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La Voz de Gran Canaria

Corrupción en Telde: ¿quién responde?

Corrupción en Telde: ¿quién responde?

La detención del alcalde y varios concejales del municipio canario de Telde, quienes ayer entregaron sus actas, ha venido a demostrar la extrema debilidad, no exenta de sectarismo, de la estrategia del PP frente a los casos de corrupción urbanística que le afectan. A la vista de la extensión que ha alcanzado el fenómeno, harían bien sus dirigentes en no seguir escudándose en la consigna de que su partido ostenta el monopolio de la virtud, y demostrar, en cambio, con hechos y con palabras, que anteponen la honradez en la gestión a la condición de correligionarios de los cargos municipales imputados o bajo sospecha.

Pese a los numerosos indicios de irregularidades en el Ayuntamiento de Telde que se acumulaban en los juzgados desde hace meses, el secretario general de los populares canarios, José Manuel Soria, aseguró hace tan sólo unas semanas que el actual alcalde, ahora en libertad acusado de cohecho, seguía siendo su candidato para las elecciones de mayo. Ése viene siendo el criterio aplicado en casi todos los casos, incluidos los numerosos que afectan en la Comunidad Valenciana a altos cargos imputados por delitos relacionados con el urbanismo.

Los socialistas han tomado la delantera a los populares en la depuración de las responsabilidades políticas derivadas de la corrupción urbanística, reaccionando con mayor rapidez y contundencia frente a los casos que implicaban a sus militantes. Por eso harían mal respondiendo a la estrategia del monopolio de la virtud que ha seguido el PP con otra estrategia que, sin mayor ambición ni perspectiva, se limitase a reclamar para ellos el monopolio del rigor. Expulsar a los militantes sobre los que pesen fundadas sospechas de corrupción debería ser el comportamiento normal de todo partido democrático, no una baza de imagen.

Aparte de mostrar diligencia en las sanciones, hay que desmontar el turbio y espeso tejido de intereses formado alrededor de los ayuntamientos y de sus competencias en la ordenación del territorio. La fiscalía y los jueces llevan tiempo haciendo su trabajo, a pesar de la insuficiencia de sus medios. Pero existe, además, una dimensión política del problema, relacionada con la regulación del suelo, la financiación de las corporaciones locales y de los partidos y, en último extremo, con la distribución territorial del poder. Para las elecciones de mayo, los ciudadanos tendrían que conocer las distintas propuestas.

Editorial de El País (Madrid), 11-11-2006

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