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La Voz de Gran Canaria

El Cabildo privatizará la explotación de las desaladoras, depuradoras, terciarios y presas de Gran Canaria

El Cabildo privatizará la explotación de las desaladoras, depuradoras, terciarios y presas de Gran Canaria La venta de agua y tasas procedentes de las desaladoras, depuradoras, presas y redes adscritas al Consejo Insular de Aguas, cuya explotación quiere privatizar el Cabildo de Gran Canaria, factura en torno a 6 millones de euros (1.000 millones de pesetas).
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El Presidente de la corporación grancanaria, José Manuel Soria, señaló esta semana que el Cabildo mantendrá la titularidad de sus infraestructuras hidráulicas pero que apuesta por sacarlas a concurso para su gestión indirecta por la empresa privada.

"Se trata que la gestión (de los bienes y servicios adscritos al Consejo Insular de Aguas) sea mucho más eficaz", indicó Soria quien destacó que la privatización de la gestión (gestión indirecta) es usada por buena parte de las administraciones públicas. Soria precisó que en algunas de la veintena de infraestructuras hidráulicas del Consejo Insular de Aguas ya existen concesiones privadas y que lo que se pretende es actualizar esas gestiones directas y ver su desarrollo. El presidente destacó que el Cabildo cuenta con toda una red de infraestructuras para la gestión integral del agua (desaladoras, depuradoras, terciarios, presas y conducciones) que deben ser "rentabilizadas".

A este respecto, la mesa de contratación de la corporación insular procedió este martes a la apertura de ofertas para elaborar el estudio de viabilidad de la gestión indirecta en los bienes y servicios del Consejo Insular de Aguas con un presupuesto de licitación de 90.000 euros. Fueron admitidas las ofertas de tres consultoras: Pricewaterhousecoopers, J & A Garrigues y Julio Sánchez Méndez.

Coalición Canaria (CC) y la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG) rechazaron esta iniciativa toda vez que la misma corresponde por ley al Consejo Insular de Aguas y vaticinaron que de llevarse a cabo provocará una confrontación institucional y social. La decisión del equipo de Soria ha sorprendido al sector, pues ni siquiera ha informado de esta intención a su órgano representativo, el Consejo Insular de Aguas, del que forman parte agricultores, consumidores y municipios, y que por ley tiene encomendadas las
competencias hidráulicas de la Isla.
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