ROMÁN RODRÍGUEZ

En las sociedades modernas tienen una gran trascendencia las políticas destinadas a la adecuada movilidad de personas y mercancías. Se trata de hacerlo con la máxima eficiencia y sostenibilidad, apoyando desde las administraciones medidas que coadyuven a la fluidez del tráfico, estimulando el transporte público de pasajeros y trabajando por la disminución del impacto medioambiental, pues no hay que olvidar la importante incidencia en el calentamiento global del Planeta de las emisiones de CO2 debidas al transporte, especialmente en los entornos urbanos. Se trata, en definitiva, de mejorar nuestra movilidad, al tiempo que contribuimos a la mejora de la calidad de vida de las personas (disminuyendo el ruido y las emisiones contaminantes) y, por tanto, a la propia salud de la Tierra.

En este sentido, defendiendo esa filosofía a favor de un transporte racional, seguro y sostenible, puede sorprender que Nueva Canarias-Nueva Gran Canaria haya sido la única formación política que se ha opuesto frontalmente al famoso tranvía Santa Cruz-Laguna. Pero no es así. Lo hacemos por dos argumentos centrales. Por un lado, por la dudosa eficacia de un tranvía que, por su recorrido, no mejora los tiempos de traslado de las actuales guaguas, lo que va a condicionar su aceptación y uso. Y, fundamentalmente, porque con su implantación se rompe con el equilibrio y consenso que existía hasta el año 2003 en la política de transportes en nuestro Archipiélago.

Una política que era diseñada de forma consensuada entre el Gobierno canario y los cabildos insulares, y que trataba de responder a las diferentes necesidades mediante contratos programas de carácter cuatrianual; y que logró que en los diferentes estudios sociológicos se plasmara un incremento progresivo en el grado de satisfacción de los usuarios, aunque, sin duda, quedaran asignaturas pendientes, mejoras imprescindibles para seguir avanzando. Pero todo esto se quebró con el acuerdo establecido entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, integrado por ATI-CC y PP, en el año 2004, acuerdo al que me negué siendo presidente del Ejecutivo, dos años antes, porque se cargaba el consenso y establecía un desequilibrio insostenible entre los distintos territorios. Un capricho de Ricardo Melchior salía así adelante gracias a la irresponsabilidad de José Manuel Soria y Adán Martín, que contaron con la complicidad de los socialistas canarios.

Un capricho, unas irresponsabilidades y unas complicidades que, desgraciadamente, no saldrá de sus bolsillos, sino que pagaremos todos los canarios. Porque no sólo se trata de los millones de euros anuales que el Gobierno de Canarias destina a la infraestructura del tranvía, sino que después, cuando entre en funcionamiento, todos los canarios pagaremos el déficit económico que con total seguridad tendrá el tranvía. Se trata, sin duda, de una muestra clara de cómo no se debe gobernar Canarias.

Y, también, de una significativa evidencia de la actitud falaz de quienes hacen fe pública de grancanarismo simbólico y, cuando hay que defender a su isla y a Canarias en las políticas efectivas que inciden sobre la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, se pliegan por completo al insularismo radical, hegemónico e insolidario de ATI, con quienes pactaron ayer y sueñan con pactar mañana.

A ese desaguisado de enormes consecuencias se suma la pretensión nada disimulada de traspasar TITSA, empresa de guaguas interurbanas dependiente del Gobierno canario, al Cabildo de Tenerife, en condiciones más que ventajosas y en detrimento de los intereses y necesidades del conjunto de Canarias.

Mientras esto ocurre, mientras el tranvía de Tenerife se llevará inicialmente al menos 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas) procedentes de los presupuestos de Canarias y del Estado, lo que imposibilitará llevar a cabo la imprescindible inversión destinada a la mejora del transporte público en el resto de las islas, duermen el sueño de los justos propuestas como la rebaja de la tarifa de los taxis que, siendo un medio de transporte público, es inalcanzable para muchos canarios, o el billete aéreo único. Ésta última es una propuesta que, con menos dinero, haría que los canarios pudieran trasladarse a otra isla a un mismo precio, el del trayecto actualmente más barato, contribuyendo a la igualdad efectiva de todos los ciudadanos y las ciudadanas del Archipiélago, independientemente del territorio en que residan o trabajen.

Pero ese camino no es el elegido por el actual gobierno de ATI-CC, con la actitud cómplice de los partidos que han compartido gobierno o los han sostenido en el Parlamento, sino el de la profundización en los desequilibrios y la división entre los canarios. Una actuación insostenible que afecta a los más diversos ámbitos y que hace imprescindible el cambio de ciclo político en Canarias.