El Círculo y la política

ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA

Los ´verdaderos´ empresarios, por su propia naturaleza, son reacios a pronunciarse en público sobre las contingencias de la política. Por lo general, utilizan los canales privados, los cauces de las organizaciones patronales, los almuerzos de trabajo con representantes de la Administración, para plantear sus quejas y proponer alternativas sin significarse en público, por lo que eso tiene de riesgo.

Difícil tiene que ser la situación en Gran Canaria para que el Círculo de Empresarios, que agrupa a veintiséis grandes hombres de negocios, se haya decidido a plantar cara al Gobierno mediante un comunicado claro, preciso, y muy duro. "La confusión reina en una región donde no hay estrategias y no se cumplen los objetivos", "hoy se vuelve a hablar de equilibrio, sin que se llegue a aplicar todavía la Ley de Sedes", "la desidia y el enfrentamiento partidista hacen perder el horizonte del interés general", "nuestro puerto de La Luz debe ser lo suficientemente autónomo para seguir siendo competitivo", "la crispación y el descontento (...) evidencian
la separación entre la clase política y la sociedad civil". Auténticos torpedos contra la línea de flotación del Gobierno de Adán Martín, con alguna advertencia muy concreta, como la de los puertos.

La sociedad grancanaria en general, pero en particular las actividades económicas, desconfían de las intenciones del Gobierno, es decir, de ATI, de crear una especie de Autoridad Portuaria Regional de la que dependerían todos los puertos canarios. Varios políticos y gentes del mundo marítimo ven esa iniciativa como una estrategia "para dirigir a voluntad el crecimiento de La Luz y subordinarlo a los intereses tinerfeños". Este sentimiento se traduce en la advertencia del Círculo de Empresarios (y por lógica capilaridad de otras organizaciones patronales) sobre la necesaria autonomía de la actividad de la bahía de La Isleta.

La rápida reacción del presidente regional, Adán Martín, que asegura que gobierna para todos los canarios y que no favorece a Tenerife, como se le acusa, no consigue despejar ninguna de las dudas. La Ley de Sedes sigue sin cumplirse... excepto parcialmente y cuando le interesa a ATI. Es la disculpa para las intervenciones de comando en Hecansa y Socaem: aplicar la Ley de Sedes. Pero desde muchos sectores de opinión, por supuesto de identidad regional, se asegura que lo que se ha aplicado no es la Ley de sedes, sino la Ley del Fonil.

El pronunciamiento del CE evidencia que existe un profundo malestar, no sólo de tipología ´pleitista´, como en público y privado interpreta Adán Martín muchas de las críticas a su nuevo Gobierno. Le parece equivocado, e insólito, juzgar a sus consejeros por el lugar de su nacimiento; y, claro, eso sería equivocado e insólito. Pero suele ocurrir en Canarias que a estas circunstancias le acompañe una trayectoria. No es la mejor demostración de fe regional incorporar a personas que en el pasado se han caracterizado, pero hasta ayer mismo, por mantener actitudes cerradamente antigrancanarias o, en el mejor de los casos, indiferentes a lógicas reivindicaciones como la descentralización administrativa del Parlamento regional. ¿Cómo se puede defender que el análisis de la realidad no contemple datos sustantivos de esa misma realidad? Es como la pretensión de que los desembarcos en Omaha, o sea, en Hecansa y Socaem, no constituyen una modificación unilateral de los equilibrios existentes, y que esa ruptura no puede generar un paralelo reequilibrio. Dicho lo cual, tampoco puede plantearse el debate como una distracción estúpida que limita el desarrollo porque paraliza determinados
proyectos. Ningún proyecto es bueno porque sí, sino porque ése sea el criterio mayoritario. La ampliación del dique Reina Sofía se ha demostrado que iba en contra del futuro de La Luz porque dividía la dársena y la convertiría en una bañera. La apuesta es el espigón de La Esfinge. Si no se hubiera producido la polémica, con la aportación de distintos valiosos puntos de vista (de manera fundamental en LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas) no se habría llegado a una conclusión que hoy parece obvia. Se habría gastado dinero en vano, ocasionando, encima, serios e irreversibles ´daños colaterales´ a la Ciudad.

La clave es hacer las cosas bien desde sus inicios; que los proyectos no sean el resultado de conchabeos, visiones o caprichos sino el producto de la participación activa de las ´fuerzas vivas´ ciudadanas: las políticas, las económicas, las sociales... La culpa del empantanamiento de La Gran Marina no es ni del Ministerio de Fomento, ni del Delegado del Gobierno ni de la Comunidad Autónoma, ni de Europa, ni del Consejo de Estado. Es de quienes no aceptaron ´ab initio´ el principio de participación y transparencia. Ese diálogo que se hurtó pudo ser muy fructífero, porque el aprovechamiento urbanístico de los terrenos marítimos en el Istmo de Guanarteme tiene numerosas lecturas y variadas peculiaridades técnicas. Quizás el Círculo de Empresarios haya tardado en adoptar una postura, pero ya que lo ha hecho, el punto de arranque tiene que ser el mismo: abrir la negociación a todas las partes interesadas y legitimadas.