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La Voz de Gran Canaria

La alcaldesa de Telde (PP) y los hermanos Reyes (CIUCA) serán juzgados por prevaricación por la permuta de de la finca de San Rafael

La alcaldesa de Telde (PP) y los hermanos Reyes (CIUCA) serán juzgados por prevaricación por la permuta de de la finca de San Rafael

El inmueble es pasto del vandalismo y la desidia.

Ver galería fotográfica (Canarias7)

La operación de compraventa de la finca de San Rafael, en Telde, realizada en el año 2004 sentará en el banquillo a la actual alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano (Partido Popular). El juez abre el procedimiento abreviado y en su auto confirma la apreciación de una presunta prevaricación.

Además de la hoy alcaldesa y entonces concejal del grupo de gobierno, deberán responder en el juzgado Guillermo y Carmelo Reyes, Carmelo Oliva, Raquel León y Guadalupe López, integrantes de la junta de gobierno municipal, así como el empresario Santiago Santana Cazorla.

Según avanzó el periódico digital Canariasahora.es, el juez Juan José Suárez Ramos ve indicios de prevaricación en la decisión del Ayuntamiento de formalizar la compraventa de la finca, mediante permuta, por un importe de 6,4 millones de euros, cuando un mes antes el empresario Santiago Santana Cazorla había pagado por la misma una cantidad sensiblemente inferior: 2,6 millones de euros. Esa decisión de dar vía libre a la permuta carecía de informe de la comisión informativa municipal y tampoco había sido llevada a pleno.

Canarias7, 21-10-2013

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El Ayuntamiento pagó mediante permuta 6,4 millones de euros por un inmueble que mes antes había costado al empresario 2,6.

La actual alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano; los concejales Guillermo y Carmelo Reyes; los ex concejales Carmelo Oliva, Raquel León y Guadalupe López, y el empresario Santiago Santana Cazorla deberán responder ante un juzgado de lo penal por un presunto delito de prevaricación. La causa, la compra- venta en 2004 de la finca de San Rafael mediante una permuta que ya fue declarada nula en 2008 por la jurisdicción contencioso-administrativa, por la que el Ayuntamiento de la ciudad grancanaria pagó casi 6,4 millones de euros por una propiedad que el empresario había adquirido tan solo un mes antes por poco más de 2,6.

El juez Juan José Suárez Ramos aprecia indicios de prevaricación en el comportamiento de los procesados que, constituidos en junta de gobierno, dieron vía libre a la operación incumpliendo varios preceptos legales, entre otros, utilizar la fórmula de la permuta en lugar de la compra pública, sin informe de la comisión informativa pertinente y sin someterla a pleno de la Corporación.

Nueve años después de aquella operación, en el mandato de la mayor redada de concejales que se recuerda en la isla de Gran Canaria (caso Faycan), la operación no se ha deshecho porque el empresario no ha devuelto al Ayuntamiento los inmuebles públicos de Marpequeña cedidos a su favor ni la finca de San Rafael, abandonada a su suerte y a la de los saqueadores, ha sido registrada a nombre del municipio.

Según el relato que el juez hace en el auto de apertura de procedimiento abreviado, los acusados “incumplieron flagrantemente la normativa administrativa existente, declarando  de manera indebida la urgencia en la tramitación del procedimiento, realizando la adquisición por permuta en vez de por compraventa pública, sin requerir previamente informe de la Comisión Informativa del Ayuntamiento, ni notificar dicho expediente al Instituto Canario de Vivienda, procediendo a la aprobación del expediente en la Junta de Gobierno el 18de agosto de 2004, en vez de hacerlo en el Pleno”.

Añade el titular en funciones de sustitución del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde que “la permuta fue valorada en 6.399.527,59 euros, firmándose el 3 de septiembre de 2004, y ello a pesar de que don Santiago Santana Cazorla, como representante de legal de la entidad Iniscan S.L., había adquirido el 28 de julio de ese mismo año la finca de San Rafael por compraventa abonando por ello tan solo 2.524.250,84 euros (tras haber abonado previamente 120.202,42 euros con la firma de un contrato de opción de compra de fecha 5 de diciembre de 2003)”.

Tras el auto de procedimiento abreviado, corresponde al Ministerio Fiscal y a las partes personadas formular escritos de acusación contra los imputados.

CanariasAhora, 21-10-2013

 

 

 

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