadod que la Audiencia de Cuentas de Canarias investigara las cuentas de esa concejalía, pero no le han prestado oídos.
Pasión por la apicultura en la Cumbre
Tiene 400 colmenas repartidas entre Valsequillo, Las Lagunetas, Ayacata y Tejeda que le dan entre 2.000 y 3.000 kilos de miel al año. Con ellos hace vino de miel, entre otros productos, y manda a que le hagan cosméticos. Es José Juan Ojeda, el mielero de Las Rozas.
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Esta temporada, debido al frío y las lluvias, las abejas del mielero de Las Rozas no van a hacer su mejor campaña. Se le han muerto muchas y «los días de niebla y frío no trabajan», comenta de sus obreras en la tienda que tiene en la salida del casco de San Mateo hacia Tejeda, donde vende miel de varias clases, hidromiel, cera, propóleos, polen, jalea real y todo tipo de cacharros de la apicultura, su gran pasión. En todo caso, el curso de sus abejas negras se salva o no en primavera. «Igual se recuperan con la floración», dice la voz de la experiencia.
Nacido y criado en San Mateo, José Juan Ojeda Ortiz se marchó a los 20 años a Las Rozas y allí aprendió a hacer vino de miel, a cuidar colmenas y a domar enjambres naturales, entre otras habilidades de este empresario rural. A principios de este siglo creó una pequeña industria que se somete a todos los análisis sanitarios necesarios para comercializar sus productos con garantía de calidad y ahora mismo, presume a sus 56 primaveras, es el único apicultor grancanario que fabrica hidromiel con registro sanitario.
Fruto de su espíritu emprendedor, José Juan tramita un expediente para lograr que la miel de eucalipto que le dan las colmenas que tiene por Las Lagunetas obtenga denominación de origen como tal, lo que sentaría precedente en Canarias. «Te sacan melaza de la flor y el polen y a las abejas les gusta cantidad. Si comen de la del eucalipto, que sale de mayo a agosto o septiembre, no tocan la flor del romero», explica mientras enseña un frasco con un contenido más oscuro que el de otras mieles. «Es más negra y tiene las propiedades del árbol», agrega.
La mielería de José Juan Ojeda es sometida cada tres meses a controles sanitarios por parte de los veterinarios del Gobierno regional, quienes, entre otras cosas, analizan la graduación alcohólica que adquiere el vino de miel que produce en la tienda que tiene en el casco urbano de San Mateo.
Un licor de sabor afrutado y ácido
n El mielero de Las Rozas produce vino de miel en la tienda que tiene en la salida del casco de San Mateo hacia Tejeda. Allí lleva a cabo el proceso de fermentación de los opérculos y la miel, luego el del envejecimiento del líquido resultante en barricas de roble de varios tamaños y la posterior purificación y embotellado del hidromiel, un licor que finalmente resulta afrutado (manzana, pera,...) y un poco ácido, según explica José Juan. De otra de sus especialidades, en este caso los própoleos, le llegan pedidos desde Inglaterra y Barcelona, cuenta. Y es que, según señala, el antibiótico natural que las abejas usan para sellar por dentro sus celdas se ha usado desde que el mundo es mundo para barnizar a los embalsamados y también para mejorar la afinación de instrumentos con caja de resonancia. En cuanto a los cosméticos -cremas para las manos, fijadores solares,....- el mielero de Las Rozas envía cada año parte de su producción a una cooperativa apícola de la Península, ubicada en Guadalajara, para que le fabriquen los suyos con la materia prima que manda.
Violencia escolar, ¿responsabilidad escolar?
MANUEL MARRERO MORALES
La dirección de un centro de infantil y primaria me informaba recientemente sobre cómo unos niños de 6º simulaban o daban palizas en el recreo, con la finalidad de grabarlas en sus móviles y de cómo un grupo de niños de 3º se constituía en pandilla para ejercer violencia sobre los de 1º y 2º. Llamados los progenitores de los encausados al centro escolar, todos, sin excepción, adquirieron el compromiso de intervenir para intentar reeducar a sus vástagos, imitadores de conductas antisociales.
Hace pocos días, en un instituto de Málaga, un padre propinó un cabezazo a un docente tras acusarlo de haber maltratado a su hija y, en otro centro, han expulsado temporalmente a un alumno de segundo de ESO que "le dio una colleja" a un profesor. Según el director, cuando llamamos al alumno éste se dedicó a montar una escandalera. Se puso a gritar y a vociferar. El centro siguió el protocolo previsto en estos casos, que pasa por la comunicación a los padres del infractor. La madre reaccionó fatal. En cuanto llegó pidió los papeles para cambiar a su hijo de centro. No le interesaba conocer lo que había hecho su hijo y, de hecho, se fue despotricando.
La violencia entre iguales se ha convertido en un contravalor emergente en nuestra sociedad. Establecer formas de dominio, estrategias de acoso, actitudes intimidatorias entre personas de la misma calle, del mismo barrio, de la misma escuela, incluso del mismo lugar de trabajo, parece que se extienden como un magma que impregna una buena parte de las relaciones sociales. Todas estas actuaciones, que en muchas ocasiones son casos aislados dentro de una colectividad, suelen servir como atractivos titulares para muchos medios de comunicación. Se está creando un estado de opinión al respecto, y la percepción ciudadana está cada vez más cercana a la existencia de una violencia generalizada, y mucho más escandalosa aún, cuando de violencia escolar se trata. Y aunque la violencia forme parte de la sociedad, ninguna institución parece estar en condiciones de dar una respuesta y, sin embargo, se le pide a la escuela que la dé.
Bajo los parámetros de la globalización, el mercado se ha convertido en el principal rector de la vida social, política y cultural. Los excluidos sociales y una gran parte de los que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, seguramente tendrán la razonable convicción de que la sociedad los centrifuga de forma violenta hacia el extrarradio; los jovenes, que han fracaso académicamente y además no encuentran un trabajo que les permita vivir con dignidad, sobreviven en una continua sinrazón, pues a la vez están inmersos en una sociedad que continuamente les lanza mensajes para que se integren en los inalcanzables circuitos del consumo (moda, tecnología, alimentación, ocio, drogas, cultura...). Uno y otro segmento de la población viven una creciente situación de violencia social, institucional incluso, alimentada por un reparto desigual de la riqueza y de la justicia. No es de extrañar que no le tengan demasiadas querencias a un sistema del cual reciben escasos beneficios, ejemplos no muy lejanos tenemos en las calles de París. No obstante, hay que reconocer que la violencia no es una manifestación exclusiva de los más desfavorecidos, impregna a todas las clases sociales. A todo ello hay que añadirle que algunas instituciones (la Iglesia, la Escuela y el Ejército), tradicionalmente encargadas de la domesticación para integrar en una sociedad obediente, han ido perdiendo eficacia en los últimos tiempos. La familia por su parte, o se encuentra incapaz o, incluso, refuerza los valores dominantes en la sociedad, profundizando en las contradicciones.
En el otro extremo, los que nos encontramos relativamente acomodados y apuntalando el sistema -que hasta cierto punto nos está beneficiando- somos los que sentimos la violencia a nuestro alrededor, como algo externo a nosotros e incluso, en algunas ocasiones, como sufridores de la misma. Y comenzamos a buscar denodadamente soluciones al problema, que en definitiva evidencian nuestra mentalidad, nuestro grado de implicación, nuestra concepción de los roles sociales. Y las decisiones son de lo más dispares.
En lugares como El Salvador, los centros escolares no escapan a la violencia generalizada del país. El Ministerio de Educación ha puesto en marcha el plan Escuelas Seguras que incluye planes de seguridad con los directores y también con la policía. El viceministro dijo que esperan proteger a los alumnos de centros escolares, ubicados en zonas donde acecha la violencia. Medidas coyunturales y represivas, pues, para combatir la violencia estructural.
En nuestro país, en los meses previos a las elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria, un sindicato gremial denominado Asociación Nacional de Profesores Estatales (ANPE), ha hecho público un decálogo de medidas que creen necesario implantar en los centros escolares para mejorar la situación del profesorado, entre las que destaca la creación de una comisión de disciplina en cada centro y el reconocimiento del profesor como autoridad pública, igual que otros funcionarios. Algo similar opinan los religiosos de la enseñanza, aglutinados en la FERE, cuando piden reforzar la autoridad del director, los profesores y el claustro, aunque admiten- también es una cuestión de formación en valores.
Está claro que hay un buen número de personas que opinan que debe haber unas normas claras, una especificación de los derechos y deberes de cada cual y un reglamento con una tipificación de las faltas y los castigos correspondientes. Una vez abierto el expediente sancionador, todo se resuelve con la aplicación automática de los reglamentos y la correspondiente expulsión temporal o el traslado del problema a otro centro educativo. No quieren perder el tiempo en analizar que cada persona es distinta y que cada situación obedece a unas causas específicas. Y no bastan las medidas punitivas y coercitivas.
En el caso de los poderes públicos, que se encuentran con el deber de dar una respuesta rápida a las demandas ciudadanas, en general se buscan titulares efectistas que den la sensación de que todo está bajo control: Observatorios sobre la violencia escolar, planes de choque,... En el mejor de los casos, sólo se persigue atajar las consecuencias.
La violencia escolar sirve como argumento para políticas de privatización, para focalizar el interés de los usuarios del sistema en la seguridad y no en otras carencias, así como para la intensificación consentida de la vigilancia (videocámaras, seguridad privada,...). Es evidente que favorecen estas tensiones las condiciones de vida y trabajo de los centros educativos: ratios excesivas, carencia de profesorado de apoyo, políticas de reducción de plantillas, escasa preparación del profesorado para afrontar estas nuevas situaciones, minusvaloración social de la institución escolar y del trabajo docente, contradicciones entre los valores que se intentan desarrollar en los centros educativos y los reclamos y modelos sociales,... y mientras tanto los discursos públicos hablan de solidaridad, de atención a la diversidad, de educación para el consumo, de educación para la convivencia, al mismo tiempo que se traslada a la escuela la responsabilidad de solucionar el problema de la violencia, entre otros, y a buen seguro que el profesorado lo intenta, incluso a costa de su salud.
Hacen falta políticas sociales que favorezcan la inclusión social, la disminución de las injusticias, el pleno empleo, unas condiciones de vida y trabajo dignas, unos servicios públicos eficientes, unos medios de comunicación que transmitan otros modelos, favorezcan la emancipación y no el adocenamiento y la ignorancia supina. La elevación del nivel cultural, social y económico de la población debería traer consigo las prácticas de otras formas de resolver los conflictos, mediante el diálogo y el razonamiento. Medidas estructurales, a medio y largo plazo; en definitiva, que impere la fuerza de la razón.
Carta abierta a doña Josefa Luzardo
PEDRO RAMIREZ ROMERO
Querida alcaldesa:
Quisiera pedirle un pequeño favor. Por favor, coja un taxi. Uno de esos con televisión en los asientos traseros. Por favor, deje por una vez el coche oficial y hágalo. Aunque sea sólo por mí, señora alcaldesa. Y cójalo de noche, cuando las pantallas queman los ojos y marean más que de día, cuando el mirar a una pantalla a menos de 30 centímetros de tu cara te da ganas de echar la sopa.
Entonces, por favor, tenga la bondad de pedir al taxista que apague las televisiones. Sí, esas que le marean y que le están deslumbrando. Esas mismas. Entonces el taxista le dirá que no es posible, que están conectadas al sistema eléctrico del coche y no se pueden apagar. Usted tiene que callar y tragarse lo que sale en las pantallas. Sí, esas que le queman los ojos. Qué cosas.
Entonces, señora alcaldesa, seguramente usted, con razón claro, se enfadará. Se sentirá estafada y molesta, porque esas televisiones que la están mareando, molestas para los ojos y para el estado normal del estómago de cualquiera, no se pueden apagar. Se planteará por qué pagando lo mismo que en otros taxis tiene usted que pasar por ese suplicio. ¿Por qué no nos descuentan algo de la carrera que compense la inyección de publicidad? ¿Por qué usan los taxistas métodos tan invasivos, desagradables y hostiles hacia los ciudadanos que les dan de comer? ¿Qué les hemos hecho de malo? ¿Quién es el responsable de todo esto?
Y entonces, claro, usted comprenderá: el responsable es usted, señora alcaldesa.
Usted autoriza esas cosas. Usted ha puesto publicidad del Ayuntamiento de Las Palmas en esas pantallas. Usted, bueno, la concejalía responsable, cobra unos euritos por cada pantalla. Pero los ciudadanos no vemos nada de ese dinero. Nadie nos devuelve los mareos y el hastío que supone, la merma de calidad de vida, de ver un espacio más invadido por la publicidad. Uno más.
Mire, señora. En esto hay una rara unanimidad: la gente ya de por sí está bastante caliente con usted (¿le recuerdo cositas como el Carnaval, el cierre de los chiringos, su plan de la Gran Marina, la huelga de la policía municipal, la ciudad insegura, entre otras lindezas?) como para que encima les meta teles con anuncios en los taxis, teles que queman los ojos, que marean sin comerlo ni beberlo. Se publican cartas en los medios, editoriales, la gente se queja y los taxistas están cabreados porque pierden clientes muchos ciudadanos si vemos un taxi con pantallitas preferimos esperar a otro que no las tenga; es que queremos digerir la comida, qué le vamos a hacer-. Y total porque no se pueden apagar, porque el instalador ha desactivado el botón de apagar que hay en cada pantalla.
Eso, señora, es un atropello. Ni usted ni una asociación de taxis pueden obligarme a consumir publicidad porque sí. Y los taxistas lo saben, muchos me cuentan que están hartos de broncas con los clientes a cuenta de las pantallitas, señora alcaldesa. ¿Y sabe lo que les responden los instaladores cuando piden algo tan sencillo como poder apagar las pantallas a petición del usuario? Les responden con un vuelva usted mañana. Vaya, como en el Ayuntamiento. Qué cosas.
Señora, yo y otros ciudadanos estamos hartos. ¿Cree usted de verdad que renta tensar más aún la cuerda por unos euritos de impuestos más?.
Señora alcaldesa, por favor, póngase en el lugar de los ciudadanos. Coja un taxi.
El PP suspende a Toñi Torres, y Valido la expulsa de su grupo de gobierno de manera cautelar y sólo mientras dure el procesamiento judicial
La concejala del Partido Popular en Telde María Antonia Torres ha sido suspendida de militancia del partido de manera cautelar, tras su encarcelamiento el pasado 1 de marzo en Salto del Negro acusada de delitos de corrupción dentro de la Operación Faycan. El anuncio lo hizo este lunes Francisco Valido, alcalde de Telde (PP), antes del pleno monográfico que aprobó crear una comisión de investigación interna, sin el apoyo de NC y de PSC. Valido también anunció que Torres tampoco forma parte ya del grupo de gobierno municipal.
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La salida de Toñi Torres del grupo popular cumple con la condición impuesta la semana pasada por uno de los tres socios del equipo de gobierno teldense, CCN, cuyo concejal Juan Martel iba a abandonar este lunes el mismo si no se expulsaba a la edil encarcelada por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias
La suspensión cautelar de militancia de Torres, confirmada por el comité de derechos y garantías del PP, estará vigente durante el proceso judicial que afecta a la concejala. Una suspensión que pasará a ser definitiva en el caso de que Torres sea condenada. Si no lo es, la edil podrá permanecer en el Partido Popular.
María Antonia Torres pasará a ser concejala del Grupo Mixto, ya que no ha renunciado a formar parte de ningún grupo, como fue el caso de los ocho ediles de Nueva Canarias, que rompieron el año pasado con Coalición Canaria y son desde entonces concejales no adscritos, según explicó un concejal del grupo de gobierno a CANARIAS AHORA.
Sin embargo, otro miembro del grupo de gobierno dijo a este periódico que Torres deberá integrar el grupo de no adscritos, en contradicción con lo que exponía minutos antes su compañero de partido, con lo que la confusión en el propio grupo de gobierno es máxima en torno al futuro de la concejala.
La decisión de expulsar a María Antonia Torres del Partido Popular fue comunicada a primera hora de este lunes al alcalde de la ciudad de los faycanes, Francisco Valido, "por la dirección del partido", según comunicó al comienzo del pleno monográfico sobre la supuesta trama de corrupción.
A partir de este momento, "María Antonia Torres causa baja del Partido Popular", fueron las palabras del alcalde, quien tras concluir la sesión plenaria informó a los medios de comunicación de que ya estaba redactado el decreto por el que Torres deja de formar parte del grupo de gobierno municipal.
Francisco Valido reiteró su confianza en que Torres entregue su acta de concejala, tal y como le ha solicitado el Partido Popular, algo a lo que ella se ha negado a través de su marido, el interventor municipal Enrique Orts -también imputado en el caso de un supuesto pago de comisiones-, quien dijo que no entregará el acta "porque se la dio el pueblo".
En cualquier caso, el alcalde popular recalcó que "todos los días" se pone en contacto con la familia de Antonia Torres para interesarse por su estado anímico y de salud, a la vez que deseó que "salga pronto a la calle", porque ocurra lo que ocurra, "lo que no voy a hacer es retirarle mi amistad".
¿Mejor en guagua?
FRANCISCO QUEVEDO JOVER
Soy un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria con su centro de trabajo en el Campus Universitario de Tafira. Cada día acudo allí en transporte público, normalmente en la Línea 25 de Guaguas Municipales. Escribo esto porque el servicio que ofrece esta línea cada vez es peor. Como ejemplo les relato mis aventuras en dicha línea la mañana del jueves 9 de marzo del 2006.
Me sitúo en la parada de la guagua del Obelisco a las 8.50 de la mañana y espero pacientemente a que llegue mi guagua, a las 9.20 aparece por fin una 25 (de las de tamaño normal) repleta hasta arriba, con lo que sólo pueden subir a la guagua 8 ó 9 personas de las más de 20 que estábamos en la parada en ese momento; toca seguir esperando. Por fin, a las 9.48 aparece otra 25 y de nuevo tampoco es de las dobles, ésta también está hasta los topes, pero como estaba de los primeros de la fila logro subir. La guagua se nota que ya lleva unos cuantos años de servicio en nuestra ciudad, pues con la tremenda carga de gente le cuesta lo suyo subir la cuesta que lleva a Tafira Baja. Nada más entrar en el Campus y justo al llegar a la parada de Ingeniería, la guagua dice basta y después de un pequeño estruendo, seguido por un nube blanca proveniente del motor, el conductor nos informa de que la guagua está rota y toca bajarse, con lo que tengo que hacer el último trayecto hacia mi trabajo a pie (menos mal que no estaba muy lejos). Total que llego a mi puesto de trabajo a las 10.15 de la mañana, es decir 1 hora y 25 minutos después de llegar a la parada para hacer un recorrido que no debería llevar más de 15 o 20 minutos.
¿Es esto un servicio digno del siglo XXI? ¿Para qué hacen nuestros gobernantes campañas de concienciación ciudadana de uso del transporte público si no se gastan un duro en el transporte en sí?
La otra alternativa para subir en transporte público a la Universidad son las líneas de Global, que tampoco son ninguna maravilla (aparte de que su precio es tremendamente caro: 1,05 euros el trayecto, rebajado a 0,79 euros si usas un bono).
Hasta cuándo vamos a seguir así. ¿Por qué no pone Guaguas Municipales más vehículos en horas punta. (Entre las 8.30 y las 10 hacia Tafira y de 12.30 a 14.30 hacia Las Palmas)? ¿Por qué no se usan guaguas en las debidas condiciones y de un tamaño adecuado al volumen de gente? Además de esto les recuerdo que la 25 suspende sus servicios a Tafira desde mediados de junio hasta octubre, como si en esos meses nadie subiese a la Universidad. ¿Se olvidan de que esas son precisamente las fechas de los exámenes?
Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife ya no pueden acoger a más inmigrantes
Los centros de internamiento de inmigrantes indocumentados de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura se encuentran "prácticamente al límite de su capacidad", que supera en conjunto las 1.600 plazas, a causa de los centenares de llegadas de personas en pateras de los últimos días.
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La situación de esos centros, agravada este fin de semana con la llegada de otros 211 inmigrantes más en un periodo de menos de 24 horas, entre la tarde de este sábado y la mañana de este domingo, ha obligado a dar instrucciones a la Policía Nacional a que agilice las diligencias tendentes a su repatriación desde la Delegación del Gobierno en Canarias, según confirmaron fuentes de la misma.
La urgencia de esas gestiones obedece además, en buena medida, a la necesidad de contar con espacio para albergar a otros muchos inmigrantes que se ha pronosticado podrían llegar en próximos días al Archipiélago en barcas procedentes del vecino continente africano.
Un continente desde donde el gobernador de Nuadibú, Yahya Uld Mohamed Fall, afirmó el pasado jueves que más de 12.000 subsaharianos se encontraban actualmente en los alrededores de esa ciudad portuaria de Mauritania, fronteriza con el Sáhara Occidental, a la espera de poder emigrar clandestinamente a Europa, en gran parte a bordo de barcas en las que intentarían alcanzar Canarias.
Ello determinó el viernes a la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, a demandar "una respuesta lo más contundente posible" del Estado y la Unión Europea ante la "avalancha" de inmigrantes que se prevé partan hacia la Islas, que instó a atajar en el propio territorio de Mauritania ayudando a sus autoridades.
En el Archipiélago, entretanto, el centro de internamiento de inmigrantes de Tenerife, isla a la que llegaron desde este este sábado 100 nuevos inmigrantes, tiene ocupadas 234 de las 238 plazas con las que cuenta, según fuentes de la Delegación del Gobierno que afirmaron que situaciones similares existen en los de Gran Canaria y Fuerteventura, con capacidad para 1.200 y en torno a 200 personas.
Algo de lo que ya advirtió este sábado el secretario general del PSC-PSOE, Juan Carlos Alemán, quien, tras una reunión de la Ejecutiva de su partido, pidió al Gobierno español políticas de solidaridad para con el Archipiélago ante el lleno de los tres centros de acogida de inmigrantes indocumentados.
El dirigente socialista precisó que en lo que va de año habían llegado a Canarias 2.331 inmigrantes indocumentados, 49 de ellos menores de edad, si bien esa cuenta ha aumentado después de sus declaraciones con los 211 más arribados desde la tarde de este sábado, que hacen que la cifra final se sitúe ahora en 2.542.
Todo ello en un contexto en el que la capacidad de atender a los inmigrantes llegados a Canarias ha sido también materia de polémica pública debido al desacuerdo de Gobierno Autónomo y Cabildo de Gran Canaria sobre quién debe hacerse cargo de alojar a unos sesenta menores magrebíes o subsaharianos que, ante el hacinamiento de un centro de acogida inmediata, duermen en un gimnasio en colchonetas.
Menores que vieron además esfumarse la oportunidad de contar con un alojamiento mejor el pasado viernes cuando, de madrugada, se descubrió que el Aula de la Naturaleza de Tunte, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana del sur de Gran Canaria, había sido objeto de un incendio que el presidente del Gobierno Autónomo, Adán Martín, y otros políticos han condenado como un acto de xenofobia.
Caimán no come caimán
JOSÉ A. ALEMÁN
Hay sociólogos y politólogos a los que no gusta llamar clase política al conjunto de los mandarines y demás familia; prefieren denominarlos personal político. Vale, que no estamos aquí para discutir. Pero les digan como les digan, que les dicen muchas cosas feas, lo cierto es que con los escándalos últimos se nos han puesto los políticos corporativistas perdidos.
Así, Paulino Rivero negó la extensión de las prácticas corruptas con contundencia pareja a la de Adán Martín. Y ahora Juan Carlos Alemán acaba de asegurar que los casos que nos ocupan estos días son aislados, mientras Soria habla en la misma sintonía de tumores a extirpar; no sé si con metástasis o sin ella.
Los políticos han cerrado filas, pues. Algunos se dicen sorprendidos por la que está cayendo. Un ejercicio de relativización para que todo siga igual una vez superados los actuales trances; meros contratiempos, a lo que se ve. Son actitudes que anticipan lo poco que darán de sí las investigaciones parlamentarias en virtud del principio de que caimán no come caimán, aunque a veces hagan mutuas ostentaciones de fiero apetito para que no defraude el espectáculo.
Sin embargo, por mucho que quieran quitarle hierro la corrupción tiene algo de estructural porque la favorecen o al menos la propician las propias leyes. Los empresarios de la Construcción apuntaron al sistema de contratación de obras públicas como causa y sabemos cuánto aprovecha a los listillos la ley de financiación de los partidos, que les da un plus de impunidad. Pero dejo estos aspectos para otro momento y vuelvo a los Adán, Paulino, Alemán y Soria.
Ninguno puede alegar ignorancia. Recordemos, sin más, la Memoria 2001 de la Fiscalía del TSJC. Denunciaba un contexto de corrupción, con presiones permanentes sobre los alcaldes por parte de los promotores inmobiliarios, que no han de apretar demasiado ante la enorme facilidad con que se dejan convencer. En la construcción turística se describía incluso el modus operandi: el promotor comunica su proyecto a las autoridades municipales y una vez asegurada su conformidad/complicidad, compra grandes superficies de suelo rústico que son enseguida recalificadas como urbanizables, con el plan parcial correspondiente. Los fiscales calificaron estas prácticas de pelotazos, imposibles sin la implicación y participación directa de los políticos; que utilizan, añado de mi cosecha, la intimidación para que el propietario original suelte los terrenos objeto de deseo. En este caso, nuevo dato estructural, se aprovecha que el urbanismo y sus trapicheos son la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos.
Aquella Memoria provocó la reacción airada de los políticos. Muy parecida a la suscitada en su día por las declaraciones del ministro López Aguilar acerca de la perversa confusión de intereses empresariales y políticos. La relativización corporativista de Alemán y Soria se inscribe en esa línea de negar el contexto del que surgen la trama eólica y lo de Telde; que no son fruto del azar sino de un estado de cosas conocido. Decir que son casos aislados o tumores a extirpar es fijarse sólo en los efectos evitando entrar en las causas. Aparentan un candor tan imposible en esta gente que insulta nuestra inteligencia.
Las dunas menguantes de Maspalomas
En la madrugada del primero de marzo, una galerna de agua y viento removió unas 400.000 toneladas de arena de la playa del Inglés y Maspalomas. Por la mañana, en plena visita de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, y su concejal de Playas, Esteban Valido, varios empresarios con locales a la puerta del marisco pusieron el grito en el cielo. Incluso uno de ellos increpaba a Valido por estar en un ayuntamiento que, después de tantos años, "no ha construido ni un muro para contener" la avalancha de callaos que, ahora, había sustituido la arena por la que los turistas, potenciales clientes de sus establecimientos, transitaban de la playa al Faro.
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Hablaban de la invasión del mar en unos comercios y locales que previamente han invadido el océano y que han sorteado una Ley de Costas que establece que no se puede construir a menos de 100 metros de la pleamar. Esta ida y venida de la marea, por más que se recurra al tópico de que "no lo recuerda ni el más viejo del lugar", está perfectamente documentada desde que se inventó la máquina de hacer retratos. Vienen con temporales de tiempo sur con una cadencia aproximada de unos cinco años, y es cada 15 cuando se hacen más espectaculares, como tiene por escrito el catedrático de Ciencias Geológicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jesús Martínez, considerado como uno de los mayores expertos en la materia a esta vera del Atlántico. Es más, como para corroborar una profecía, estamos en 2006, y uno de los precedentes de mayor enjundia tuvo lugar en 1991. Una resta que da 15, lo que avala las cuentas del catedrático. En aquella ocasión hubo más maremoto que en la presente, con un tapizado de callaos que invadió hasta el puesto de la Cruz Roja de Maspalomas. Hay que subrayar que la linde afectada por este movimiento se encuentra desde Morro Besudo hasta el principio de Meloneras, principalmente, pero se trata de un fenómeno que muestra que las playas están vivas, y no muertas como un parque urbano. Esta vitalidad incluye su propia regeneración en unas pocas semanas, por más que cuando siempre llega la última invasión, como ocurrió hace unos dos años, se hagan pesimistas previsiones, como la que preconizaba que aquello no volvería a ser igual hasta dentro de dos meses.
Antonio Cruz, una autoridad histórica del Turismo en Canarias, recuerda de toda la vida estas arribadas de callaos y la separación de la playa por la entrada de agua de mar. "Y mayor aún se da en San Agustín, pero en muy poco tiempo recupera su fisonomía natural".
Sin embargo, este hecho totalmente natural tiene un positivo efecto colateral, porque al recordarse la dinámica de todo el conjunto de playa del Inglés y Maspalomas, con sus seis kilómetros de línea costera, su campo dunar y la inmensa plataforma submarina, se sacan cuentas de la evolución de su estado, y éste sí que pone en alerta a los expertos.
Según el propio Martínez, que estudia el sistema desde el año 82, ya van perdidos más de 50 metros de anchura de costa. Además las dunas están decreciendo vertiginosamente desde finales de los años 60, periodo en que comenzó su expansión urbanística y en el que se alteró el ciclo de entrada -por Playa del Inglés- y de salida -por el Faro de Maspalomas- de la arena que surte al conjunto.
Enrique Copeiro, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y que trabaja con equipos interdisciplinares en proyectos relacionados con la costa, asegura que la pérdida de arena y la reducción del volumen de las dunas "no tiene discusión".
Y considera que la "conclusión más clara es que no se pueden autorizar puertos, diques o barreras submarinas entre el barranco de Tirajana y el de Maspalomas, porque contribuirían a disminuir los aportes en la zona". De hecho, y a modo de ejemplo, en el dique de Las Burras, construido en 1966, se acumulan toneladas de arena que, ahora, no llegan al Inglés.
Copeiro asegura que los informes de fotometría aérea demuestran que ese volumen "baja y baja". Según este experto, existen dos fuentes principales de arena. Una parte proveniente de los organismos calcáreos marinos -"que es la blanquita"-, muy poco estudiada, y la procedente de los aportes terrígenos, que principalmente llegan por el barranco de Tirajana.
"Este barranco", explica, "ha tirado enormes cantidades de arena al mar, pero ha sufrido tantas extracciones de material en su cauce que se han creado cubetas enormes en las que se deposita material cuando llueve", cortándose así su paso a la playa, un fenómeno que también ocurre desde mucho antes en todo el Levante español, con el agravante de que allá esos depósitos se han utilizado para fabricar hormigón.
Este hecho, según la misma fuente, "es irreversible, ya que ocurre lo mismo que las cuentas de la vieja: se ha ido deforestado y se ha extraído ya más materiales del barranco que lo que ahora pueden aportar sus propias laderas".