La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia ante el juzgado contra el alcalde de la Villa de Santa Brígida, Carmelo Vega, por un presunto delito de prevaricación urbanística. El juzgado de instrucción correspondiente ha abierto diligencias previas y ha comenzado una investigación en la que tendrá que declarar, en calidad de imputado, el citado alcalde de la localidad norteña.
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Los hechos objeto de investigación se remontan al 13 de diciembre de 2000, cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Brígida otorgó una licencia urbanística de obra a una empresa para las construcción de un edificio de catorce viviendas , locales y garaje en la esquina entre las calles Concejal Antonio González Jiménez y Dr. Juan González Rosales, en base a unos parámetros de altura y tipología edificatoria que fueron anulados en una sentencia anterior de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.

Según el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Santa Brígida era conocedor de la sentencia citada y, sin embargo, la Comisión de Gobierno aprobó la edificación "previo informe favorable del arquitecto municipal", María Gracia Santamaría del Santo, que también será llamada a declarar en calidad de imputada. Posteriormente a la decisión del ayuntamiento satauteño, un particular remitió dos escritos a la corporación para pedir la anulación o revocación de la licencia concedida, sin que al parecer ni Carmelo Vega ni su Gobierno municipal actuara. El juzgado de instrucción ya investiga los hechos.