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La Voz de Gran Canaria

La fiscalía anticorrupción pide la inhabilitación del alcalde de Santa Brígida, Carmelo Vega, por prevaricación

La fiscalía anticorrupción pide la inhabilitación del alcalde de Santa Brígida, Carmelo Vega, por prevaricación La delegación en Las Palmas de la Fiscalía Especial Anticorrupción tiene previsto remitir en los próximos días al Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria el escrito de conclusiones provisionales en el que solicita nueve años de inhabilitación para el alcalde de Santa Brígida, Carmelo Vega, y cinco de sus concejales en 2002, acusados de un presunto delito de prevaricación, según aseguraron a este periódico fuentes cercanas al procedimiento.

Se trata del primer caso en el que se persona oficialmente Anticorrupción desde su puesta en funcionamiento en Las Palmas, hace ya más de dos meses. Según ha podido conocer este periódico, la acusación de la Fiscalía se dirige, además de contra el actual alcalde Carmelo Vega, contra cinco personas que en 2002 eran concejales de la corporación: Luis Manuel Troya Ramírez, Antonio Ojeda Navarro, María Teresa Vega Núñez, Carlos Sánchez Ojeda y Antonio Díaz Hernández. Para todos ellos, Anticorrupción pide la misma condena: nueve años de inhabilitación.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, los hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción imputa a los acusados un presunto delito de prevaricación se remontan a al 4 de septiembre de 2002, cuando Carmelo Vega y Luis Manuel Troya, en calidad de alcalde y concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Santa
Brígida respectivamente, ordenaron a operarios de la corporación que se presentaran en el domicilio de E. A. M., una mujer que en los días anteriores había construido un parterre junto a su vivienda tras obtener un decreto del Cabildo de Gran Canaria que le autorizaba a ello, y derribaran la obra, siempre según las fuentes citadas anteriormente. Además, la perjudicada declaró en su día en fase de instrucción que había solicitado permiso de forma verbal al concejal Troya Ramírez, aunque éste no se lo concedió.

Ese mismo día en que los gestores del ayuntamiento enviaron a los operarios al lugar, se procedió al derribo del parterre, destruyendo las obras de la perjudicada cuyo valor apenas supera los trescientos euros.

Comisión

El mismo día en que el ayuntamiento procedió al derribo de la obra, y con el fin de dar apariencia legal al hecho, el alcalde celebró una Comisión de Gobierno a la que asistieron, además de Carmelo Vega y Luis Manuel Troya, los también acusados Antonio Ojeda, María Teresa Vega, Carlos Sánchez y Antonio Díaz, todos ellos en su condición de concejales del citado ayuntamiento del centro de la isla. En esa Comisión de Gobierno, todos los acusados acordaron por unanimidad ordenar el inmediato derribo de las obras citadas, algo que, al parecer, ya habían intentado con anterioridad los acusados Carmelo Vega y Luis Manuel Troya, concretamente el 27 de agosto de ese mismo año, explicaron las fuentes citadas anteriormente.

La Fiscalía Anticorrupción entiende que los hechos relatados, pendientes de que se confirmen en el correspondiente escrito que se remitirá al juzgado en los próximos días, son constitutivos de un presunto delito de prevaricación y solicita la apertura de juicio oral ante el juzgado de lo penal y la inhabilitación
para empleo o cargo público de cada uno de ellos por espacio de nueve años.
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