FRANCISCO CANDIL
Presidente de la ejecutiva local en Las Palmas de Gran Canaria y Vicepresidente de la Federación Compromiso por Gran Canaria-Nueva Canarias

La democracia se caracteriza -entre otras cosas- por el reconocimiento de la decisión de la mayoría, por tanto es asunto de un colectivo. La política también es cosa de grupos, de partidos, de asociaciones de vecinos, de movimientos asociativos. No se hace política cuando se toman decisiones en solitario, de forma unilateral, sin contar con el consenso, sin la opinión de los demás. Esto es lo que ocurrió en el pleno del pasado 27 de enero en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria después de que la alcaldesa, Josefa Luzardo, solicitara a Nardy Barrios que dejara su propuesta acerca de la Ley de Capitalidad «sobre la mesa», dado que ella (la alcaldesa) ya la está negociando con Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, con Adán Martín, presidente del gobierno de Canarias y con ATI.

Las Palmas de Gran Canaria acoge a un 19% de la población total de las Islas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife sólo habita el 11%. Esto representa para la capital grancanaria unos sobrecostes que repercuten en el buen funcionamiento y la calidad de las prestaciones que se ofrece a los ciudadanos. La Ley de Capitalidad viene a cubrir dos objetivos fundamentales, por un lado darle a la ciudad una compensación económica por los servicios que presta; y por otro, devolver el equilibrio a las inversiones que se tienen que dar entre las dos capitales, recibiendo más quien más población registra y quién más necesidades tiene.

Respecto al primer objetivo he de decir que la Ley de Capitalidad debía de estar aprobada hace nueve años, por cada uno de los cuales la ciudad ha perdido 60 millones de euros. Esto demuestra la incapacidad de la alcaldesa para elaborar esta ley que enriquecería considerablemente el presupuesto municipal y que, por tanto, permitiría aumentar las inversiones en transporte público, servicios sociales, infraestructuras, sanidad, seguridad ciudadana y otras áreas, mejorando infinitamente la calidad de vida de todos los habitantes de esta ciudad.

El segundo objetivo trata de romper el conocido pleito insular, que se reaviva cada día que el Ejecutivo de Adán Martín gobierna en esta tierra, reequilibrando las inversiones entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En este sentido es necesario atender al criterio poblacional para establecer la igualdad entre las dos capitales. No hay nada más injusto que tratar por igual lo que es desigual; Las Palmas de Gran Canaria tiene 157.061 habitantes más que la capital tinerfeña, en consecuencia, lo más honesto es que disponga de una partida económica mayor.

Josefa Luzardo ha querido buscar un protagonismo que no le corresponde. Su única intención es aparecer sola en la foto y quedar bien anunciando que ya ha empezado a negociar la Ley de Capitalidad. El problema no está en que lo haya hecho de espaldas a los representantes elegidos por los ciudadanos, sino en que sus socios son los culpables de que haya aumentado el desequilibrio entre las dos capitales, ya que ha sido el gobierno de Adán Martín el que ha trasladado a Santa Cruz de Tenerife SOCAEM y HECANSA; y el que demuestra a diario que está más sensibilizado con los problemas de Tenerife que con los de las seis islas restantes.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un paso más en el camino que conduce a la pérdida de confianza de los ciudadanos, despreciando el respaldo del pleno municipal, de los representantes elegidos democráticamente, para impulsar esta iniciativa y terminar de perfilarla -con los acuerdos necesarios- en el Parlamento de Canarias.

Su negociación con los representantes de ATI genera mucha incertidumbre, ya que su actitud es sumisa y peca de oscurantismo. Hasta ahora se desconoce si existe un texto alternativo, qué línea siguen los acuerdos, o qué es lo que se está tratando. Y mucho nos tememos que lo que hay detrás de este pacto es una maniobra más de ATI para impedir que Las Palmas de Gran Canaria tenga el nivel de protagonismo que le corresponde en Canarias.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, mirando más por su propio beneficio que por el de toda la ciudad, va a abortar la iniciativa más esperanzadora, la de devolver a la capital su esplendor, invirtiendo en transporte público, patrimonio, seguridad ciudadana, servicios, sanidad. Por estas razones me atrevo a decir que con Josefa Luzardo al frente de esta ciudad, pierde Las Palmas de Gran Canaria.