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La Voz de Gran Canaria

Carmelo Reyes, concejal de Telde por CIUCA, declaró tras saber que se investigaban las licencias de taxi

Carmelo Reyes, concejal de Telde por CIUCA, declaró tras saber que se investigaban las licencias de taxi

A. J. F.

El ex concejal de Policía, Tráfico y Transportes en el Ayuntamiento de Telde, Carmelo Reyes, solicitó declarar como "testigo voluntario" en la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria tras saber que la Benemérita había iniciado una investigación ante la presunta existencia de anomalías en el proceso de entrega y venta de licencias en el sector del taxi en el municipio.

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, por el contenido de la citación que le fue entregada al edil y cabeza visible de Ciuca, se deduce que fue el propio munícipe el que quiso comparecer ante los agentes y explicarles cómo era el procedimiento que se seguía en el Ayuntamiento para la concesión de estos codiciados permisos, para cuya obtención por la vía del traspaso supuestamente se llegan a pagar cantidades que superan los 150.000 euros y que en muy pocas ocasiones se hacen constar en los documentos oficiales.

En su declaración, Reyes respondió sobre las bases de las convocatorias que se seguían y cuáles eran las funciones y el cometido que durante este trabajo cumplían tanto él como el jefe del servicio, José Prados, quien el pasado viernes declaró a este periódico sentirse "tranquilo porque todos los documentos están en regla y afortunadamente están ahí [refiriéndose a las estanterías del negociado de Transportes] para que puedan ser fotocopiados".

El registro policial llevado a cabo por una decena de agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil tuvo lugar el jueves, una vez que se avanzó en las primeras diligencias cursadas por la Benemérita a raíz de una denuncia cursada, según todos los indicios, por un asalariado que no tuvo acceso a las últimas 21 autorizaciones entregadas por Reyes en febrero de 2006 y que podría estar asesorado en esta acción por alguien muy cercano a la institución local.

En cualquier caso, y tras ocho horas de trabajo a destajo en dos de las fotocopiadoras existentes en las oficinas municipales de San Juan, los miembros de la Guardia Civil que se desplazaron al Ayuntamiento días atrás llegaron a fotocopiar documentación de más de medio centenar de archivadores, muchos de ellos otorgados en la época en la que los ediles responsables del área fueron José Luis Peña y Juan Francisco Martel, antecesores de Reyes en el cargo.

Los agentes comenzaron a fotocopiar las licencias por orden numérico, pero, cuando ya habían avanzado bastante su trabajo y tenían ultimados una veintena de dossieres, quisieron centrarse en otras elegidas aparentemente al azar. En total, fueron cerca de 10.000 los textos reproducidos, algunos de ellos fechados en la década de los años 70 y 80.

Los recursos presentados en la última adjudicación, el embrollo judicial en el que se encuentra involucrada la licencia número 21 y la supuesta existencia de casos de fraude fiscal en algunas de las transacciones de permi-sos acometidas en los últimos 15 años pueden estar detrás de la denuncia, cuya instrucción corre a cargo de María de los Ángeles Zabala, la magistrada titular del Juzgado número seis, que también lleva tres pleitos de relevancia en los que está inmerso el Ayuntamiento.

Información de: La Provincia, 26-12-2006

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