TERESA GONZÁLEZ DE LA FE *
La semana pasada, el diario El País reseñó un trabajo sobre la situación de la investigación científica en España, la I+D, realizado por dos conocidos colegas en los estudios de sociología y política de la ciencia en España, Clara E. García y Luis Sanz. A pesar de que la reseña hacía referencia a trabajos publicados en revistas científicas a los que no he tenido acceso aún, la información del periódico es suficiente para la reflexión que quiero hacer aquí y que se refiere a la situación de las universidades canarias en el conjunto de la investigación española.
Para las 48 universidades públicas analizadas, el periódico ilustra dos tipos de medidas: la competitividad investigadora y el esfuerzo investigador. La competitividad investigadora se define como el éxito conseguido en la financiación de proyectos de investigación presentados al Plan Nacional de I+D, que es la principal fuente de financiación de la investigación española, esto es, el porcentaje de proyectos que reciben financiación en relación al total de proyectos presentados. El esfuerzo investigador se define como la proporción de proyectos que consiguen financiación en relación a la plantilla de profesorado universitario, es decir, cuántos profesores universitarios consiguen financiación para sus proyectos de investigación.
Pues bien, la posición de las universidades canarias en ambos indicadores, competitividad y esfuerzo, es más bien mala, por no decir pésima. En competitividad, de las 48 universidades públicas españolas, la Universidad de La Laguna (ULL) ocupa la posición 33 y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la 39. Esto significa que de cada 100 proyectos que solicitan financiación al Plan Nacional de I+D, la ULL consigue que se le financie algo menos de la mitad (el 48,4%) y la ULPGC una proporción algo menor (el 44,8%). En competitividad estamos, pues, en posiciones de cola, en el último cuarto de la tabla. En esfuerzo investigador, la cosa es peor, pues la ULPGC ocupa la posición 47 y la ULL la 48, es decir, las dos últimas de la lista.
Aunque la situación general es mala para las dos universidades, me parece que ambas no son comparables. La ULL es una universidad que en 2007 cumplirá 80 años de existencia. Pese a que Marisa Tejedor en sus tiempos de rectora celebrase con gran pompa los 200 años, lo cierto es que la Universidad de La Laguna fue fruto del decreto de 1927 que otorgó la división provincial tanto tiempo reivindicada en Gran Canaria y formó parte de las contrapartidas a Tenerife por la creación de la provincia oriental. La ULPGC, por su parte, no llega a los 20 años de existencia, siendo pues, una universidad joven, aunque la juventud tampoco es excusa por cuanto universidades también jóvenes, como la Pompeu i Fabra de Barcelona o la Miguel Hernández de Elche ocupan las posiciones 6 y 12 respectivamente del ranking de competitividad y las posiciones 1 y 5 del ranking de esfuerzo.
Es cierto que este tipo de medidas pueden llevar a engaño, puesto que generalizan la situación de las universidades, sin distinguir entre las distintas disciplinas o especialidades y sin atender a los recursos de investigación disponibles en cada universidad para las distintas disciplinas, al número de doctores, a la carga docente de los departamentos y a otros elementos que influyen en la situación de la investigación universitaria. Pero nos dan una imagen de conjunto que nos debe hacer reflexionar sobre las penurias de la ciencia en Canarias. ¿Qué sucede en Canarias? ¿Por qué somos, y me incluyo como parte de las plantillas universitarias, tan poco competitivos y hacemos tan poco esfuerzo investigador?
No tengo respuestas inequívocas para estas preguntas que, por otra parte, no tienen una sola respuesta. Pero hay elementos en la situación de Canarias que pueden ayudar en la reflexión y el debate sobre este problema -la penuria de la investigación en Canarias- que puede parecer lejano y poco importante en medio de problemas mayores como llegar a fin de mes, hacer frente a los cambios producidos por la inmigración masiva o las listas de espera (interminables) de la sanidad pública, pero que es el problema más importante de cara al futuro inmediato, pues el conocimiento y la innovación son, cada vez más, las fuentes principales de la riqueza, los motores de la economía.
Respecto a la escasa competitividad de las universidades canarias no podemos echar (toda) la culpa al Gobierno de Canarias. Ya nos gustaría que fuera así de fácil. Es cierto que Canarias ocupa posiciones de cola en los indicadores generales de I+D, por ejemplo el porcentaje del producto interior bruto regional que se dedica a actividades de I+D -menos de la mitad de la media española-, pero Baleares está en una posición algo peor que Canarias en este indicador y, sin embargo, la Universidad de las Islas Baleares ocupa la posición 26 en competitividad y la posición 3 en esfuerzo. La competitividad, el éxito en conseguir financiación para los proyectos, depende tanto de los currícula presentados por los equipos investigadores, especialmente de los directores de los equipos, como de los temas que se proponen investigar y que deben adecuarse a las prioridades y programas establecidos en el Plan Nacional de I+D. Por ello, no podemos achacar la escasa competitividad de los investigadores universitarios a sus currícula, sin antes conocer si los proyectos a los que se niega financiación se adecúan a las líneas prioritarias del Plan Nacional. Sugiero a los rectorados y a los responsables de I+D del Gobierno de Canarias que estudien este aspecto que puede ayudar a explicar la baja competitividad de nuestra investigación.
Respecto a nuestro escaso esfuerzo investigador hay una primera explicación obvia, que me temo que será impopular y me atraerá la reprobación de muchos de mis compañeros universitarios. El sistema universitario español ofrece muy pocos incentivos para la investigación, por lo que los universitarios investigamos por razones que van desde la vocación y el interés por ciertos temas, a las necesidades de promoción académica (los profesores cobramos por dar clases pero promocionamos en la carrera académica en función de los méritos de investigación) o por razones económicas (existen unos complementos estatales de investigación, los sexenios o gallifantes, que se otorgan por méritos de investigación evaluados a escala nacional). La existencia en Canarias de otro sistema de complementos retributivos que permite a los profesores incrementar sus exiguos sueldos (no se olvide que España remunera a sus profesores e investigadores por debajo de otros países de nuestro entorno y, además, ser científico no goza precisamente de prestigio social en nuestro país), puede ayudar a explicar por qué hacemos tan poco esfuerzo en las universidades canarias por presentar proyectos en el Plan Nacional. Una vez que nos hemos hecho funcionarios, que hemos promocionado en nuestras carreras, nada nos incita a seguir investigando salvo la obtención de los gallifantes, que no sólo nos dan un dinerillo mensual adicional sino que también nos dan prestigio ante nuestros colegas y, después de la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, son requisito para dirigir tesis doctorales y para otro tipo de funciones universitarias. Obtener los complementos retributivos canarios, uno de ellos referido a I+D, pero otro, el más sustancioso económicamente, referido a méritos de docencia y otro a méritos institucionales, puede tener como efecto no deseado, lo que en sociología se llama efectos perversos, la falta de incentivos para presentar proyectos al Plan Nacional de I+D, máxime cuando el Plan Canario de I+D+i permite obtener financiación para proyectos de investigación compitiendo sólo a escala regional y no estatal y esto es suficiente para obtener el complemento regional de I+D.
Sirvan estas reflexiones para empezar a debatir el problema importante, que es la penuria de la investigación en Canarias que va a condicionar de forma negativa nuestro futuro. No hay espacio aquí para señalar todas las causas de esta penuria (históricas y estructurales) y sería necesaria una serie de artículos para hacer justicia a la situación. Los responsables políticos de la I+D en el Gobierno regional deberán hacer frente a este problema e investigar detalladamente sus causas, antes de demonizar al profesorado universitario, pues la mayor parte de la I+D que se hace en Canarias se hace en las universidades. Si esta aportación sirve para no obviar el problema, para no mirar a otro lado, y contribuye a empezar a preguntarnos qué sucede y cómo podemos remediar la situación, habré cumplido largamente mis objetivos al escribirla, pues al fin y al cabo, estamos en agosto y de vacaciones.
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* Catedrática de Sociología y directora del Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales de la ULL
