Persiste la insensibilidad institucional ante las barreras arquitectónicas para los minusválidos

La persistencia de barreras arquitectónicas y urbanísticas en edificios públicos y privados en Las Palmas de Gran Canaria, de nueva construcción o sujetos a remodelación pese a las leyes en vigor que obligan a su supresión, ha empujado a los afectados por algún tipo de discapacidad a plantearse llevar el asunto a las autoridades comunitarias.
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No en vano, según razonan, los organismos competentes de la Unión Europea proveen de fondos, cuantiosos presupuestos si se suman los dineros aportados en los últimos años con cargo a ese capítulo, para la eliminación
de barreras no sólo en el ámbito urbanístico sino también en el del transporte y la comunicación.

Tomás Morales, Luis Doreste Silva y la mismísima Triana, y nuevas zonas de expansión como Siete Palmas o La Minilla, son algunas de las calles, de entre las de más trasiego de la ciudad, prueba de la denuncia de la Asociación para la Integración del Minusválido Físico de Canarias (Aimifca). "La ley territorial de accesibilidad no se cumple; se siguen construyendo edificios públicos y privados, centros comerciales y otros locales de ocio, sin las condiciones para que las personas con discapacidad tengan el mismo derecho de acceso que las que no la tienen". Por eso, la asesoría jurídica de este colectivo estudia presentar una denuncia ante los organismos comunitarios, según Bautista.

Oficinas bancarias, supermercados, tiendas de ropa, edificios sedes de algunas administraciones (regional, insular o local) adolecen de rampas y bordillos deprimidos. "¿Que quién tiene la culpa?. Pues quienes construyen y promueven esas obras y quienes, después, las supervisan o no, y otorgan la licencia de finalización haciendo la vista gorda y no aplicando la ley, que es bien explícita al respecto", explica Carmen Bautista. En efecto, Canarias dispone desde hace una década de la Ley 8/1995, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, normativa que se sustenta, como las de ámbito estatal, en el principio constitucional de la igualdad de todos los ciudadanos y la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones
para que ésa sea posible.

La Ley es clara al respecto. En su artículo 25, sobre medidas de control, se estipula que "toda concesión de licencia de obra, sin tener en cuenta los preceptos de esta Ley, se considerará nula de pleno derecho". Así que, ayuntamientos y colegios profesionales, además de cabildos y el propio Gobierno regional, tienen competencias
en materia de vivienda y habitabilidad para exigir que sea cumplida la norma. Ese mismo artículo señala que "si las obras realizadas no se ajustasen al proyecto autorizado y se comprobara que no se han cumplido las condiciones de accesibilidad" y las mismas no son legalizables. "se ordenará el derribo".

Ni uno ni otro extremo se cumplen en la realidad, según Bautista. "Los proyectos que se ajustan a la ley lo son por la iniciativa de algunos promotores o del dueño de las instalaciones a construir o reformar. Pero, a la hora de la supervisión, el Ayuntamiento no realiza las inspecciones. Si fuera así, no podría permitir la apertura".
Técnicos de Urbanismo, concejales y hasta la alcaldesa, Pepa Luzardo, con la que hablaron hace alrededor de un año, "dicen tomar nota. Pero continuamos viendo edificios que se construyen o se reforman y es más de lo mismo".