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La Voz de Gran Canaria

Denuncia contra el concejal teldense Guillermo Reyes por conceder una gasolinera al padre del consejero cabildicio Carlos Sánchez

Denuncia contra el concejal teldense Guillermo Reyes por conceder una gasolinera al padre del consejero cabildicio Carlos Sánchez

El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde trabaja desde el mes de enero en una denuncia presentada por un vecino de Las Remudas contra el concejal de Urbanismo de Telde, Guillermo Reyes, por un presunto delito de prevaricación en la ubicación, construcción y apertura de una gasolinera en Las Remudas, que es propiedad del padre del consejero del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez.
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La denuncia, presentada el 1 de enero y ratificada el 30 de enero, llega después de que los vecinos afectados por los ruidos de la gasolinera acudieran a la Fiscalía Anticorrupción, ante las "actuaciones presuntamente delictivas" realizadas por Ayuntamiento, Cabildo, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y Repsol.

El fiscal Anticorrupcion decididó derivar el asunto al fiscal de Medio Ambiente, Guillermo de Ávila y finalmente se ha presentado la primera denuncia, no sólo contra Guillermo Reyes, sino contra los técnicos que dieron el visto bueno al expediente.

Las actuaciones de los vecinos de Las Remudas contra la gasolinera llevó en 2004 al Ayuntamiento de Telde, al aparecer el caso en la prensa canaria, a decretar el cierre de la instalación. Aún así, recoge la denuncia ante el fiscal, "a despecho de las apariencias, el cierre no se ejecuta".

En manos de la Fiscalía Anticorrupción

La ubicación, construcción y apertura de una estación de servicios en el barrio teldense de Las Remudas, propiedad del padre del consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha llegado a manos de Anticorrupción. Una denuncia interpuesta por un vecino solicita a la Fiscalía que adopte medidas ante las "actuaciones presuntamente delictivas" realizadas por Ayuntamiento, Cabildo, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y Repsol.

El escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el pasado 27 de junio, revela que el suelo donde se ubica la estación de servicios de la compañia Repsol en Las Remudas es propiedad de la empresa Estaser Canarias, SL. El administrador único de Estaser es Cayetano Sánchez Herrera, padre del consejero insular de Política Territorial, Arquitectura y Vivienda, Carlos Sánchez Ojeda.

El solar donde en 1999 el Ayuntamiento de Telde permitió instalar la gasolinera, construida entre agosto y septiembre de 2003, está destinado en el Plan General de Ordenación Territorial de Telde a la construcción de viviendas subvencionadas. Sin embargo, en el momento de la autorización estaba calificado de protección agrícola y, según recoge la denuncia ante la Fiscalía, actualmente continúa con la misma calificación: suelo rústico de protección paisajística.

El escrito presentado a Anticorrupción denuncia también que en la actualidad "ha sido imposible seguir la pista de las distintas calificaciones que haya podido sufrir dado el hermetismo de la corporación y las dispares opiniones e informes verbales del personal consultado en Urbanismo".

La situación presuntamente irregular de la gasolinera alcanza también a su licencia de apertura. Si bien la estación de servicios entró en funcionamiento en enero de 2004, según ha podido saber este diario el Ayuntamiento de Telde no aprobó la licencia de apertura hasta abril de 2005, aunque, tras la reiteradas denuncias de los vecinos por la contaminación acústica que produce la estación, el concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes, aseguró a los afectados que no firmaría la licencia hasta que "no se construya un muro perimetral y se proceda a la insonorización de la zona afectada", comentan fuentes implicadas en un caso que ya salió a la luz el último año en la prensa de papel.

Las actuaciones que han llevado a cabo los vecinos de Las Remudas contra la gasolinera llevó en 2004 al Ayuntamiento de Telde, al aparecer el caso en la prensa canaria, a decretar el cierre de la instalación. Aún así, recoge la denuncia ante el fiscal, "a despecho de las apariencias, el cierre no se ejecuta", a pesar de que hubo en un momento dado un precinto municipal por el incumplimiento de cierre por parte de la empresa denunciada.

El fiscal ya tiene en su poder documentación abundante en la que los denunciantes aseguran que la gasolinera no sólo no tiene licencia de apertura -si bien directivos de Repsol mantienen ante los vecinos que ya obra en su poder la autorización municipal-, sino que lo construido no se corresponde con el proyecto presentado, que no se han tomado las medidas para insonorizar la instalación, con la construcción del muro perimetral y la colocación de puertas en el tren de lavado, que fue la orden dada por el Ayuntamiento para proceder a la reapertura aunque la estación se mantiene abierta “y con ruidos, en perjuicio de los vecinos”.

Además, la denuncia contiene -con grabaciones de video- situaciones extrañas como llamadas a la policía local ante el excesivo ruido en la estación de servicios, cuyos encargados son avisados antes de que se personen dotaciones de la policía local, que cuando llegan al lugar no perciben contaminación acústica alguna.

La situación crítica que atraviesan los vecinos se ha incrementado en los últimos meses, ya que en mayo pasado detectaron la realización de obras en la gasolinera, con la utilización de martillos neumáticos, junto a los surtidores de combustible y sin dejar de suministrar carburante al público. Tanto el Ayuntamiento de Telde como la Consejería de Industria del Gobierno canario y la Inspección de Trabajo fueron informados de manera oficial por los vecinos de estas obras, y sólo la Inspección de Trabajo respondió a los afectados, con la ratificación de la veracidad de los hechos.

En cuanto al Ayuntamiento de Telde, el técnico de Disciplina Urbanística Antonio Alemán, según consta en la denuncia ante la Fiscalía, aseguró a los afectados que la gasolinera no tenía en el mes de mayo licencia de obra, y que se enviaría a la policía para levantar acta y tomar imágenes, actuaciones que nunca llevó a cabo la policía local de Telde, según confirmó el propio técnico municipal a los vecinos de la zona, cuando fue de nuevo cuestionado al respecto.

Las denuncias presentadas por los vecinos entre enero y mayo de 2004, solicitando al Ayuntamiento una solución “al escándalo en el que vivimos”, consiguieron que el alcalde de la ciudad, Francisco Valido, mantuviera una reunión con los afectados. Según consta en el escrito a la Fiscalía, Valido habló telefónicamente en presencia de uno de los afectados con el concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes, “exigiéndole que cierre inmediatamente la estación de servicios porque tienen desde hace más de una semana acordada dicha acción y la documentación preparada”.

Los vecinos han intentado "arreglar el problema amigablemente" con el delegado de Repsol en Las Palmas, "sin obtener resultado alguno", así como han mantenido varias reuniones con el concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes, quien llegó a afirmarles que "esta estación no se podrá abrir porque tiene una montaña de denuncias de los vecinos", según consta en el escrito ante la Fiscalía, además de verter otras afirmaciones como "en una semana está cerrada y no tendrá licencia hasta que cumpla con lo que dice el informe técnico [muro perimetral y puertas en el tren de lavado]", o que "los técnicos están viendo la posibilidad de no cerrar toda la instalación y dejar abiertos los surtidores".

La denuncia presentada contra las instituciones es debido a que "las autoridades -a las que se han dirigido desde hace años los afectados- no han hecho nada para paliar el problema, sino por el contrario se han estado burlando, mareándonos y mandándonos de un lado a otro y prometiéndonos actuaciones que nunca llegan a cumplirse".

El vecindario remudense que padece la contaminación acústica de una estación de servicios, que presenta graves irregularidades en su puesta en su funcionamiento, se siente con "una gran impotencia y gravísima indefensión, con daño serio y probado para la salud". De ahí que hayan recurrido al fiscal Anticorrupción como última medida desesperada.

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