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La Voz de Gran Canaria

La última esperanza

La última esperanza JOSÉ A. ALEMÁN

Los intentos de explicar lo que ocurre en Canarias suelen ser castigados con el dichete de “insularista” que, como saben, no necesita demostración. Se larga y ahí queda eso. De forma especial si el análisis denostado se hace desde Gran Canaria.

Pero hay que hacerlo porque la imputación de insularismo implica la falacia de la superación del pleito insular. De pronto, parece olvidada la interpretación tradicional de pleito como lucha histórica de las burguesías insulares y tratan de pasarnos por superación de las viejas rencillas una serie de repartos territoriales y de zonas de influencia económica más o menos explícitos que cuentan con agentes políticos que coordinan esa confluencia desde el Gobierno o en el Parlamento. No hay superación del pleito sino modificación de su formato por razones de rentabilidad.

Por comenzar a darle nombres y apellidos significativos a la invención, ahí están Pedro Luis Cobiella y Eustasio López del lado empresarial y el consejero de Hacienda, José Carlos Mauricio como agente político. El propio Mauricio habló en la prensa al iniciar su actual etapa que se proponía promover un empresariado nacional canario. Doy estos nombres a título indicativo a sabiendas de que cualquiera de ustedes puede ampliar la lista.
Estos comportamientos no son nada del otro jueves ni siquiera exclusivos de aquí. Pertenecen a la normalidad dentro de fenómenos planetarios como la globalización. Precisamente esta globalización, erigida acríticamente por el papanatismo local en bendición del cielo, se utiliza con poco rigor contra los insularismos supuestos o reales que les dije. Con cuidado, claro, de ocultar la otra cara de la globalización.

Esa otra cara es el déficit democrático. Con los rumbos que ha cogido la globalización las grandes decisiones económicas no las adoptan los gobiernos nacionales sino organismos internacionales en manos de gentes que no han sido elegidas sino cooptadas por las poderosas corporaciones trasnacionales industriales y financieras. Los gobiernos nacionales aceptan esa situación en la que cada vez pintan menos; mientras sus ciudadanos han de enfrentarse a decisiones de núcleos de poder mal localizados, imprecisos, desconocidos incluso, que no padecen el “inconveniente” de concurrir a las urnas cada cierto tiempo.

Podría citar casos y el juicio que merecen a los analistas. Pero doy por descontado que los lectores avisados saben de qué va la cosa. Sólo traeré a colación, por lo reciente, el análisis del Nobel Günter Grass de los últimos sesenta años de Alemania. Constata Grass que el Parlamento no decide de forma soberana, que depende de asociaciones, bancos y consorcios no sometidos a control democrático y que la Cámara más parece un apéndice de la Bolsa. Mutatis mutandi, con mayor o menor intensidad y en la debida proporción, lo que ocurre en otros sitios.

¿Puede asegurar alguien, seriamente, que eso no ocurre en Canarias? Por no remontarme en exceso acerca de los indicios de esa mentalidad que supedita la política a los intereses económicos, recuerden que no hace tanto la patronal de Lanzarote lanzó lo que podía considerarse chantaje a las instituciones. La CCE grancanaria, por su parte, llegó a proclamar el sentido social de la RIC con lo que quiso sentar la doctrina de que es el empresariado el único agente social a tener en cuenta por el Gobierno. Si nos remontamos algo, recuerden que se habla de las negociaciones con la UE y los contactos con Marruecos sólo en términos de facilitarle las cosas al empresariado para que haga su negocio. Y si apuramos un poco más, las reticencias a reformar el sistema electoral canario arranca de que el hoy existente asegura mejor que otros el mantenimiento del control de la situación.

Cualquiera de ustedes conoce casos parecidos. No hay nada excepcional. Ni siquiera lo es que la necesaria rebelión contra ese estado de cosas ha de partir de la isla, de lo que cada cual tiene debajo de sus pies; porque, entre otras cosas, no se dispone de los medios empresariales para actuar de otro modo, ni de políticos y partidos dispuestos a facilitarlos. La manera de controlar la rebelión, a eso iba, es descalificarla; o sea, meter en el mismo caldero a los insularistas de reacción y a los que actúan desde su enclave insular porque no tienen otro. De nada vale aclarar que no se va contra el isleño de enfrente sino contra una forma de poder y de gobernar que no sólo se ceba en los grancanarios, por hablar de nuestro caso donde la sensibilidad tiende a exacerbarse por el especial castigo, sino que también perjudica y daña a los tinerfeños y a los isleños de cualquier otra isla que no estén dentro de esos círculos de poder y de influencia.

Sé que es inútil repetir esto una y otra vez porque quienes reparten credenciales de insularistas o no insularistas tienen un objetivo que no es que se entere la gente de lo que hay sino que maldiga. Pero, qué quieren: hay que apechugar porque la esperanza es lo último que se pierde.
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