Tunte exige una rectificación
Dolidos por las palabras del presidente del Gobierno, Adán Martín, «que por un hecho vandálico no se la ha ocurrido otra cosa que calificarnos de racistas», los vecinos de Tunte reclamaban ayer la celebración de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para que la Corporación se pronuncie sobre los últimos acontecimientos que han tenido como epicentro esta zona del municipio...................................................................................................
Consideran que el incendio que afectó al Aula de la Naturalez donde estaba previsto que fuesen alojados 81 menores inmigrantes, «nunca puede dar lugar a una acusación tan desproporcionada de un presidente», señala Antonio Juan Santana, quien al igual que Manolo Cabrera, rechaza indignado «lo que para nosotros es un ataque a la dignidad de un pueblo noble, acogedor, pacífico y solidario».
Los vecinos critican la «incapacidad» de los políticos para resolver el problema de los menores inmigrantes, señalando que todo esto ha ocurrido por la falta sensibilidad y de programas de integración del Gobierno de Canarias.
Recuerdan que la vez anterior el Gobierno hizo una serie de promesas que luego incumplio. «Les dieron techo, cama y comida pero se olvidaron de lo más importante, los mecanismos de integración, dejando que los niños, que no son culplables en absoluto, se enfrentaran con el pueblo; es por esto, por esta mala experiencia, que no queríamos que se repitiera el alojamiento de los niños aquí, pero de ahí a tratarnos de racistas creo que es un insulto gratuito que el presidente debería rectificar», apunta Cabrera.
Para Pedro Pablo «no se puede prejuzgar de la forma que se ha hecho dando por sentado que el autor o los autores son de Tunte». «Los habitantes de este pueblo tiene derecho a la presunción de inocencia hasta tanto sea detenido y condenado el cupable», señaló este vecino preocupado «porque acusaciones como las del presidente afectan de manera importante la imagen de la zona».
Otros vecinos creen que antes de calificar a un pueblo de racista o xenófobo se debería mirar un poco la historia, el pasado de su gente, su idiosincracia, «porque si algo siempre ha caracterizado a la gente de Tunte es su hospitalidad y su solidaridad con los que menos tienen»
Narváez no acepta ese término
La alcaldesa, Concepción Narváez, señaló ayer que como no se sabe quien o quienes incendieron el Aula de la Naturaleza y la procedencia de los mismos, «tratar de racistas a las personas que viven en ese barrio, me parece demasiado fuerte; en esto para nada coincido con el presidente del Gobierno» apuntó la alcaldeza, quien estudiará la convocatoria de un pleno extraordinario y monográfico sobre este tema. «La gente es solidaria con los niños, pero no está de acuerdo con el lugar, ya que no es el idóneo para ellos».
Unidad
Las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, calificando de xenófobos a los tirajaneros, provocaron la indignación del pueblo de Tunte pero al mismo tiempo contribuyeron a incrementar su unidad, seguros de que fueron dichas sin pensar en lo más mínimo a quienes iban dirigidas.
Serenidad
El revuelo provocado por los incidentes registrados en los últimos días en absoluto han roto la tranquilidad que caracteriza a las personas de las medianías tirajaneras. La serenidad, casi imperturbable, resultaba ayer asombrosa para quienes acudieron al pago esperando encontrar lo contrario.
Aula
El Aula de la Naturaleza, cuyo mobiliario interior fue incendiado el pasado jueves por manos anónimas, permanecía ayer cerrada a cal y canto. Los vecinos hablaban de la presencia de policías en su interior pero desde el exterior no se observaba ningún movimiento de personas que permitiera suponer que estaba vigilada.
Una parte del grupo regresa a Tafira Baja
El Cabildo Insular de Gran Canaria llevaba a cabo ayer obras de reforma y renovación de mobiliario en el centro de acogida inmediata (CAI) de menores extranjeros de Tafira Baja, el edificio que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó clausurar el pasado 2 de marzo al considerar que las instalaciones no reunían los requisitos mínimos de seguridad para garantizar la integridad física de sus moradores. La Fiscalía se encontró con un incendio en los terrenos inmediatos a la finca del centro cuando se disponía a llevar a cabo una inspección rutinaria.
Según fuentes extraoficiales próximas a la Corporación Insular, la Consejería de Política Social y Sociosanitaria de la Corporación Insular proyecta devolver al centro a parte de los 84 menores africanos que estaban ingresados allí antes del 2 de marzo, y que tras la orden de desalojo de la Fiscalía fueron trasladados temporalmente al polideportivo municipal de Escaleritas.
Las Administraciones Públicas tenían previsto reubicarlos en el Aula de la Naturaleza de Tunte, que fue pasto de las llamas por un incendio provocado en la noche del jueves al viernes, antes de que se ejecutara el traslado.
Las fuentes consultadas explicaron que el Cabildo trabaja contrarreloj en el CAI de Tafira con el fin de que mañana, lunes pueda albergar al menos a parte de los inmigrantes -su aforo autorizado es de 20 plazas- y así dar cumplimiento, al menos de forma parcial, al requerimiento de la fiscal de menores de protección, Inés Herreros, que en la tarde-noche del viernes ordenó el desalojo «urgentísimo» del gimnasio de Escaleritas, al considerar, tras llevar a cabo una inspección, que tampoco estas instalaciones ofrecían garantías de dignidad y seguridad para los inmigrantes ilegales.
Una fuente extraoficial del Cabildo apuntó ayer a este periódico que, supuestamente, el CAI de Tafira podría obtener el beneplácito de la Fiscalía -que en materia de Menores actúa como defensora de su superior interés- siempre que se lleven a cabo reformas de fontanería, albañilería, electricidad, limpieza y cambio de mobiliario. Ayer, en el centro se evidenciaban los signos de actividad de los que da fe el reportaje gráfico, aunque nadie atendió a la llamada de este periódico.
Si el centro está preparado durante la próxima semana para realojar a los menores, las administraciones implicadas en la crisis (el Cabildo es responsable de la ejecución de las medidas para paliar el desamparo, y el Gobierno canario, de la tutela de los jóvenes) sólo habrán resuelto una parte del problema, ya que el centro, inaugurado a mediados de los años 90 como centro para toxicómanos por el entonces presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria José Macías, sólo tiene autorización para albergar a 20 personas.
El Cabildo también sopesaba ayer la posibilidad de alojar a parte de los jóvenes en el antiguo internado de San Antonio en Vegueta, apuntaron fuentes extraoficiales de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.
Las portavocías oficiales de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Política Social del Cabildo declinaron ayer adelantar cuál va a ser la solución definitiva a la reubicación de los menores.
Los 84 sin tierra pernoctaron anoche en el polideportivo. Durante la jornada fueron trasladados a las canchas del López Socas para que tomaran el aire libre, y por la noche volvieron al gimnasio. Una empresa de catering les llevó las tres comidas del día puntualmente.
Menos demagogia
El presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, pidió ayer sentido común, cordura y menos demagogia, y apostó por la repatriación de los menores inmigrantes para no hacer el juego a las mafias y a las organizaciones sindicales. Soria recordó que el Gobierno de Canarias ha establecido un cupo para redistribuir menores inmigrantes en las Islas, fijado en 84 menores, y aseguró que actualmente el número de estos en la Isla de Gran Canaria supera los 140.
Para el PP, es que las mafias sepan que se pueden repatriar a los menores a sus países de origen, de lo contrario el número de menores inmigrantes que se embarcan en pateras puede ir aumentando indefinidamente. Respecto a los menores que debían ser trasladados al centro de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, y que tras el incendio del centro siguen en un gimnasio de la capital grancanaria, Soria afirmó que la consejera de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo grancanario, María de la Salud Gil, remitió a la Fiscalía una relación de los centros disponibles para que fije la situación de los mismos y determine cual es el adecuado para albergar a los menores de Tunte.
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Yaiza -