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El PSC critica que Soria se acuerde de Gran Canaria tras "dos años callado"

El presidente del PP canario, José Manuel Soria, "después de dos años callado ahora se acuerda de Gran Canaria", aseveró esta pasada semana el diputado socialista José Alcaraz en referencia al periodo en el que fue socio del Gobierno y a su "confusa" iniciativa sobre las carreteras de la isla.
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Alcaraz no dudó en asegurar que el debate parlamentario en el que la proposición no de ley popular fue rechazada fue una "farsa" y una estrategia política en la que Soria quería ondear la bandera de Gran Canaria, pues si hubiera tenido interés en impulsar las carreteras de la isla hubiera consensuado su propuesta. El diputado agregó que los socialistas ofrecieron a los populares alcanzar un acuerdo pero Soria "no quiso".

"Pero es más -prosiguió-, el Cabildo se tiene que ocupar de hacer un plan integral para el norte de Gran Canaria y aún estamos pendientes de que convoque a los partidos y alcaldes" para disponer las medidas relacionadas con la ejecución de las carreteras.

El socialista explicó que el PP "tiene responsabilidades muy claras en la ejecución de las obras, la primera la financiación, que se agotó hace tiempo" pues los 487 millones de euros del anterior convenio ya se emplearon y "el PP se negó a financiar con más dinero el Convenio de Carreteras".

Alcaraz aseguró que Soria "manipuló" conscientemente los datos porque en cualquier caso "no se trata de un problema de financiación", pues ninguna de las carreteras que pide con insistencia la población está en condiciones de ser licitada. Para ello el Gobierno canario debe culminar los trámites en los que se encuentra cada una y, hasta entonces, ninguna se puede ejecutar, que es precisamente lo que pedía el PP a pesar de conocer esta circunstancia, aseguró.

Por este motivo, los socialistas rechazaron la iniciativa popular y presentaron una en la que se detalla la situación de cada tramo e insta al Gobierno canario a que realice las gestiones necesarias para poder sacarlos a concurso en el periodo 2006-2007.

Alcaraz recordó que la carretera entre Agaete y La Aldea está pendiente de la declaración de impacto, la de Arucas-Pagador está paralizada judicialmente y la de Pagador-Guía, "que es la que mejor está", aún tardará uno o dos meses en contar con la redacción del proyecto de las obras. "Total, ninguna está en condiciones de ejecutarse y el PP lo sabe, lo que quiere es actuar como en el istmo o en el dique Reina Sofía, saltándose la legalidad", concluyó.

Xerach Pérez utiliza un notario para requerir expedientes a sus funcionarios

La viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Dulce Xerach Pérez, utiliza a un notario para requerir cualquier tipo de expedientes a los funcionarios de la extinta Dirección General de Cultura en Las Palmas de Gran Canaria, según reveló en el pleno del ayuntamiento capitalino la portavoz del grupo CC-Compromiso, María Bernarda Barrios, durante el debate de su moción para reprobar a la política tinerfeña. El pleno acordó dar un mes de margen a Pérez tras la entrada de Isaac Godoy en la Consejería.
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La presidenta de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, explicó a este diario, al término de un debate muy caliente en el que desde todos los grupos del ayuntamiento se censuró con dureza la gestión de Dulce Xerach Pérez, que "la viceconsejera aplica un nuevo formato en su departamento desde hace diez días, y sólo afecta a los funcionarios que tiene cruzados de brazos en Las Palmas de Gran Canaria, porque se ha llevado toda la gestión a Santa Cruz de Tenerife".

Nardy Barrios reveló que "por medio de un decreto del día 13, Dulce Xerach ha asumido todas las funciones de la Dirección General de Cultura -desaparecida en la nueva remodelación del Ejecutivo de Adán Martín-, y no es que gobierne la Viceconsejería al decretazo, es que, estando en Las Palmas sentada en su despacho y aunque tenga en la mesa de al lado a un funcionario, utiliza a un notario para requerirle cualquier expediente, se está comunicando con sus funcionarios por medio de requerimientos notariales y eso es algo inadmisible, porque al funcionario que le llega el notario nunca la viceconsejera le había pedido antes nada de nada".

La portavoz del grupo municipal Coalición Canaria-Compromiso por Las Palmas de Gran Canaria aseguró, a la hora de explicar las razones que llevan a Dulce Xerach a hacer este tipo de requerimientos notariales, que "ha perdido el control y el respeto a los funcionarios y a todos los ciudadanos, porque utilizar el dinero público para amedrentar con requerimientos notariales no tiene nombre".

Asegura Barrios que la actitud de Pérez se debe a "la prepotencia e impertinencia de esta señora, que por medio de encomiendas ha trasladado toda la gestión de Cultura a su empresa en Santa Cruz, Canarias Cultura en Red". Barrios denunció que "mientras tanto, en Las Palmas, sus funcionarios están de brazos cruzados".

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del que se ausentaron durante toda la mañana de este viernes los tres concejales del grupo de CC-Compromiso adscritos a Coalición Canaria de Gran Canaria, decidió por unanimidad aplazar para el próximo mes la reprobación que, por segunda vez en dos meses, presenta Nardy Barrios contra Dulce Xerach Pérez.

A pesar de que la concejala capitalina de Cultura, Isabel García Bolta, también arremetió con dureza contra Dulce Xerach Pérez por incumplir los acuerdos alcanzados hace meses con la alcadesa Josefa Luzardo y mantener el desequilibrio en favor de Santa Cruz de Tenerife, fue la propia Luzardo quien en el pleno de este viernes abogó por dar otro mes de margen antes de reprobar definitivamente a Dulce Xerach Pérez.

Luzardo explicó que, con el cambio de gobierno y la entrada en la Consejería de Isaac Godoy, confía en ver un cambio en la política de la cuñada del presidente del Gobierno de Canarias con respecto a Las Palmas de Gran Canaria, y el próximo martes tiene previsto entrevistarse con Godoy para solucionar el conflicto abierto con su viceconsejera.

Finalmente, los grupos del PP, PSC y CC-Compromiso -con la ausencia de los tres ediles de CC-ATI-, acordaron aplazar la reprobación otro mes, pero con la condición de que en el próximo ni siquiera haya debate y se proceda a la reprobación si no se ha corregido el desequilibrio contra Las Palmas de Gran Canaria. Mientras tanto, el Ayuntamiento acordó exigir al Gobierno de Canarias la vuelta de la sede de Socaem a la capital grancanaria y mantenerse "ojo avizor" con las inversiones en las dos capitales del Archipiélago.

En cuanto a la ausencia de tres de los cinco concejales de CC-Compromiso, concretamente Eusebia Nuez, Alicia Gómez y Rafael Medina Haber, todos adscritos ya a Coalición Canaria de Gran Canaria que lidera José Carlos Mauricio, Nardy Barrios aseguró que "demuestran lo que les interesa los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y que están al servicio de ATI".

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria denuncia "el bloqueo permanente" del desarrollo de la isla y carga contra el Gobierno regional

Lea el Manifiesto del Círculo de Empresarios de Gran Canaria

Página Web del Círculo de Empresarios de Gran Canaria

En un manifiesto, el Círculo lanza una dura crítica al Gobierno canario al asegurar que se está favoreciendo el desequilibrio entre las islas e incumpliendo la Ley de Sedes y que en su actividad "todo es fuego de artificio y barrer para casa". Ejemplo de ello, dice el Círculo en el que están integrados algunos de los empresarios más influyentes de la isla, "es el nuevo modelo de Autoridad Única Portuaria que se ha cocinado en el Gobierno de Canarias para sus puertos y a la espera de unas próximas transferencias de los del Estado".

Al respecto, los empresarios advierten que "nuestro Puerto de la Luz y de las Palmas debe ser lo suficientemente autónomo para seguir siendo un puerto moderno y competitivo", por lo que consideran necesaria "la participación privada y de los usuarios del puerto, y por tanto de los consumidores" que son los que pagan las tarifas y las tasas, y sostienen que el Gobierno regional quiere "hacerla desaparecer con el nuevo órgano creado", lo que permitiría que "con nuestros ingresos" quieran "pagar déficits de otros, aparte del control de tráficos, etc".

Al mencionar La Gran Marina, al inicio de su manifiesto, el Círculo señala que lo sucedido con el "lamentable bloqueo" del proyecto del istmo es una muestra de que en Canarias está empezando a producirse "una clara separación entre la clase política y la sociedad civil", lo que genera una creciente "crispación y descontento" en el Archipiélago.

Por ello, el Círculo advierte que "las personas con participación relevante en nuestro archipiélago, sobre todo en esta isla de Gran Canaria, deben ser conscientes del bloqueo permanente a que se ven sometidas en sus distintas iniciativas". Los empresarios critican que "es ya práctica casi común adquirir compromisos que no se cumplen en los más diversos ámbitos de nuestra sociedad, provocando la frustración no solamente de nosotros como empresarios, sino lo que es peor, de una considerable parte de nuestros ciudadanos".

Así, argumentan que "la confusión reina en una región donde no hay estrategias y no se cumplen los objetivos que se persiguen", cuando en Canarias "deberíamos ser un ejemplo por nuestra trayectoria y nivel de ingresos".

Intervencionismo

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria recuerda en su escrito que ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones "para denunciar el intervencionismo y afán centralizador de los poderes públicos canarios con la incertidumbre que ello provoca en todos los campos de la actividad económica".

En este punto, los empresarios enumeran lo que a su entender es "una larga lista de temas" que hacen que el Circulo de Empresarios de Gran Canaria "se manifieste con la preocupación de pensar que esta manera de hacer política no va a ningún lado".

Así, recuerdan que "hoy se vuelve a hablar de equilibrio sin que se llegue a aplicar todavía, después de muchos años, la Ley de Sedes y el reparto equitativo de los centros de poder regionales", en un aspecto en el que "se está contraviniendo la Ley y no conocemos ninguna denuncia en el Parlamento para que se cumpla".

A esto le añaden "las indecisiones sobre nuestras fuentes de energía, como es el caso del gas", o la falta de puesta en marcha de un Palacio de Congresos como el de Maspalomas en condiciones de competitividad, junto a "las incertidumbres que han motivado las directrices del territorio o las que se ciernen sobre el desarrollo y proyecto de la segunda pista del aeropuerto de Gran Canaria".

A todo ello le suman "las continuas e intencionadas parálisis que sufren todos los proyectos de carreteras que interesan a esta Isla", la "nula participación de los agentes económicos y sociales en la ponencia del nuevo Estatuto de Canarias o las dudas sobre nuestro REF y nuestra situación en Europa".

Ante esta situación, el Círculo asegura que "nuestra sociedad tiene que salir de su pasividad y reprobar públicamente estos comportamientos", ya que éste "es el camino para convertirnos en una Canarias más libre y participativa, en una sociedad civil que sea capaz de crear opinión y que se cuente con ella".

"Las personas válidas -añaden- deben pronunciarse, deben salir de su pasividad y recuperar las iniciativas de toda índole que no se han llevado a cabo ni se van a llevar por la desidia y el enfrentamiento partidista que hace perder el horizonte del interés general".

Los alcaldes del Norte obedecen antes a sus partidos que al interés general de Gran Canaria

Los alcaldes del Norte mostraron ayer una postura vergonzante de enfrentamiento y desunión ante la polémica suscitada al rechazarse en el Parlamento canario una proposición no de ley destinada a poner las carreteras del Norte en el primer lugar de la lista de prioridades viarias de Canarias. Para cada uno de ellos, en particular los pertenecientes a CC-ATI, está primero su partido que Gran Canaria.
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Los representantes de los municipios del Norte siguieron ayer los pasos marcados el jueves en el Parlamento de Canarias por sus respectivos grupos políticos en torno a las inversiones en materia de carreteras. Así, el alcalde de Gáldar (PP) y presidente de la Mancomunidad, catalogó de "increíble" que fuera rechazada la proposición no de ley, y dijo "sentirse contrariado y molesto" porque no se tengan en cuenta las demandas de la comarca.

Mientras, el alcalde de Guía, Fernando Bañolas, fue contundente al asegurar que el Norte no puede ser utilizado como batalla política. Y, en la misma línea que llevó a su grupo Coalición Canaria a entender que las prioridades no sólo están en el Norte de la Isla sino en el resto del territorio canario, el alcalde de Moya, Antonio Perera, manifestó al respecto que "el perseguir una salida para el conjunto de las comunicaciones en Canarias es compatible con el desarrollo del Norte".

En una postura parecida, el alcalde de Arucas, Ángel Víctor Torres, opina que la propuesta de los populares tiene carácter "demagógico", ya que José Manuel Soria trata de "arrogarse como un triunfito los intereses del Norte". Hay que recordar que los socialistas, partido al que pertenece el primer edil aruquense, se abstuvo
en esa votación con argumentos muy similares. El primer edil aruquense opina que los populares pretenden convertirse, con este tipo de propuestas, en un "defensor mediático". Ángel Víctor Torres defiende que la iniciativa de los ´populares´ tiene un planteamiento de fondo, "que nadie puede estar en contra", y otro de forma. En este último caso, cree que el PP tiene un "ataque amnésico, porque plantea la proposición cuando sale del gobierno".

El primer edil de Guía cree que la propuesta estaba mal planteada, ya que obviaba otras necesidades viarias que existen en las Islas. Así, Bañolas no duda en asegurar que si el texto del PP se hubiese planteado en el sentido de que una de las necesidades principales de Canarias es la red viaria del Norte de Gran Canaria, entonces se hubiese contado con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Pero, añade, como el Partido Popular se negó a plantear el texto en ese sentido, manteniendo la prioridad de las carreteras de la comarca, no logró el respaldo para que saliera adelante.

Fernando Bañolas ha manifestado también que no es el momento de buscar problemas, sino de trabajar unidos para sacar adelante los proyectos viarios de la comarca, apuntando también que la postura del Partido Popular sólo busca que renazca el insularismo.

Ante la insuficiente financiación por parte del Gobierno de Canarias, nuestro Ayuntamiento capitalino pide 30 meuros más

Con apoyo de Compromiso por Gran Canaria (CGC), la negativa del PSC-PSOE y la ausencia clamorosa de los tres concejales de CC-ATI, el PP aprobó ayer en el Pleno municipal proponer al Gobierno canario un nuevo reparto del REF así como del Fondo Canario de Financiación Local. La propuesta subsana «errores» de años anteriores, dijo Eugenio Mambrilla, quien "no entendió porqué los socialistas ahora no piden más fondos para la ciudad".
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Los cálculos del Partido Popular revelan que los municipios canarios de la Provincia de las Palmas deberían recibir al menos unos 200 millones de euros más. De ellos, el 15%, aproximadamente, esto es, 30 millones de euros, tendrían que ir directamente a las arcas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta es la idea que defendió ayer en el Pleno Municipal el concejal de Hacienda, Eugenio Mambrilla, quien expuso la única moción que presentó el PP y que logró el apoyo del todavía grupo municipal Coalición Canaria - Compromiso por Las Palmas (CC-C), pero no de los socialistas. Según Arcadio Díaz Tejera resulta cuanto menos llamativo que sea precisamente ahora, cuando el PP ya no forma parte del Gobierno canario, cuando los populares se interesen por un reparto más equitativo del REF que se ajuste a las necesidades reales de la capital grancanaria.

El portavoz del PSC-PSOE recordó desde hace «meses» que la FECAM está analizando el problema de la financiación local, y aseguró que parecía una «frivolidad» que sin la existencia de un «estudio serio» ahora se proponga un reparto en el que el 70% de los fondos sean para las administraciones locales. El PSC-PSOE, dijo Arcadio Díaz Tejera, apuesta por «obtener una mayor financiación pero no así».

Por su parte, la portavoz de CC-C, Nardy Barrios, dejó claro desde su primera intervención que apoyaría la iniciativa del PP y propuso añadir el que el dinero se ingresara directamente en las arcas municipales y no el en las de los cabildos para que estos repartieran después los fondos.

El reparto de los fondos del REF entre la Comunidad Canaria y las administraciones locales canarias con la fórmula que propone el PP significaría que los ayuntamiento de la provincia oriental obtendrían sólo por esta vía 90 millones de euros más, a esto habría que añadir otros 90 millones, aproximadamente. Por la compensación de la desaparición del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresa, así como otros 20 que resultarían de los recursos que corresponden al Fondo Canario de Financiación Local. En total, dijo, unos 200 millones de euros más de los que al menos 30 irían a parar a la capital grancanaria. Por eso, añadió el edil, «no entiendo por qué el PSC-PSOE se opone». La petición de un mejor reparto de los fondos es algo que «no es nuevo» y que los propios socialistas «han pedido en varias ocasiones», dijo, mientras la alcaldesa añadió que el PP lo trae ahora a colación porque instrumentos como la FEMP carecen de operatividad en la reforma de la financiación local.

Marisa Tejedor destaca el 'equilibrio exquisito' del nuevo organigrama del Gobierno de Canarias

La nueva Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, Marisa Tejedor, perteneciente a ATI, destacó hoy el "equilibrio exquisito" del nuevo organigrama del Ejecutivo conformado tras la salida del Partido Popular. Se dá la circunstancia de que de los nuevos 35 altos cargos elegidos sólo 9 son de Gran Canaria.
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Hay que recordar que durante su mandato como Rectora de la Universidad de La Laguna -en el periodo de lucha por la creación de una universidad plena en Gran Canaria y tras su aprobación-, la ahora recién nombrada Consejera de Industria promovió todo tipo de maniobras y acciones para abortar la creación de estudios superiores en nuestra Isla asi como para no cumplir de ningun modo la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias (LRUC). Marisa Tejedor pertenece también, con el cargo de "condestable", a la organización tinerfeñista llamada Los hidalgos de Nivaria de radical corte insularista.

Teniendo en cuenta dicho perfil, hay que valorar sus nuevas declaraciones en las que, dijo, "El Presidente ha intentado, primero, buscar los perfiles adecuados" y "si existen los perfiles y, además, son de distintas islas, pues bienvenidos". De esta manera, insistió, se ha conseguido que los cargos estén ocupados "por personas de perfiles adecuados para los mismos y con un exquisito equilibrio entre las islas".

Como ejemplo, los nuevos cargos de su Consejería: el director general de Industria y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez, es de El Hierro; el director general de Fomento Industrial e Innovación Tecnológica, Guillermo M. Jiménez García, de La Palma; el director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Antonio Hernández Hernández, de Tenerife; el director general de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez; de Gran Canaria; y el director general de Comercio, Arturo Cabrera González, de Tenerife. Además, hoy tomó posesión también el nuevo secretario general técnico, Juan González Fontes.

En sus perfiles, destacó, "hay algunos aspectos eminentemente técnicos", como los responsables de las direcciones generales de Telecomunicaciones o de Industria, ya que quedan "dos años para finalizar la legislatura, y son personas que saben desde el primer día lo que hay que hacer".

A todos, dijo, les exige "muchísimo trabajo, entrega, honradez, transparencia y que conecten con los sectores implicados en nuestra Consejería, que son en gran medida el motor económico de nuestra región".

Entre estos temas, se encuentra "el problema de la energía", tanto por la falta de suministro que se produce en algunas zonas como por "adaptar nuestro desarrollo a unas energías más limpias", o la calidad y el precio del suelo industrial, aunque se mostró convencida de que "hablando, dialogando podemos llegar a consenso".

En este sentido, señaló que el concurso de la energía eólica está actualmente en fase de observación de la documentación presentada por las empresas. El concurso, explicó, tiene marcado un cronograma de desarrollo, "si veo que el cronograma no está adecuado a lo que considero que debe ser el ritmo, meteré todo el personal que haga falta para que se acelere porque hay que resolverlo cuanto antes dentro de lo que es el rigor de una convocatoria", afirmó.

En cuanto a las prioridades de su Área en los dos años de legislatura que quedan, Tejedor no quiso desvelarlas hasta que comparezca mañana en el Parlamento de Canarias para explicarlas, aunque afirmó que "no me gustaríoa irme sin haber puesto en marcha" todos los proyectos, tanto los de corto como "los de largo funcionamiento".

El tinerfeño Santiago González sustituye a Francisco Moreno al frente de la Televisión Canaria

El presidente del Ejecutivo regional, Adán Martín, aprovechó la profunda remodelación de su Gabinete para dar un golpe de mano en la dirección de la televisión canaria y poner a una persona de su absoluta confianza. El Consejo de Gobierno decidió ayer sustituir a Francisco Moreno como director del ente público y nombrar en su lugar a Santiago González, hasta ahora jefe de informativos del canal. González es un hombre cercano a ATI. De hecho, antes de llegar a la televisión canaria, fue jefe de prensa de Miguel Zerolo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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Fuentes insularistas confirmaron en la tarde de hoy que la destitución de Francisco Moreno y el nombramiento de Santiago González fue consensuada con el Partido Socialista Canario, principal apoyo parlamentario del Gobierno en minoría que preside Adán Martín.

Francisco Moreno llegó a la televisión canaria en la anterior legislatura de la mano del anterior presidente del Ejecutivo, Román Rodríguez. De hecho, su continuidad en la dirección del canal autonómico se puso en duda a la llegada de Adán Martín. Sin embargo, el actual titular de la Comunidad Autónoma decidió mantenerlo en el cargo en funciones.

La decisión adoptada ayer por el Consejo de Gobierno deberá ser refrendada ahora por el consejo de administración de la televisión canaria, órgano en el que Coalición Canaria tiene mayoría con lo que no habrá problemas para revalidar el golpe de mano del presidente.

Pedro Quevedo: 'Quieren llevarse la tele canaria a Tenerife'

El secretario de Comunicación de Nueva Canaria (NC) y aún diputado de CC, afirma que el Gobierno de Adán Martín pretende dejar en mínimos la infraestructura de RTVAC en Gran Canaria para trasladarla a Tenerife
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El secretario de Comunicación de Nueva Canarias (NC) y diputado de Coalición Canaria (CC), Pedro Quevedo, afirmó hoy que el Gobierno de Adán Martín pretende dejar en mínimos la infraestructura de Radio Televisión Autonómica de Canarias (RTVAC) en Gran Canaria y potenciar el centro de Tenerife para beneficiar a una «productora íntimamente vinculada a ATI».

Quevedo explicó así el cese de Francisco Moreno como director del ente televisivo y su sustitución por Santiago González, que fue durante años jefe de prensa del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo. Éste mantiene estrechas relaciones con Lucas Fernández, propietario de Plató del Atlántico, productora que surte diversos programas a la Televisión Autonómica, de la que además, fue jefe de producción.

El representante de NC aludió a la pérdida de «un centenar de puestos de trabajo a lo largo de los dos últimos años en Gran Canaria para alimentar a la productora de Tenerife, muy cercana a un sector destacado de ATI».

En cuanto a la conformación del nuevo Gobierno autonómico, Pedro Quevedo consideró que se ha dado un «paso atrás en la construcción de Canarias» dado que el peso político real de las consejerías se ha concentrado en la isla de Tenerife».

Luzardo: 'Habrá que estar vigilante' ante el Ejecutivo regional de ATI

La alcaldesa lamenta que con el PP en la Alcaldía, el Gobierno de Canarias "nunca ha tenido un trato exquisito con la ciudad" de Las Palmas de Gran Canaria.
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"Yo temo lo que todo el mundo: es alarmante tener un Gobierno de Canarias sólo de ATI y en Gran Canaria habrá que estar vigilantes para defender lo nuestro". Con estas palabras, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo, mostraba su opinión sobre el Ejecutivo regional, después de la salida del PP del Ejecutivo y los nuevos nombramientos en los departamentos remodelados por Adán Martín.

Luzardo, que contestaba de esta manera a la pregunta de si los cambios producidos en el Gobierno de Canarias podrían complicar aún más a su entender la situación en que se encuentra el proyecto de La Gran Marina, lamentó que "hasta ahora", tanto en la época de alcalde de José Manuel Soria como en la que ella ostenta desde hace dos años, "nunca el Gobierno de Canarias ha sido exquisito en el trato hacia Las Palmas de Gran Canaria".

Para la alcaldesa, "da la impresión de que hay instituciones que no quieren que la capital más importante de Canarias sobresalga", y ante esto dijo que habrá que seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora "salir solos hacia adelante, con empuje". Pese a no contar con apoyo y respaldo del Gobierno de Canarias, explicó la alcaldesa, "para mí lo importante es lo que sienten los ciudadanos". Éstos, a su entender, "han dejado claro su apoyo al grupo de gobierno y al Partido Popular".

Luzardo hizo estas consideraciones al hacer balance en las oficinas municipales sobre su segundo año de mandato, en lo que supone llegar al ecuador de la legislatura.

El PP advierte contra "la integración masiva" de inmigrantes en Canarias

El portavoz del grupo parlamentario Popular, Jorge Rodríguez, advirtió este miércoles de que no se han estudiado las repercusiones que sobre el sistema sanitario, educativo y judicial de las Islas tendrá "la integración masiva" de inmigrantes producida por el proceso de regularización.
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Jorge Rodríguez afirmó en el Parlamento regional que el proceso de regularización ha sido "un disparate" porque el efecto llamada que en su opinión se iba a producir se ha convertido finalmente "en un auténtico trompetazo". Cuestionó el portavoz popular el hecho de que este proceso efectivamente haga aflorar la economía sumergida y se preguntó además por las consecuencias que tendrá el reagrupamiento familiar de los inmigrantes.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, María Luisa Zamora, recordó a Rodríguez que también durante el Gobierno del PP se realizaron dos procesos de regularización de inmigrantes y señaló que esto es una prueba de que una medida aislada puede ayudar, pero se precisa una visión más amplia en este ámbito.

NC concluye que los campos de golf supondrán "18 pelotazos" urbanísticos

El Plan Territorial Especial de Ordenación de Campos de Golf, presentado este martes por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y que prevé la construcción de 18 nuevas instalaciones de este tipo en la isla supondrá "18 pelotazos" urbanísticos, según Nueva Canarias.
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Según manifestó este miércoles en un comunicado el consejero de esta formación política en la corporación insular Carmelo Ramírez, de los 18 nuevos campos de golf previstos en este plan "nueve llevan aparejada la construcción de hoteles y nuevos alojamientos".

A su juicio, "una vez más, pretenden sacar un documento estratégico para el futuro de Gran Canaria sin el consenso de todos los representantes de los grancanarios, y con un ocultismo y falta de transparencia propia de las acciones de gobierno del PP".

Ramírez recordó que "todos los estudios estratégicos así como la Cumbre del Turismo celebrada por el propio Cabildo el pasado año 2004 demuestran como debilidades expuestas la escasez de agua y la limitación territorial".

"Es de todos sabido el consumo importante de agua que genera un campo de golf y, a la vez, el consumo de territorio, debido a la importante extensión que requieren dichas instalaciones", agregó.

El consejero de NC consideró que "nos encontramos ante una actuación especulativa de extraordinarias proporciones que cuestiona la sostenibilidad de nuestra economía y el futuro del subsector del turismo especializado, ya que la Cumbre del Turismo 2004 reflejaba como amenaza la imitación de ofertas de los otros turismos competidores, lo que conlleva a un peligro de estandarización".

Ramírez lamentó que "una vez más, la falta de transparencia, la fuerte especulación urbanística y la falta de diálogo con la oposición en el Cabildo de Gran Canaria en una cuestión tan estratégica se convierte en el estilo del gobierno del PP" en la corporación.

CGC vuelve a pedir la reprobación de Dulce Xerach Pérez por discriminar a Gran Canaria

El grupo municipal de Compromiso por Gran Canaria (CGC) en Las Palmas de Gran Canaria, presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento capitalino pidiendo la reprobación de la viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Dulce Xerach Pérez, "por negarse de manera reiterada a invertir en infraestructuras y equipamientos culturales" en la ciudad.
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Entre las razones que se aducen para pedir esta reprobación, destaca lo que para CGC supone el traslado de instituciones culturales como Socaem, de Gran Canaria a Tenerife, el Convenio Doble capitalidad cultural para invertir en infraestructuras culturales en dicha isla por cinco millones de euros o la "campaña de lavado de imagen" posterior dotando a ambas capitales canarias de 100.000 euros para esto pero "manteniendo el convenio que ya firmó con Santa Cruz".

Según se puede leer en la moción en este sentido, "en la actualidad no existe ningún problema entre las dos ciudades, salvo el enfrentamiento que la Viceconsejera está creando al negarle a Las Palmas de Gran Canaria un solo euro para un convenio de infraestructuras culturales". Además, añade que "de los 100.000 euros que corresponden a Las Palmas de Gran Canaria aún no hay información de en qué se programa invertirlos y, al menos, a este Ayuntamiento no ha pedido ningún listado de necesidades culturales".

Así, CGC considera que se está dejando de tener en cuenta a Gran Canaria, y en especial a su capital, en cuenta a dotación de recursos para infraestructuras culturales, razón que aducen para pedir el cese de la máxima responsable de este área en el Gobierno de Canarias, Dulce Xerach.

Otras razones que se esgrimen son que en relación a los cinco años que lleva parada la rehabilitación del teatro Guiniguada, "la Viceconsejera lo achaca al anterior Gobierno (Gobierno de Coalición Canaria, su propio partido), cuando todos sabemos que el Director General de Cultura que forma parte de su equipo, Juan Manuel Castañeda, lleva dos años en ese puesto, con lo cual también es su responsabilidad".

También se alude a que la Filmoteca Canaria "está celebrando eventos culturales en Tenerife: celebración de su aniversario, firma de acuerdos con entidades bancarias y con el Cabildo, entre otros. ¿Por qué no se celebra aquí ningún acto de la Filmoteca?", se pregunta.

Por último, alude a que "en el Circuito Regional de Teatro no existe programación para Las Palmas de Gran Canaria, mermando así las posibilidades culturales de nuestra capital, argumentado que es por una falta de infraestructuras de la que ella misma es responsable (Teatros Guiniguada y Galdós cerrados)", así como que "también ha anulado el Servicio de Ediciones que se dedicaba a editar la mejor información de los aspectos de nuestra tierra. Es la única Comunidad Autónoma que no va a tener Servicio de Ediciones".

Finalmente, se dice que "para el Womad no aparece ni una sola partida en el Gobierno de Canarias, especialmente en la Viceconsejería de Cultura".

El Defensor del Pueblo canario alerta del maltrato institucional en centros de menores

Los seis centros para menores con medidas judiciales en Canarias viven una "situación insostenible", requieren una "intervención urgente" y registran "maltrato institucional". Esta es la conclusión de Manuel Alcaide, diputado del común, figura homóloga al Defensor del Pueblo en las Islas.
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En su último informe revela cómo la Administración ha descuidado las instalaciones de los centros, se ha desvinculado de su gestión e inspección, no ha destinado el presupuesto adecuado, se ha visto desbordada y se ha enfrentado al dictamen de jueces, fiscales, abogados, fuerzas de seguridad y de emergencias. En lo que va de año, en los centros canarios (para internos de 14 a 23 años) se han producido 20 incendios, dos intentos de motín, centenares de agresiones, algunas violaciones y dos muertes. La última, la pasada semana en un incendio.
Manuel Alcaide, que ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, explica que la acusación de maltrato institucional a los menores se debe a que "se improvisan actuaciones profesionales por desconocimiento y falta de cualificación técnica; se producen intromisiones irrespetuosas en las familias; se hacen usos repetidos de internamientos; se abulta el currículo institucional de los niños por falta de definición inicial, de proyecto educativo individual, de nula responsabilidad de las instituciones, y se cambian estrategias con frecuencia, olvidándose de la prevención, la inserción social, la participación activa y el desarrollo".

Alcaide explica que el número de menores con medidas judiciales "crece de forma alarmante": de los 553 en septiembre de 2003 a los 795 en diciembre de 2004. También critica la "escasa" dotación presupuestaria que ha destinado a este ámbito el Gobierno de Canarias y, como consecuencia, reconoce que la Administración está "desbordada" en apenas cuatro años de asunción de competencias en materia de menores. Asimismo destaca el "mal estado de los centros y el incumplimiento reiterado de los fines educativos y resocializadores de la ley".

Reforma juvenil

Por ello, sugiere "que un único organismo administrativo gestione las medidas judiciales y todo lo que afecte a juzgados, fiscalías y dependencias" e insta al presidente del Gobierno canario, Adán Martín Menis, de Coalición Canaria, a que cree la Dirección General de Justicia o Reforma Juvenil, amparada por el departamento autonómico de Justicia y no por el actual de Asuntos Sociales.

El Diputado del Común advierte de la "alarma social" que se ha suscitado en las islas en torno a estas instalaciones, además "del descontrol por parte de los directivos, la carencia constante de plazas" y el ingreso de jóvenes en una isla distinta a la que reside su familia.

Manuel Alcaide dibuja un panorama "desalentador" de los centros de menores y recuerda las quejas expresadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía: "Masificación, carencia de espacio y habitabilidad, urgente necesidad de crear un centro que acoja a los menores de Lanzarote y Fuerteventura, existencia de más de 40 menores con sentencia firme que están en libertad a la espera de ingresar en los centros, necesidad de contar con un centro terapéutico para trastornos de conducta".

El Defensor del Pueblo canario también revela la delegación inadecuada "que el Gobierno hace de la gestión de los centros en manos privadas, no habilitación del presupuesto necesario, ausencia de enseñanza obligatoria, carencia de libros de textos y bibliotecas". Entre otras deficiencias de la Administración, los jueces y fiscales aluden a que las comparecencias no se pueden celebrar ni festivos ni fines de semana porque el Gobierno no dispone de un servicio de guardia. "Un menor que delinque un viernes queda retenido hasta el lunes", señalan.

Además, se destaca que la Dirección General de Protección al Menor y la Familia sólo dispone de 19 profesionales en el servicio de ejecución de medidas judiciales. Si a fecha de junio de 2004 había 786 menores cumpliendo medidas judiciales, a cada funcionario correspondían 40 expedientes. Este hecho explica, según el informe, que el equipo haya llegado a tardar más de un año en contactar con un menor, que sean éstos los que deban acudir a las citas en los despachos y que no exista intervención en el medio familiar y social de los jóvenes.

Retorno a las familias

Alcaide añade que "se envía a los menores a sus familias sin verificar el beneficio de estas estancias" con la única justificación de "necesidades del servicio, ajustes de calendarios y horarios laborales" y advierte de los "presupuestos restrictivos, recortes económicos, desorientación en los servicios y la provisionalidad sujeta a cambios políticos, no técnicos".

El documento del Diputado del Común alerta de las condiciones de "hacinamiento" en los centros cerrados, donde no hay separación por edades, sexos, dificultades de conducta o toxicomanías. También advierte de que se ha procedido a ceder la gestión a entidades o fundaciones "sin adecuada inspección de recursos personales y materiales" y "falta de preparación de los educadores".

El Defensor del Pueblo canario afirma que los vigilantes de empresas privadas desempeñan "funciones no sujetas a la normativa que los regula", porque "desempeñan su labor en el interior de los centros, participan en actividades educativas y de ocio". Además, pone en duda la cualificación profesional de algunos y revela la ausencia de una normativa concreta en Canarias para esta función. También detecta la carencia de la figura del cuidador. En los centros sometidos a medidas judiciales se encuentra un variado abanico de jóvenes con distintos problemas, desde delincuentes con delitos de sangre a otros con problemas de conducta.

El Diputado del Común recomendó en su informe que, "a la mayor brevedad" se atiendan "las necesidades específicas de menores y jóvenes con problemas de conducta" y se habiliten hogares o centros "específicos para el tratamiento de estas alteraciones, que permitan la vigilancia permanente y la contención adecuada". Entre sus preocupaciones también cita "la dificultad de encontrar personal dispuesto a trabajar en estos centros o con el perfil idóneo" para un trabajo que reconoce "complejo con niveles de tensión muy altos".

Correas de contención, noches en el suelo

El Gobierno de Canarias ha delegado la gestión de los seis centros para menores con medidas judiciales primero en una ONG (Cicerón Siglo XXI) y, después, en una entidad pública (Fundación Ideo). Sólo el centro de Gáldar está gestionado por una empresa pública municipal.

Los responsables de Cicerón Siglo XXI (con implantación en otras comunidades) fueron destituidos el año pasado bajo la acusación de malos tratos a los internos, cuando el fiscal de menores requisó numerosas correas de contención psiquiátrica en al menos tres de los centros (Nivaria, La Montañeta, Valle Tabares). En La Montañeta se demostraron casos de violación. En Gáldar, los chicos, incluidas algunas embarazadas, dormían en el suelo, muchos incluso sin colchonetas.

La gestión pasó a la llamada Fundación Ideo, cuyo capital social lo aporta el Gobierno canario y cuyos responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protección al Menor y la Familia, y el titular de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, quien asumió la responsabilidad práctica de los centros en funciones básicas como mantenimiento, normativas, horarios, contratación de personal, proyecto educativo o vigilancia -algunos guardas tenían antecedentes penales y carecían de homologación-.

La creación de más plazas choca con la oposición de los alcaldes. Macario Benítez, del PSOE, ha anunciado una huelga de hambre del grupo gobernante de El Rosario si se reabre el centro Nivaria, clausurado por orden judicial el pasado domingo.

Ante la falta de atención del Gobierno de Canarias, la sección de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria podría sufrir el "síndrome del quemado"

Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria carece de una unidad de prevención de riesgos laborales que identifique y pondere los daños inherentes al trabajo que sufre su personal. La alta demanda asistencial y la falta de camas y de sustitución del personal de baja por médicos ajenos al servicio son tres de los factores laborales que pueden generar en el personal facultativo desmotivación y síndrome de Burn out o del quemado.
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Este hecho se recoge en un informe de la inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que se sometió el área de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria en marzo pasado, que llama la atención a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ya que concluye que este riesgo debe ser controlado con la creación de una unidad de prevención de riesgos laborales del personal hasta hoy inexistente en el centro sanitario.

La inspección recomienda entre otros factores vigilar el «número de facultativos» en el área y de guardia para adecuarlo a la demanda asistencial y para reforzarlo en casos de picos estacionales, así como la «jornada» de trabajo, días de guardia, libranza, turnos y horarios.

El informe aconseja además ponderar el «personal de apoyo», la «comunicación» entre los servicios, turnos y estamentos, la «definición de las funciones» y la «autonomía» en la toma de decisiones, metodología y organización.

Por otro lado destaca que la situación laboral de algunos trabajadores de Urgencias puede ser también fuente de riesgo a padecer desmotivación. La inspección apunta que los contratos eventuales y de interinidad «son habituales» y destaca que uno de los trabajadores entrevistados lleva en una de «estas situaciones desde hace cinco años».

Asimismo para desarrollar cursos de formación o acudir a congresos tienen que «ponerse de acuerdo entre los facultativos para atender la labor del médico ausente, dado que tampoco existe sustituto ajeno al servicio», así como la promoción profesional «no se pudo evidenciar el sistema para el cambio de estatus profesional de los facultativos dentro de la organización del sistema hospitalario, se añade en el documento concluyente de la inspección.

Agresiones

Otras de la irregularidades que observan los técnicos son las condiciones de seguridad en caso de agresión física. Se constató que sólo hay un vigilante de seguridad en el exterior del área, se explica en el documento. «La posibilidad de rápida intervención de éste esta condicionada por el sistema de comunicación (se el avisa a través de la centralita), y según el personal, podría tardar de tres a cuatro minutos en acudir al lugar del suceso».

Como se ha denunciado repetidamente desde estas páginas la falta de medios de los hospitales grancanarios, particularmente el Materno Infantil y el Hospital Insular, padecen una gran falta de medios humanos y materiales producto de la discriminación que el Gobierno de Canarias, radicado en Tenerife, ejerce en favor de los ubicados en la isla vecina.

La marca grancanaria "La Isleña" invertirá más de seis millones en su nueva fábrica

Una compañía netamente grancanaria, La Isleña, invertirá más de seis millones de euros en el traslado de su fábrica de pasta y chocolate, aunque las nuevas instalaciones también se ubicarán en el municipio de Arucas. La industria alimentaria prevé iniciar el desmantelamiento de su factoría de Trasmontaña el próximo año y trabajar a pleno rendimiento en las nuevas instalaciones de Montaña Blanca a lo largo de 2007.
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El director general de La Isleña, Pedro Ortega, atribuye el traslado de la factoría de Trasmontaña a Montaña Blanca a la mejora de la competitividad de una empresa familiar con 115 años de existencia. No en vano, la compañía aún fabrica pasta y chocolate sobre la misma casa de la familia Megías donde empezó con el negocio del cacao en 1890. Aunque las instalaciones haya experimentado diversas reformas, La Isleña, que obtuvo el diploma de proveedor de la Casa Real en 1901 y se inició en el sector de la pasata en 1935, precisa de un "salto" para afrontar el futuro con garantías, detalla Ortega Rodríguez.

Los herederos de Andrés Megías Mendoza mantienen toda la propiedad de una empresa que "va camino de la quinta generación", pese a la teórica escasa supervivencia de las sociedades familiares más allá de los hijos del fundador. Andrés Megías Pombo ostenta el cargo de consejero delegado de La Isleña, que adquirió la tinerfeña fábrica de chocolate La Candelaria durante 2000.

Actualmente, la compañía aruquense produce cada año casi seis millones de kilos, de los que más del 90% son de pasta; factura más de siete millones de euros y emplea a unas 60 personas. "Somos una empresa regional desde siempre por la sencilla razón de que vendemos el 50% en cada una de las dos provincias, hay veces que incluso hemos tenido más cuota de mercado en Tenerife que aquí", recuerda Pedro Ortega.

Además, La Isleña participa desde 2001 en el consorcio de exportación Pexcan, integrado también por la empresa grancanaria Malpacasa y las tinerfeñas Establecimientos Industriales del Archipiélago y Careca. Aunque las cuatro compañías venden cada año productos por valor de 600.000 euros a Senegal, Cabo Verde y Mauritania, Pedro Ortega descarta la apertura de fábricas en el África occidental: "No estamos lo suficientemente maduros".

El alcalde de Santa Brígida recibe una nueva denuncia por corrupción

La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia ante el juzgado contra el alcalde de la Villa de Santa Brígida, Carmelo Vega, por un presunto delito de prevaricación urbanística. El juzgado de instrucción correspondiente ha abierto diligencias previas y ha comenzado una investigación en la que tendrá que declarar, en calidad de imputado, el citado alcalde de la localidad norteña.
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Los hechos objeto de investigación se remontan al 13 de diciembre de 2000, cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Brígida otorgó una licencia urbanística de obra a una empresa para las construcción de un edificio de catorce viviendas , locales y garaje en la esquina entre las calles Concejal Antonio González Jiménez y Dr. Juan González Rosales, en base a unos parámetros de altura y tipología edificatoria que fueron anulados en una sentencia anterior de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.

Según el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Santa Brígida era conocedor de la sentencia citada y, sin embargo, la Comisión de Gobierno aprobó la edificación "previo informe favorable del arquitecto municipal", María Gracia Santamaría del Santo, que también será llamada a declarar en calidad de imputada. Posteriormente a la decisión del ayuntamiento satauteño, un particular remitió dos escritos a la corporación para pedir la anulación o revocación de la licencia concedida, sin que al parecer ni Carmelo Vega ni su Gobierno municipal actuara. El juzgado de instrucción ya investiga los hechos.

Tenerife acogerá la nueva sede del Instituo Español de Oceanografía

La Delegación del Gobierno en Canarias y el Instituto Español de Oceanografía han llegado a un acuerdo para edificar una nueva sede del centro en la capital tinerfeña tras los desperfectos ocasionados por el desprendimiento de rocas, que han precisado una remodelación por 600.000 euros. La directora general del Instituto Español de Oceanografía, Concepción Soto, visitó hoy la sede del centro en Canarias, en la que se han realizado obras de reforma causadas por el desprendimiento de rocas registrado en julio de 2004, y que motivó el desalojo de la institución científica.
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Angeles Rodríguez, directora del Centro Oceanográfico de Canarias, dijo que la nueva sede se instalará previsiblemente al lado de la planta de cultivos que posee la institución en la dársena pesquera del puerto capitalino. Con este objetivo el Instituto Español de Oceanografía ha emprendido negociaciones, que se encuentran en fase "avanzada", según la institución, con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Entre las cuestiones que supondrán "una clara demanda en un futuro próximo" para el centro se encuentran el seguimiento de una eventual explotación de los recursos pesqueros de la costa africana próxima a Canarias, en el caso de que se restablezca el tratado de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. En cuanto a la acuicultura se pretende desarrollar experiencias piloto de cultivo de mejillón en Fuerteventura, en colaboración con la Consejería regional de Agricultura, para su posterior gestión por los pescadores de dicha isla.

Respecto a la protección del medio marino, se pretende estudiar y efectuar un seguimiento de la implantación de la zona de especial sensibilidad de Canarias que en la actualidad coordina, en su fase previa, la Delegación del Gobierno. También se prestará asesoramiento científico y técnico en materia de prevención y lucha contra la contaminación marina, asunto en el que el Instituto Español de Oceanografía es el único organismo de investigación participante en la comisión ejecutiva creada al efecto. Otro objetivo del centro es apoyar la labor científico de los países africanos, en una actuación conjunta con la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Concepción Soto, directora general del Instituto Español de Oceanografía, dijo en rueda de prensa que la sede del centro en Canarias es la mejor en cuanto a infraestructuras de las ocho de que dispone dicha institución, pero los riesgos naturales que provoca su emplazamiento, en las laderas del macizo de Anaga, han supuesto "meses largos de decisiones" en cuanto a las obras y la inversión.

Soto destacó que el objetivo primordial era rehabilitar el centro sin que se interrumpiese su actividad científica, respecto a lo cual el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, afirmó que si esto hubiese sucedido, el centro habría desaparecido entre las instituciones punteras en su campo. "La humanidad mira a los océanos para buscar soluciones, porque estudiar el medio marino puede ayudar a investigar cuestiones como el cambio climático", detalló Concepción Soto.

Explicó también que las obras de remodelación del centro han conllevado medidas "severas" adoptadas con el asesoramiento del Instituto Geográfico Nacional, de manera que la instalación pueda volver a funcionar "en toda su potencialidad y a pleno rendimiento". La sede del Instituto Español de Oceanografía en Canarias se inauguró en 1923 en Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente le fué arrebatada a nuestra Isla por el poder tinerfeño, continuando su trayectoria en la capital santacrucera partir de la década de los cincuenta del pasado siglo.

Nuestra Isla consigue la mayor superficie arbolada desde la primera mitad del siglo pasado

La isla de Gran Canaria consigue cubrir un nueve por ciento de su superficie con árboles, en concreto 14.000 hectáreas. Sin embargo, esta mejora se debe a la repoblación masiva hecha durante los años cuarenta a los setenta, ya que tras la llegada de la democracia y la gestión directa no se ha hecho casi nada en este aspecto
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A partir de la década de los 20 hasta la de los 50 del pasado siglo XX, Gran Canaria ostentó el peor índice de su historia en el número de hectáreas forestales, en una degradación que había comenzado cuatro siglos antes, con la llegada del primer castellano. El uso de la madera, para cocinar, para levantar casas, para armar buques o para convertir en carbón, peló prácticamente todo el territorio. Sólo quedaron los pinares de Tamadaba e Inagua, palmerales en Tirajana y dos manchitas de laurisilva, uno en los Tilos de Moya y otra en Santa Cristina (Guía). Además de unos pocos acebuchales en Tafira y Pino Santo. No fue hasta que llegó el gas butano -que frenó el consumo de leña-, y de los piensos, -ahorrando así la deforestación para pastos-, cuando la Isla comenzó de nuevo a rebrotar.

El presidente del Cabildo en aquel entonces, Matías Vega Guerra, aprovecha los suelos liberados e inicia la repoblación. Esas mismas zonas relictuales se han ido expandiendo de forma natural y la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo -a través de sus 80 trabajadores más los 50 aproximadamente provenientes de las contratas-, encauzan esa fuerza hoy para multiplicar la superficie, pero añadiendo más especies e implicando a agricultores y ganaderos en el desarrollo del bosque. Ahora una zona embostada de retama, se convierte en una de pasto, tras ser ´liberada´ por los operarios de medio ambiente, que tras el paso de las ovejas se convierte en un eficaz cortafuego. Y así suma y sigue. De tal manera que un cacho plantado de papas, combinado con la arboleda cercana, también forma parte del sistema de protección del conjunto.

Pero, como la vida de la masa forestal lleva otro ritmo que la humana, sirva de referencia los más de 20 años que lleva Juan José Medina, capataz de una cuadrilla de Medio Ambiente, trabajando en la Cumbre. Hoy acaba de llegar de un tajo que se encuentra a 150 metros más abajo de la carretera que conduce a Cuevas de Caballero, bajo un sol de justicia en una ladera a unos 40 grados de inclinación. Pone orden en el suelo arrancando la retama, protegiendo los matos nuevos y cortando las ramas más bajas de unos pinos que ya tienen unas cuantas decenas de metros. Parece un bosque antiguo. Pero no. Lo plantó él y sus compañeros hace dos decenios. "Antes, no había nada. Tampoco en Mesa de las Vacas, donde hay hoy un pinar con ejemplares de más de 30 metros y que
también plantamos nosotros".

Lo plantado hace décadas prospera -y lo que se expande de forma natural-, y los trabajos silvícolas se encargan de clarear sacando los ejemplares menudos en beneficio de los más potentes. Para ello se tala y se combinan nuevas especies para enriquecer esa masa con nogal, castaño, cedro canario y fayas, entre otros muchos, que a la postre dificultan la propagación del fuego. Detalles como matar a un pino insigne -porque todo bosque requiere de madera muerta-, hacen el resto, y así resulta que con el abandono de la agricultura masiva en esas cotas y la consiguiente disminución en el uso de venenos, se está favoreciendo la reaparición de una fauna que, hasta ahora, parecía estar agazapada. El pinzón, el herrerillo, las aguilillas, el cernícalo, el halcón, el gavilán, el pica pinos, entre otros muchos, aparecen junto a una parranda de insectos de distintos pelajes, algunos que dan hasta su susto y todo.

La superficie arbolada es por el momento de 14.000 hectáreas -de las 155.000 que tiene la Isla-, pero también existen 17.000 hectáreas de retama peligrosa -porque es muy combustible y en un primer estadio tras el abandono de cultivo ´abusa´ de las demás especies-, que se irán sustituyendo con laurisilva, pinar, sabinares o palmerales, según la cota y el lugar.

Esto no implica ´sembrar´ sino dejar hacer. Así, a un pino que a lo bobo va creciendo a la vera de una arbolada, Medio Ambiente le pone un cucurucho para protegerlo de los conejos y con cuatro perras consigue reforestar una zona. O, desde que se limpia un retamal, aparecen las especies autóctonas que han ´hibernado´
durante siglos restrallando como se puede apreciar en Montañón Negro o en las laderas más altas que existen entre Tejeda y Artenara, con sus margaritas blancas de la tierra, el codeso, la salvia, el tajinaste o los alelíes, creando un ecosistema -más bien recuperándolo-, de plantas y animales que hasta que no se ve, ni siquiera se sospecha.

El Cabildo declarará Bien de Interés Cultural el Charco de La Aldea

El Charco de La Aldea, en donde cada 11 de septiembre se celebra una de las fiestas más populares de las Islas Canarias, cuenta desde ayer con la protección de Bien Interés Cultural (BIC), en su categoría de Sitio Etnológico.
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El Boletín Oficial de Canarias recoge el decreto del Cabildo de Gran Canaria que incoa el procedimiento para la declaración como BIC de esta laguna costera y que dispone el mismo régimen de protección previsto para los bienes ya declarados. El Charco de La Aldea y la fiesta popular asociada a este enclave, según el decreto insular, se ha conformado como una muestra de la pervivencia de prácticas culturales prehispánicas, en concreto
de la pesca mediante el ´embarbascado´. "La misma consistía en el vertido de látex de determinadas plantas, como el cardón o la tabaiba, que produce un efecto sedante en los peces facilitando su captura. Se trata de una técnica de pesca que continuó usándose en diferentes zonas de Gran Canaria, al menos hasta la primera mitad del siglo XX como lo atestiguan diversas referencias históricas". Las noticias más documentales que hacen referencia a esta celebración se remontan al obispo Delgado y Venegas en el año 1766, que tras visitar el pueblo prohíbe bajo pena de excomunión y multa "que ninguna mujer se entre en el charco cuando se embarbasca ni en otra ocasión juntamente con los hombres, y a éstos debajo de las mismas penas no lo hagan delante de las mujeres desnudándose enteramente y para esta excursión".

Delimitación

El entorno de protección se extiende por su extremo sur hasta el pie del risco y junto al borde del litoral. En su extremo norte, dicho ámbito acoge dentro el yacimiento paleontológico situado junto al parador y por debajo de la carretera que lleva al Puerto de La Aldea.

Toda esta zona forma parte de un espacio libre, en su mayoría de titularidad pública, y que viene siendo utilizada como parque y área recreativa por parte de los vecinos y visitantes de La Aldea. La superficie ocupada por el BIC tiene un área de 40.286 metros cuadrados.

Los grancanarios condenan la brutal represión saharaui realizada por Marruecos

Numerososos grancanarios, a los que sumaron saharauis residentes en nuestra Isla, representantes sindicales, políticos, y de diversas organizaciones sociales, condenaron este sábado en una manifestación celebrada en la capital grancanaria los últimos episodios de "represión al pueblo saharaui" por parte de Marruecos.
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La marcha de protesta, organizada por la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, partió de la calle en la que se ubica la sede del consulado marroquí, ante la que los manifestantes expresaron proclamas como Mohamed asesino o Fin a la ocupación marroquí en el Sahara Occidental, eslóganes que también aparecían en las pancartas que portaban.

Este acto de apoyo al pueblo saharaui se produce tras las recientes manifestaciones protagonizadas por centenares de saharauis en El Aaiún, Smara, Dajla, Bojados, Rabat, Goulimia, Marrakech, Fez, Tan Tan y Agadir, que han sido "brutalmente repelidas por la policía y el ejército marroquí". Según la organización de la protesta de este sábado, las protestas en la ex colonía española se han saldado con "100 heridos, algunos graves; 30 detenidos; y más de 20 personas desaparecidas".

La presidenta de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, María del Carmen Cabrera, afirmó que "la represión del pueblo saharaui por parte de Marruecos se inició en 1975". Además, lamentó que la postura de España, "que sigue siendo la potencia administradora del territorio en la actualidad, sea tan tibia" y se limite a "decir que hay que poner de acuerdo a las partes".

"Sabemos que la parte que incumple todas las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que no atiende a las organizaciones internacionales, sino que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana es Marruecos. El Frente Polisario siempre ha cumplido las resoluciones de la ONU y siempre ha estado por buscar soluciones a este drama, pero Marruecos hipoteca todas las posibilidades", aseveró Cabrera.

Cabrera consideró que la MINURSO, presente en los territorios ocupados, "no hace nada ante la represión brutal que está viviendo el pueblo saharaui".

Visita de instituciones madrileñas

Por su parte, el representante del Frente Polisario en Canarias, Luchaá Mohamed, rechazó que en este conflicto se trate de "comparar a las víctimas con el verdugo". A su juicio, "somos unas víctimas y reivindicamos nuestro derecho a ser dueños de nuestra tierra y al verdugo se le debe condenar por su actitud intransigente y contraria a las resoluciones de Naciones Unidas, que está poniendo en peligro la estabilidad de la región".

Luchaá Mohamed advirtió de las consecuencias que este conflicto ha tenido hasta el momento para Canarias, comunidad autónoma que se encuentra a sólo 100 kilómetros del Sahara Occidental, y aludió, en este sentido a la "práctica desaparición de la pesca". Además, el representante del Polisario consideró que la proyección económica que Canarias busca en el Africa Occidental "será mucho más fuerte una vez resuelto el problema del Sahara y restablecida la soberanía saharaui sobre el territorio".

Por su parte, el presidente de la Federación de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, Félix Bordado, anunció que este domingo partirá a El Aaiún una delegación integrada por dos periodistas, representantes de los ayuntamientos de Madrid y de la Liga Española Pro Derechos Humanos, con el fin de "conocer sobre el terreno la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui". Explicó que este viaje, para el que no se ha pedido autorización a Marruecos puesto que no hace falta visado, estaba previsto antes de que sucedieran las últimas revueltas, y se hará con el objetivo de contactar con representantes de la MINURSO y de asociaciones de derechos humanos saharauis, dijo.

El presidente de la Federación de Instituciones Españolas Hermanadas con el Pueblo Saharaui, Carmelo Ramírez, denunció el "estado de sitio" en el que se encuentran los territorios ocupados y pidió que éstos "se abran a la prensa y a los observadores internacionales, para que sean testigos de lo que está ocurriendo ahí". Asimismo, un portavoz de la Coordinadora Canaria por la Paz y la Solidaridad, Antonio Sardá, condenó "radicalmente, la agresión que el pueblo saharaui está sufriendo en los últimos días" y lamentó "el papel no definido del Estado español", al tiempo que consideró que este conflicto no se solucionará hasta que no se convoque un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental.

Los manifestantes dice que los disturbios en la ex colonía española se saldan con "100 heridos, 30 detenidos, y más de 20 personas desaparecidas". "Somos unas víctimas y reivindicamos nuestro derecho a ser dueños de nuestra tierra y al verdugo se le debe condenar por su actitud intransigente".