Como la memoria es flaca sobre todo en el común ciudadano de a pié, ofrecemos aquí un recorrido por los más sonados escándalos de corrupción sucedidos en los últimos dieciséis años por el ATI-Coalición Canaria (CC), el partido-coalición que ha controlado de forma ininterrumpida durante más de tres lustros los destinos de Canarias para beneficio de Tenerife en general y de sus exclusivos intereses en particular. Eso sí han contado con el apoyo para ello del Partido Popular que también se ha visto implicado, como sucede en la actualidad, en turbios manejos político-económicos.
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El caso Amorós

Alberto Amorós Mustafá contrató un camioncillo de color verde la mañana que abandonó su despacho de la tercera planta de Tomás Míller. Aquella mañana de julio de 2003, se llevó un gran número de cajas que atesoraba en un cuarto trasero donde sólo entraban él y el personal de limpieza. Ninguna de las tres secretarias adscritas durante ocho años al ex director general del Tesoro tenía acceso a esa dependencia. El despacho de Amorós disponía de tresillo color verde aguamarina; una mesa de reuniones para 10 personas; otra de trabajo más grande que la del consejero; un baño con tina y bidé y, sobre todo, una habitación aneja donde acumulaba los archivos, expedientes y fichas de militantes del Partido Nacionalista Canario (PNC) y del foro Tribuna Canaria y, sobre todo, mucha información sensible sobre las actividades del Tesoro, las empresas y los contribuyentes a los que se fijó órdenes de pago y de cobro.

Esa habitación oculta a los ojos de los funcionarios (quedaba cerrada bajo llave siempre que no estaba en el despacho) quedó limpia aquella mañana de 2003. Sólo el conductor del camioncillo supo el destino de las cajas repletas de documentos y disquetes (hace tres años no había cd). Amorós negoció meses después una reinserción al Gobierno como consejero delegado de Grecasa, la empresa pública que gestiona las recaudaciones por vía ejecutiva. Fracasó en su deseo, pero a cambio se llevó un material tan delicado que sólo él conoce su verdadero potencial.

Pieza clave

Tres años después, sobre Amorós pivota una de las comisiones de investigación acordadas esta semana por el Parlamento canario. La Cámara someterá a interrogatorio a un número destacado de consejeros (José Carlos Francisco y Adán Martín), viceconsejeros, directores generales, empresas y funcionarios que se relacionaron con el Tesoro. En la investigación saldrán a relucir, seguro, asuntos colaterales donde Amorós se convirtió en una pieza esencial a través de la que circulaban todas las operaciones mercantiles del Gobierno. El ex director general conoce a fondo los expedientes del Icfem, Jinámar y Tindaya, tres de los casos más polémicos de estos 16 años de gobierno nacionalista.

Posiblemente, por el nudo de amistades que frecuentaba en el círculo de Julio Bonis, Amorós también sabe qué pasó con el concurso hospitalario de Sintel y con la privatización del servicio de informática de la Consejería de Economía y Hacienda. Conoce, además, por los muchos almuerzos en los que participó, cómo se fraguó el concurso eólico y cómo se pactaron los equilibrios de poder en la Audiencia de Cuentas, el órgano fiscalizador que acabó en 2004 responsabilizándolo como autor de un sistema opaco al control de la Intervención y del presupuesto oficial. «Amorós sabe tanto de tantos que muchos muestran su respeto por temor. Por eso intentaron resituarlo en Grecasa», comentan en fuentes nacionalistas.

Quién le cerró el paso a Amorós es hoy un enigma, pero sabía que el día que se atreviera a cantar no iba contra él. Al menos eso pensaba en 2003, pero todo puede cambiar con la comisión de investigación.

De los 10 casos seleccionados por este periódico que marcaron la vida política en Canarias desde que CC llegó al poder autonómico, existen algunos que no han cicatrizado. Amorós acaba de reventar en los titulares de prensa. Alude a un conjunto de contratos con empresas privadas y patrocinios con entidades financieras que escaparon al control de la Intervención General.

Junto a Amorós acaba de estallar también el concurso eólico, donde la formación que más sufre el desgaste público es el Partido Popular. La instrucción del Juzgado Número 7 coloca al ex consejero Luis Soria en una posición comprometida el día que tenga que declarar ante el juez Miguel Ángel Parramón. El concurso eólico y la gestión de Amorós alcanza a la credibilidad del actual presidente, Adán Martín, sobre todo, porque parte de sus decisiones afectan también al futuro del proyecto monumental de Tindaya, en Fuerteventura. De hecho, el viceconsejero y portavoz, Miguel Becerra, fue encomendado para llegar a un acuerdo con los socios privados del monumento. Pero Tindaya es otro de los misterios del Gobierno nacionalista que, de perderlo en el Tribunal Supremo, puede abocar a las arcas públicas a pagar indemnizaciones por valor de 80 millones de euros.

En Tindaya están envueltos también el ex presidente Román Rodríguez y el ex consejero de Turismo, Juan Carlos Becerra, autores políticos de la querella contra la ute FCC-Necso que puede acarrearles grandes costos a la Administración. Román Rodríguez también aparece en la estela de Sintel junto al ex consejero Julio Bonis. Bonis le adjudicó a Sintel un concurso público en Sanidad que le permitió acceder a un crédito preferente en una entidad financiera isleña seis meses antes de que suspendiera pagos. Hoy Sintel está en quiebra y sus dirigentes y socios locales afrontan un proceso judicial para recuperar 5 millones de euros.

De León

Por su amistad y pertenencia al mismo grupo de cargos, Amorós también tiene mucho que contar sobre los movimientos que ordenó Julio Bonis para reformar los soportes informáticos de la Administración. La migración de datos hacia empresas privadas acunada por Bonis ha sido hoy perfeccionada por la secretaria general técnica de Economía y Hacienda, Cristina de León, quien trabajó con Bonis como directora general de Función Pública. De hecho, esta semana la Fiscalía Anticorrupción reclamó a un gran establecimiento de las Islas el listado de productos informáticos adquiridos por el Gobierno.

Los ocho años de Amorós en el Tesoro dieron para mucho. Siguió de cerca el cruce de acusaciones entre el ex consejero de Política Territorial del PP, Tomás Van de Walle, y el hoy diputado y viceconsejero de CC, Fernando González, por un presunto trato de favor en los terrenos del parque comercial de Jinámar hacia el promotor Ambrosio Jiménez. La denuncia contra Van de Walle se archivó y éste demandó a González por daños y perjuicios (está pendiente de fallo judicial). En medio del conflicto, Ambrosio Jiménez cerró la compra de los terrenos en Jinámar donde realojó a los vecinos que ocupaban las parcelas del futuro parque. Los solares, recalificados por el Ayuntamiento de Las Palmas, pertenecían de un familiar próximo a Amorós.

En esos ocho años, Amorós tuvo acceso al ir y venir de las órdenes de reintegro del Instituto Canario de Formación y Empleo. El Icfem también está judicializado con la imputación de un ex consejero y cinco directores generales, todos de Coalición Canaria. Amorós fue uno de los primeros en conocer la convalidación de 20 millones de euros que el Consejo de Gobierno otorgó, en 1998, a numerosos centros empresariales privados con el fin de subsanaran las justificaciones por impartir cursos a los desempleados.