Antonio Morales Méndez*
A finales del pasado año los productores de energía fotovoltaica de Canarias levantaron la voz para manifestar que estaban dispuestos a llegar al TC para denunciar las pérdidas económicas y la inseguridad jurídica que les producía el nuevo Decreto Ley del ministro Sebastián porque recorta las primas a la producción, lo que tiene especial incidencia en este archipiélago, porque fija un límite horario especialmente oneroso para las islas. El daño causado a muchísimos pequeños y medianos inversores ha sido tremendo. No oí ninguna voz institucional poniéndose a su lado para defender la energía fotovoltaica, y eso que ha reducido su coste en más de un 70% en los últimos tres años y, además, abre un extraordinario campo de futuro para la investigación, la innovación tecnológica, la exportación, la creación de puestos de trabajo
Hace unos días este periódico denunciaba que la burocracia ponía en jaque a la energía solar en Canarias. Afirmaba que los problemas con el PGO de San Bartolomé de Tirajana, la incomprensión del Cabildo grancanario y la poca colaboración del Gobierno, impiden poner en marcha una planta de 22 MW de cien millones de euros de inversión. Por cierto, una historia que se ha visto repetida una y otra vez en los últimos años.
Un porcentaje altísimo de los pequeños y medianos promotores de energía solar han tenido que quedarse en el camino por las trabas para enganchar a la red por parte de la compañía encargada de hacerlo en régimen de monopolio (Endesa).
Con los parques eólicos de esta isla sucede otro tanto. Ninguno, pero ninguno, de los parques eólicos adjudicados en el último concurso de esta Comunidad, ni los parques ya instalados pero que se acogen a la repotenciación, se pueden poner en marcha en estos momentos, fundamentalmente por las afecciones y las servidumbres aeroportuarias. Y eso que (perdonen la repetición) abren un extraordinario campo de futuro para la investigación, la innovación tecnológica, la exportación, la creación de puestos de trabajo
La central hidroeléctrica de Chira Soria, adjudicada a Endesa-Enel, imprescindible para facilitar el almacenamiento de las energías renovables, se encuentra también en la actualidad parada. En un principio el parón se justificó porque no se había fijado por el ministerio de Industria la retribución por generación de energía y, aunque se nos dijo que ya estaba el problema solucionado, la verdad es que el ministro Soria aún no ha firmado el decreto. Pero si esto se solucionara, Endesa no presentará el proyecto hasta marzo y las obras, según fuentes del propio Cabildo, no se podrán empezar hasta dentro de un año porque falta por tramitar la calificación territorial del suelo donde irán las instalaciones. Veremos.
Como pueden comprobar, el panorama no es nada halagüeño para las renovables. Estamos a la cola de España en la producción de energías limpias y las perspectivas de futuro son muy turbias. Y eso que según un estudio de la ULL producir energía con fotovoltaicas en Canarias cuesta entre 10 y 15 céntimos de euro el kWh, frente a la convencional fósil que nos sale a entre 18,6 y 26 céntimos y que, según el Cluster Ricam la producción con eólica cuesta justo la mitad.
Pero claro, mientras esto sucede nuestras instituciones y los partidos políticos mayoritarios (PP, PSOE y CC) se desgañitan defendiendo la entrada del gas en esta tierra que, -por cierto, no admite ninguna comparación con las renovables- y respaldando la potenciación de los ciclos combinados que, eso no se dice nunca, reciben también una prima de incentivo a la inversión y perciben una subvención del Gobierno español de 600 millones al año por garantizar el suministro y por compensar su pérdida de capacidad de producción por el auge de las renovables y, según la AIE, los combustibles fósiles se benefician de ayudas públicas en el mundo por valor de 350 mil millones de euros. Tampoco nos dicen que las dos regasificadoras a construir en Tenerife y Gran Canaria van a costar unos 600 millones de euros que pagaremos todos y que, además, habrá que ejecutar las obras de dos macropuertos que también pagaremos todos. ¿Dónde están los beneficios entonces del gas frente a las renovables?
Desde luego, si pusieran la misma diligencia, unanimidad y empeño en defender las renovables que ponen en pelear por el gas, otro gallo nos estaría cantando en estos momentos. Desgraciadamente, por lo que nos afecta, la realidad es muy tozuda y nos vuelve a mostrar, una y otra vez la servidumbre de los partidos políticos para con el lobby eléctrico y el gas. Si a esto le unimos unas gotitas de corrupción en el desarrollo o paralización- de las renovables y las presiones para acapararlas y frenarlas, el cóctel está servido.
El intento de introducción del gas en Canarias se inició con un convenio de colaboración en 1997 entre el ministerio de Industria español -en aquel momento el ministro era Josep Piqué- y la consejería de Industria del Gobierno de Canarias, en manos del PP de la época, siendo consejero Francisco de la Barreda. Ya desde esos momentos comienzan las irregularidades al acceder Gasificadora Regional Canaria (Unelco) a la concesión administrativa deprisa y corriendo (y dejando en la cuneta a DISA y a DECSA) unos días antes de que se aprobara la Ley de Hidrocarburos y pese a informes en contra y a que el entonces director general de Industria (Alfredo Vigara) era a su vez consejero de esa compañía eléctrica (el psocialista Emilio Fresco denunciaba en el El Día del 25 de marzo de 1998 lo que son las cosas- que se había facilitado la creación de un auténtico monopolio. Por su parte, Francisco de la Barreda le hizo llegar, en vano, la anomalía a Bravo de Laguna, entonces al frente del PP canario). Más tarde se crea Gascan y, desde ahí, se facilita la entrada a dedo a seis grandes empresarios de Gran Canaria y seis de Tenerife que ahora han vendido sus acciones a Enagás. Y todo esto mientras la ciudadanía observa el partido desde la grada.
Después vendrían en cadena, ya con José Manuel Soria liderando el PP y siendo consejero del Gobierno canario, el caso Eolo, el mayor asunto de corrupción en Canarias en torno a la eólica -lo que retrasó muchísimos años su implantación- y el caso Megaturbinas que afectó directamente al hoy ministro. Por supuesto que la central hidroeléctrica de Chira-Soria también fue a parar directamente a las manos de Unelco-Endesa-Enel, lo que no rompe con el monopolio en la generación de energía en estas islas precisamente.
Pero si pensamos que algo iba a cambiar con la llegada del nuevo ministro de Industria, íbamos aviados. No sólo se recrudecen los embates para la entrada del gas frente al silencio en el apoyo a las renovables, sino que asistimos a más de lo mismo: pone al frente de la Secretaría de Estado de Energía a un hombre de las nucleares que considera que las renovables son muy caras; le inyecta 1.500 millones a Endesa e Iberdrola (que han ganado entre las dos más de 4 mil millones en los nueve primeros meses de este año) anunciando la ampliación de la vida de la central nuclear de Garoña; propicia que el PP cambie su voto en el Cabildo (también lo hace el PSOE) para decir que no a la instalación de la planta de gas en el mar; se empeña en mantener la burbuja del gas frente a la realidad y al futuro de las renovables
Pero todo esto no es una casualidad. En la trastienda han estado siempre los mismos: los mismos partidos, las mismas eléctricas
Se trata ni más ni menos- de un peligroso juego de prestaciones y contraprestaciones que pagamos todos. Y lo que no pueden hacer en estos momentos es venir a darnos lecciones a los que no hemos estado en la pomada, ni a imponer cerca de cualquier núcleo habitado de Canarias un mamotreto gasístico que pone en riesgo la vida de miles de personas.
* Alcalde de Agüimes (Gran Canaria).
