Una permuta para Veneguera

Corrían los años 70, en plena fiebre de construcción turística en el sur de Gran Canaria. Banesto se hacía con la propiedad de buena parte del barranco de Veneguera y, a principios de los 80, presentaba un macroproyecto de urbanización de 110.000 camas, de las que casi 90.000 eran turísticas, que despertó la preocupación en la sociedad grancanaria.

La pretensión de convertir un bello rincón de la Isla en una gran ciudad turística al estilo de Puerto Rico, todo ello en un espacio que de alguna manera define la frontera entre el sur turístico y la naturaleza más o menos salvaje de los barrancos del litoral de Mogán, fue demasiado para al menos 46.000 personas, que avalaron en la década de los noventa la presentación de una iniciativa popular en el Parlamento para la protección del barranco y la playa de Veneguera.

De nada sirvió a Banesto y su socio canario, Lopesan, haber ido bajando sucesivamente el número de camas del proyecto, pasando de 120.000 a 40.000, luego a 15.000 y, finalmente, a 3.000 dentro de una urbanización de alta calidad. Los tiempos habían cambiado y Veneguera, que para ese entonces ya era un símbolo de la resistencia frente al cemento, se convirtió en parte del Parque Rural del Nublo en 2003, lo que impedía la posibilidad de construir camas turísticas en su seno.

Sin embargo, en todo este proceso de treinta años han entrado en colisión dos derechos. Por un lado, está el derecho privado de Banesto, que luego fue adquirido por el grupo Santander Central Hispano (SCH) y Lopesan (que se reparten el 75 y el 25% del accionariado de Costa Canaria de Veneguera, la empresa promotora, respectivamente), que adquirieron un suelo con derecho a urbanizarse que, con el devenir de los años, se convirtió en territorio protegido.

Por otra parte, está el derecho de todos los canarios, representado por el Ejecutivo regional, a declarar la protección de un determinado espacio, en este caso por sus valores naturales y paisajísticos. Algunas fuentes jurídicas consultadas apuntan a que la manera de hacer conciliar ambos derechos, después de la negativa rotunda y tajante del Gobierno canario a indemnizar a la propiedad privada, es mediante una permuta al estilo Confital, una vía que podría estar explorándose en este momento.

El Confital, en la capital grancanaria, pertenece a manos privadas. Los intentos de expropiación capitaneados por el Ayuntamiento en la época socialista fracasaron una y otra vez. Sin embargo, cuando llega Soria, cambia el planteamiento y permite a los propietarios urbanizar una parte (se proyectó incluso un gran hotel), pero cediendo otra para uso público. Ante la fuerte contestación social a esta iniciativa se opta por llegar a un acuerdo: los propietarios ceden El Confital y se les compensa con terrenos en otros lugares de la ciudad.

Éste es el espíritu que podría alumbrar una solución al impasse jurídico en el que se encuentra Veneguera, en fase probatoria en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desde hace un año. Las fuentes consultadas aseguran que "ésa podría ser la solución, pero lo que parece claro es que los terrenos a permutar con la propiedad deben ser de primera calidad, en consonancia con el propio barranco y playa de Veneguera".

El planteamiento es que el SCH y Lopesan puedan obtener terrenos para al menos recuperar su inversión, estimada por estas dos empresas en 19 millones de euros (construcción de una carretera y otros gastos), y parte del valor del suelo, calculado a su vez en 240 millones, mediante la obtención de suelo urbanizable en un lugar óptimo en el que, además, estarían obligados a ceder compensaciones al Ejecutivo canario mediante construcción de alguna infraestructura pública. A cambio, Veneguera sería, por fin, propiedad de los canarios.