PATRICIO VIÑAYO

Paco Valido ejerce de funambulista intentando guardar el equilibrio, por mucho que se mueva el alambre. La renuncia de AFV-Ciuca a formar parte del gobierno no le plantea la duda razonable de dimitir. Tampoco se lo pide nadie. En estos momentos, el bastón de mando quema. La oposición prefiere obtener rédito electoral del acelerado desgaste que irá sufriendo hasta las próximas elecciones. No tienen más que pagar con la misma moneda a quienes les desalojaron del poder: horas interminables de críticas en la radio y augurios de nuevas detenciones.

La postura de Toñi Torres y Laly Sánchez es difícil de entender. Las investigaciones policiales y los testimonios del entorno de Toñi Torres cercan la presunción de inocencia. Pero es, indudablemente, imputada, no condenada. El caso de Laly Sánchez no ha tenido tiempo de evolucionar, pero su reciente detención abre un sinfín de sospechas. Nadie debería culparla de antemano por los delitos que se le imputan. En justa correspondencia, no debería ella, ni Torres, condenar a sus votantes a aceptar cualquier cosa. Si se repitieran mañana las elecciones, ¿cuántos votantes conservarían? ¿Suficientes para ganar un acta de concejal?.

La ley hace a los concejales dueños individuales de cada acta, una concesión de discutible higiene democrática. Deberían ser los interesados en ofrecer una imagen pulcra de sus actuaciones públicas quienes decidieran afrontar los procesos judiciales como un ciudadano de a pie. El valor y el sentido de cada voto debe preservarlo, antes que nadie, quien lo recibe. Nada justifica que se acabe secuestrando. Ni siquiera la doble moral de AFV-Ciuca de apoyar al gobierno desde fuera. Lo mejor que podría ocurrirle al ex socio de gobierno es que Sánchez desobedeciera. Su expulsión ha sido la burda coartada de una decisión tan irresponsable desde el punto de vista institucional, como ventajista desde el prisma electoral.