La insuficiente financiación que el Gobierno de Canarias destina a la capital grancanaria obliga al Ayuntamiento a refinanciar su abultada deuda

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó ayer la refinanciación de la deuda municipal que se especulaba desde diciembre pasado, cuando el Pleno aprobó el presupuesto para 2005. Este procedimiento permitirá rebajar su abultada deuda a largo plazo, que ahora asciende a 79 millones de euros según datos oficiales y, sobre todo, aliviar los problemas de liquidez que acucian a la hacienda local desde hace al menos año y medio, aunque no han sido reconocidos por la Alcaldesa Pepa Luzardo.
....................................................................................................

El anuncio de la refinanciación de la deuda, una posibilidad a la que siempre que fue cuestionado respondió con ambigüedad el concejal de Hacienda, Recursos y Calidad de los Servicios, Eugenio Mambrilla, pero que en todo caso siempre consideró como "un instrumento normal" de gestión, consiste básicamente en aplicar a las deudas municipales una disminución de los tipos de interés situándolos entre el 0,14 y el 0,05 por ciento, en lugar de los diferenciales actuales, alrededor del 0,25 por ciento. La medida, además, trae como consecuencia positiva la reducción de la carga financiera que tiene que asumir el Ayuntamiento, que desciende del 4,36 por ciento actual al 3,5 por ciento. El
ahorro, igualmente, pasaría del 9,78 por ciento al 10,55 por ciento, lo que inmediatamente incrementará los recursos disponibles para financiar inversiones, esto es, la liquidez.

La renegociación de los tipos se aplicará a la mayor parte de la deuda del Ayuntamiento con los bancos (Banco de Crédito Local, La Caja Insular de Ahorros de Canarias, Banesto, Santander-Central-Hispano y Cajamadrid), esto es, a un total de 61 millones de euros de los 79 millones de la deuda municipal a largo plazo.

Problemas

Los problemas de liquidez del Ayuntamiento comenzaron a ponerse de relieve a finales de 2003, cuando el Gobierno de
Canarias sancionó al Ayuntamiento con una disminución de su disponibilidad de recursos, unos 11 millones de euros, que no podía destinar a inversiones sino a sanear sus arcas por no cumplir algunos de los parámetros de la Ley del Fondo Canario de Compensación Municipal durante el ejercicio de 2002, siendo alcalde José Manuel Soria. Ya en 2004 se agravó la situación por el conflicto del REF, lo que se tradujo en la subida de impuestos.

Ni la Alcaldesa Pepa Luzardo ni el Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria y presidente del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria han pedido una mayor inversión del Gobierno de Canarias para atender las grandes necesidades de la capital grancanaria, el mayor núcleo de población del Archipiélago. Debido a esta desidia, la situación capitalina se hace cada vez más agobiante, aumentando su deuda y permaneciendo muchos de sus barrios sin servicios básicos, tal cual hemos denunciado en noticia del pasado día 3 de febrero.

Esta situación de estrangulamiento económico de las instituciones grancanarias se suma a las medidas de desmantelamiento de sedes y relegamiento generalizado que el Gobierno de Canarias, dirigido por el Partido Popular y ATI-Coalición Canaria, practica con nuestra Isla desde la llegada al poder del tinerfeño Adán Martín y José Manuel Soria.