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La Voz de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias y la fuerza de los débiles

El Gobierno de Canarias y la fuerza de los débiles

La ley electoral es una rareza enfocada a convertir el Parlamento de Canarias en un coto vedado a las minorías

Pedro Costeras Nebreda

En mayo no celebraremos en Canarias las elecciones autonómicas más democráticas de todo el Estado. En ningún otro sistema electoral, como en Canarias, el 86% de la población elige solo al 50% de los diputados, y el otro 50% de los representantes es elegido únicamente por el restante 14% de la población. Un déficit democrático que no puede pasar desapercibido. En ningún sistema electoral de ninguna otra comunidad autónoma existen como aquí dos barreras electorales. Y en ninguno de los casos estas barreras superan el 5%, ni exceden el ámbito de la circunscripción. En Canarias, aunque las circunscripciones son insulares, los votos obtenidos tienen que superar dos límites, el 6% regional y el 30% insular. Toda una rareza enfocada a convertir el Parlamento de Canarias en un coto vedado a las minorías. Minorías que se encuentran con un sistema electoral confeccionado a la medida de un selecto club. Todo muy bien diseñado para evitar la presencia en el Parlamento canario de los partidos obreros. Partidos que con un sistema más proporcional tendrían la oportunidad de demostrar que hay otra forma de hacer política al margen de ignorar a los humildes para beneficiar a los poderosos.

Requiere nuestro sistema electoral algunas mejoras. De lo contrario, los únicos partidos con opciones podrían institucionalizar una forma de hacer política insensible hacia la mayor parte del electorado, cautivo del voto útil entre lo menos malo. Un ejemplo de esta falta de sensibilidad es la Ley de Presupuestos de Canarias de 2011. Esta Ley no solamente recorta servicios básicos para la mayoría como Educación y Sanidad, sino que reduce ilegalmente las condiciones de trabajo de los empleados públicos pactadas en la negociación colectiva, y pretende también desarmar a la parte más débil de la clase trabajadora arrebatándole los recursos de sus organizaciones representativas. En la Constitución Española los sindicatos son reconocidos como actores esenciales de la estructura democrática. Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias se pretende asestar otro duro golpe a la parte más débil de la sociedad. Es algo así como la segunda vuelta de la reforma laboral.

Primero se abarata y facilita el despido. Después se mutila a los sindicatos para que lleguen cada vez a menos empresas, facilitando así los abusos patronales. Fuimos los sindicatos, principalmente Comisiones Obreras, los que luchamos decididamente contra la dictadura de Franco. Siempre defenderemos a las instituciones democráticas, pero todas las instituciones democráticas deben reconocerse mutuamente desde la lealtad. La legitimidad de las organizaciones obreras se origina en las elecciones sindicales, donde no existe más que la barrera del 5%. No existe Ley D’Hondt que valga. Ni ningún tipo de ventaja en la asignación de resultado para los que parten de una situación mayoritaria. Aquí sí se trata de representación proporcional pura y dura. Eso sí, tenemos también, y muy a nuestro pesar, un enorme déficit democrático. En las empresas con plantilla inferior a seis personas no existe derecho a representación sindical. Aun así, los sindicatos hacemos el mayor esfuerzo por llegar a estas pequeñas empresas, más del 80% en Canarias. Utilizando para la defensa de los más débiles los recursos que obtenemos en las grandes empresas y en la Administración. Justo los recursos que el Gobierno de Canarias pretende cercenar ahora. La medida no supone ahorro presupuestario alguno, pero tiene un enorme coste social, y un descarado interés de clase. Desarmar a los débiles para armar a los poderosos.

(*) Secretario de Política Institucional. Confederación Sindical de Comisiones Obreras Canarias

[Información de La Provincia, 11-2-2011]


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