E. M. A.

La situación de parálisis en la que ha desembocado la administración pública de Telde después de casi nueve meses de operación Faycán está afectando ya de manera directa a los más necesitados del municipio. Cerca de un centenar de familias que están pasando necesidades económicas han dejado de percibir desde hace varias semanas los vales de compra con los que adquieren sus alimentos debido a que las trabajadoras sociales se niegan a firmar las facturas y los establecimientos llevan hasta seis meses sin cobrar, por lo que no dispensan productos sin una garantía de cobro.

Las empleadas consideran que es el jefe de servicio el que debe acreditar con su rúbrica estos documentos y se niegan a asumir esta responsabilidad. En este sentido, los representantes sindicales de UGT aseguran que los trabajadores de Servicios Sociales están temerosos de que por firmar documentos "puedan acabar en el Juzgado" y el Ayuntamiento "ya está empezando a tomar represalias contra algunas de estas trabajadoras".

Por su parte, Ventura Suárez, el jefe de servicio, ha pedido al jefe de personal que le libere de la responsabilidad de esta y otras dos áreas, Playas y Turismo, para quedarse como jefe de los tres departamentos que asumió en un primer momento, Sanidad, Consumo y Protección Animal porque está desbordado, según fuentes cercanas.

Otro de los servicios que están paralizados es el de Protección a la Familia y el Menor -Profayme-, que lleva varias semanas sin poder atender a sus usuarios, principalmente menores en situación de riesgo, por un corte de luz. A pesar de que desde Hacienda se ha indicado en diversas ocasiones que el pago de 175 euros era inmediato, las oficinas seguían ayer sin suministro.

En la misma situación se podría ver dentro de poco el centro de atención psicosocial, situado en el barrio de San Gregorio, que ya ha recibido la notificación del corte. Este servicio se ha visto interrumpido en diversas ocasiones durante los últimos años, primero por el mal estado de las instalaciones en las que se encontraba y luego por la falta de material, mobiliario e, incluso, agua o luz.

En todos estos casos, los retrasos en el pago de las facturas ha sido el principal detonante para la paralización de la prestación de los servicios y hay otros que penden de un hilo en este momento. En este grupo se encuentran los que ofrece Cruz Roja a través de diversos convenios con el Ayuntamiento.

Esta ONG gestiona tres pisos tutelados para menores y el Ayuntamiento debía haberle ingresado más de 93.000 euros correspondientes al 25 % de la cantidad concertada y no lo ha hecho aún, "lo que nos está poniendo ante una situación bastante complicada porque hemos contratado a 12 personas para atender a los niños", explica el presidente local de Cruz Roja, Ignacio Morán.

Esta deuda forma parte de los 313.000 euros que el consistorio les debe y que podrían obligar a la ONG a tomar medidas ya que no puede "pagar a los 30 profesionales contratados". Dentro de esta cantidad se contemplan deudas por la vigilancia y atención a los discapacitados en las playas (147.000), la cobertura en los eventos deportivos (42.000) y el transporte de los mayores a los centros de día (más de 20.000). Morán advierte que la bandera azul peligra.

Información de: La Provincia, 25-11-2006