LUIS PEÑA SOTO

Esta mañana a las 9 me despedí de mi mujer y me dirigí a la playa de las canteras, donde suelo pasar las primeras horas del día practicando algo de natación por prescripción facultativa. Aunque no soy canario, mi mujer sí lo es, y la vida en esta ciudad tiene entre sus muchas recompensas la de poder disfrutar de una playa de nivel mundial como las Canteras. Era un poco tarde y en vez de la guagua decidí coger un taxi (vivo cerca de la zona del Obelisco).

Paré un Mercedes de aspecto destartalado. Al entrar en el vehículo y sentarme en el asiento trasero noté una intensa peste a sudor, y comprobé que no tenía cinturones de seguridad traseros ni reposacabezas. Le hice saber al taxista la circunstancia y se encogió de hombros. Como todos deberíamos saber, desde hace tiempo es obligatorio que los taxis tengan sus cinturones de seguridad adecuadamente colocados en el sillón trasero. Aparte del problema obvio de la seguridad, la multa es gorda. Le dije al taxista que se parara –había recorrido apenas un par de metros- y me bajé del coche buscando otro taxi. El taxista me gruñó de nuevo y me limité a recordarle que si cumpliese sus obligaciones como servicio público no perdería clientes. Cerré la puerta, y me alejé buscando otro taxi.

Cuál no fue mi sorpresa al ver que el taxista se bajaba del vehículo dejándolo en mitad de la calzada, impidiendo el tráfico y corría hacia mí con intención de agredirme, soltando unos insultos irreproducibles. Intenté que el hombre se serenara, pero estaba fuera de sí. Me acusaba de “cerrar fuerte” la puerta de su taxi entre insultos. Todo el mundo en la calle se nos quedó mirando. El tráfico se paró. El hombre estaba fuera de sí. Gritaba que “eso de los cinturones” se lo pasaban en la ITV por los “cojones” y otras lindezas.

Otro taxi que se aproximaba creo que me salvó la vida. Entré en él y le indiqué al conductor mi destino. El taxista agresor se acercó a la puerta del nuevo taxi gritando (esta vez lo reproduciré por lo terrible): Déjame entrar a matar a ese maricón.

Cuando mi nuevo taxi, este moderno y en perfecto estado, emprendió camino le pregunté al conductor si conocía a aquel taxista. Me dijo que sí, y que su coche tenía más de 30 años de uso. Le mostré mi asombro de que los taxis con esos años pasen tranquilamente la ITV sin control alguno. Le comenté al taxista que tenía intención de denunciar al agresor, ya que había memorizado su licencia municipal, pero me comentó que el hombre estaba a punto de jubilarse. Así que por pura empatía he decidido no causar más problemas a un profesional del taxi que parece que los tiene, y gordos.

Me temo que con honrosas excepciones (como la del segundo y amable taxista que me salvó el pellejo) el servicio de taxis en Las Palmas es así: vehículos viejos, sucios, peligrosos, inadecuados y en ocasiones conducidos por personas que no pasarían el más elemental control psicológico (lo digo con conocimiento: soy psicólogo clínico), todo ello por un coste idéntico al del servicio de taxis de cualquier ciudad de Europa. Ahora vienen las consabidas preguntas: ¿Quién controla a esa gente? ¿Quién protege a los consumidores de vehículos potencialmente peligrosos conducidos por personas aún más peligrosas? Si yo denunciara a ese señor no le pasaría nada –no hubo daño físico- y los jueces son bastante benevolentes en esos casos; tras un par de años de espera la cosa no pasaría de una amonestación al individuo, que seguiría con su licencia municipal y su coche con 30 años de ITV en ITV-.

Como siempre, preguntas sin respuesta para una tierra que ya tiene demasiadas.